Juan Irarrázaval, del Partido Republicano; Diego Ibáñez y Catalina Pérez, del Frente Amplio, y Héctor Barría, de la Decé, registran pasivos con entidades educacionales en sus declaraciones de patrimonio e intereses.
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Columna de Catalina Pérez: Seguridad, ya no basta con legislar
La parlamentaria declaró el pasado 19 de abril e insistió en que nunca estuvo al tanto de irregularidades de platas.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
El abogado Gonzalo Medina, aseguró que la diputada no tuvo "ninguna intervención" en los convenios firmados entre la fundación y el Minvu. "Por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, aseveró.
Su expareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras fueron formalizados en diciembre del año pasado por la causa.
“No nos ha llegado una citación formal, entiendo que es una citación en calidad de imputada, que nos parece propio del desarrollo de la investigación", comentó.
El secretario de Estado entregará su testimonio en calidad de testigo, mientras que la congresista, como imputada. En medio de las diligencias que encabezarán los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, también se incluye tomar declaración a la tía de Miguel Crispi, Verónica Serrano, por su rol como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios.
Desde la cárcel de Antofagasta, donde ya cumple dos meses en prisión preventiva, el exseremi de Vivienda en Antofagasta y protagonista en el lío de platas, se refirió al caso y los distintos actores, en entrevista con La Tercera.
La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta abordó las distintas aristas del caso que lo tiene en prisión preventiva desde hace dos meses.
En la colectividad encabezada por Diego Vela insisten en que no hay antecedentes nuevos respecto de la exsubsecretaria, quien esta semana ha vuelto a posicionarse en el foco de las críticas a raíz de los cuestionados convenios entre el Minvu y la fundación Democracia Viva.
De acuerdo con antecedentes, la concejala de Antofagasta ejercía como mano derecha del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras y habría tenido directa relación en la selección de las fundaciones que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.
La parlamentaria estuvo presente durante las principales exposiciones sobre el libelo acusatorio contra el titular de Vivienda. Sin embargo, se ausentó en el momento en que los diputados debieron emitir su juicio.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
En un año marcado por la revelación de millonarios y poco controlados convenios entre algunas fundaciones y diversas instituciones del Estado, un estudio de Cadem da cuenta de que la polémica salpicó a buena parte de las organizaciones sin fines de lucro, las que, aun sin estar involucradas, vieron entorpecido su trabajo. Las mismas ONG así lo refrendan y detallan cómo les ha afectado esta situación.
