El órgano persecutor investigará el presunto delito de tráfico de influencias, luego que dos diputados acusaran la participación de Andrea Gutiérrez en la firma de dos convenios, que beneficiaron a una organización cuya representante legal es pareja de su exjefe de gabinete. En el Puerto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que "tenemos de hace mucho rato claro que el problema es grave”.
Los resultados del sondeo de opinión semanal arrojan que este escenario representa la primera baja significativa en el respaldo del Mandatario desde marzo de este año, sin considerar el efecto de la cuenta pública.
Según el último sondeo, la tienda fundada por José Antonio Kast es con la que los encuestados se siente más afín, alcanzando un 10%. Al respecto, la vocera de gobierno indicó que "en el caso chileno, tenemos mucha identificación de la ultraderecha con el pinochetismo y la justificación del golpe de Estado”.
El presidente de Convergencia Social planteó que la ONG debe responder ante la justicia y cumplir la resolución para devolver los fondos públicos: "Nosotros esperamos que pongan a disposición toda la voluntad de reparar el daño causado al Fisco".
El timonel Javier Macaya apuntó al lío de platas del Minvu y dijo que el ministro de Desarrollo Social es el símbolo del partido político que está en el corazón de la defraudación al Estado.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que las indagatorias a cargo del ente persecutor podrían tener resultados en un plazo superior a un año. "Hay algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo, que se traten de fundaciones que fueron constituidas hace muy poco tiempo", sostuvo Valencia.
La legisladora afirmó que existiría la comisión de delito ante el traspaso de fondos públicos a dos fundaciones, por lo que entregó los antecedentes al Ministerio Público. En tanto, respecto al escándalo que involucra a RD, aseguró que se les está tratando como "una mafia" y descartó que exista un grupo concertado para la comisión de irregularidades con fondos públicos.
Ante la arremetida de la derecha para apuntar los dardos al titular de Desarrollo Social, fue el propio ministro quien salió a descartar un eventual paso al costado para descomprimir la crisis en la que se ha visto envuelta La Moneda por el caso convenios, que impacta a su partido, Revolución Democrática. Así, en Palacio han cerrado filas con el fundador de esa tienda.
En una reunión previa al comité político, y la primera en la que se encuentran los timoneles oficialistas tras la confesión del líder RD, Juan Ignacio Latorre, respecto a que supo del caso Democracia Viva 10 días antes de que estallara, se resolvió -en todo caso- hacer esfuerzos conjuntos para restituir las confianzas internas.
Mediante un comunicado, desde la tienda indicaron "ninguna institución, pública o privada, es inmune a enfrentar estas situaciones, y la probidad se juega en la manera en cómo las enfrentamos". Esto, tras las críticas surgidas contra la tienda por el caso que se destapó con la fundación Democracia Viva.
La presidenta del Partido Socialista calificó el caso como una "crisis de bastante envergadura" y respaldo al titular de Vivienda, recalcando que está trabajando para salir del problema en medio de las peticiones de renuncia.
El sondeo arrojó que un 91% cree que lo ocurrido con la fundación Democracia Viva es un caso de corrupción y un 86% piensa que es una práctica generalizada. Pese a que un 66% desaprueba la forma en que el gobierno está gestionando el tema, la aprobación del Presidente Boric se mantiene sin cambios significativos.
El cientista político sostiene que "pareciera que nadie se hace la pregunta de cuál es el interés del gobierno". Agrega que mientras el PC está en "una lucha fratricida" por los 50 años con el PS, el Frente Amplio está dividido "a muerte" por el lío de platas de los convenios. "Aquí están operando intereses particulares todos los días", concluye.
El partido vinculado a la fundación Democracia Viva como querellante tiene acceso a la carpeta de investigación del Ministerio Público. Por ello es que la bancada solicitó que todas las diligencias del ente persecutor sean secretas para la tienda del Frente Amplio.
A inicios de junio pasado, el texto de la diputada Yovana Ahumada cuestionó la entrega de fondos a una institución ajena a la Región de Antofagasta. Ese oficio, que aún no tiene una respuesta oficial del Ejecutivo, fue marcado por Boric como la primera alerta de la gravedad del caso.
