El organismo participó de una comisión que recomendó medidas, las cuales luego fueron impulsadas por La Moneda. Sin embargo, de acuerdo al análisis que hicieron, hay escaso progreso respecto de medidas emblemáticas o agendas relativas a sanciones y controles.
Los nuevos antecedentes dados a conocer por el exseremi Carlos Contreras despertaron nuevamente críticas hacia el jefe de asesores de La Moneda, a quien desde el propio oficialismo le piden su salida. En el gobierno improvisaron un comité de crisis para recabar antecedentes y entregar una respuesta y optaron por un contenido respaldo al militante de RD.
Ayer se realizó la segunda audiencia por el caso donde la fiscalía acusa a la excandidata a alcaldesa de Concepción por varios delitos de corrupción. Misma indagatoria donde también están imputados Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Todos quedaron con arresto domiciliario total.
La diligencia adoptada por la Fiscalía de Tarapacá volvió a enardecer el ambiente político. La legisladora socialcristiana reiteró que presentarán el libelo a menos que el ministro renuncie.
La directora de Dipres, Javiera Martínez, destacó que el Presupuesto 2024 entrega herramientas para hacer frente a las debilidades que permitieron facilitar a la transferencia de recursos públicos a fundaciones que luego fueron cuestionadas tras conocerse los líos de platas.
Si bien desde el Partido Social Cristiano -los principales impulsores del libelo- aseguran que presentarán los argumentos esta semana, al interior de las demás bancadas de oposición ven conveniente esperar hasta que concluya el trabajo de la comisión investigadora del Caso Convenios para tomar acciones. Con o sin acusación sobre la mesa, desde distintos partidos han instado a Montes a dar un paso al costado por su cuenta.
El integrante de la comisión investigadora especial (CEI) por los líos de platas políticas apuntó a Tatiana Rojas y a Juan Ignacio Latorre -ambos militantes de RD- por su responsabilidad en el caso de Democracia Viva. Además, defendió a Catalina Pérez: "Creo que ella dice la verdad (...), a veces uno tiende a creer todo lo que la pareja le afirma".
En la bancada republicana dijeron que reactivarán el estudio de una posible acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, mientras que el analista Cristián Valdivieso advirtió que el caso convenios podría terminar incidiendo en la campaña si la derecha logra transformar el referéndum en un plebiscito al gobierno.
La asistencia del jefe de asesores de la Presidencia a la Cámara de Diputados planteó un nuevo dilema para el gobierno. No sólo porque mantiene abierta la incógnita de cuándo el caso llegó al corazón del gobierno y, en específico, al Presidente Boric. A principios de junio, cuando Crispi aseguró enterarse por un “rumor”, el Ejecutivo ya manejaba mucha información al respecto.
Tras dos citaciones anteriores, en general, se espera que el jefe del Segundo Piso de La Moneda pueda responder a las inquietudes de los parlamentarios. La diputada de RD -el mismo partido de Crispi-, Ericka Ñanco, acusó que será un show "por parte de la oposición".
El diputado José Miguel Castro (RN) aseguró que "el gobierno cree que hay funcionarios de primera línea o amigos del presidente que no tienen por que rendirle cuentas a nadie”. Tras ausentarse dos veces, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, finalmente accedió a asistir a la comisión el próximo 6 de noviembre.
Por medio de la misiva, la Corporación respondió a la petición de Republicanos, UDI, RN y Evópoli, de emitir una opinión ante las inasistencias del actual jefe de los asesores del Segundo Piso de La Moneda a la comisión especial investigadora por el caso de líos de platas,
El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), aseguró que la decisión “es una provocación a este Congreso”, por lo que se enviarán los antecedentes a la Contraloría para eventuales sanciones. Soto (PPD) pidió evaluar su continuidad en el cargo.
El ministro de la Secretaría general de la Presidencia (Segpres) cuestionó la medida que adoptó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y enfatizó que "no es la forma que se establece en nuestra Constitución a través de la cual se deben realizar las consultas al gobierno".
