"La honorable diputada (...) Catalina Pérez conocía de todos los ilícitos descritos tanto en la querella y presente ampliación de querella, por lo cual, esta parte además evalúa solicitar el desafuero de dicha honorable diputada, para efectos de perseguirla penalmente”, se lee en el documento.
Cecilia Millán La Rivera declaró ante la PDI sobre los motivos de este contrato ficticio, como también su militancia en el Frente Amplio. Desde el 2016 que está inscrita en Revolución Democrática, pero explicó que en 2020 renunció para unirse a "Convergencia Social para apoyar a Gabriel Boric durante su inscripción de candidatura. Una vez electo, volví a militar en RD". Expuso ante los detectives que fue contactada por Daniel Andrade solo para recibir la correspondencia de la ONG y recordó una visita que le hizo el ingeniero en septiembre del 2022, en compañía de su entonces pareja, la diputada Catalina Pérez. "Lo hice de buena fe como ayudas social y política", dijo.
El Ministerio Público indaga a la parlamentaria en calidad de imputada en el lío de platas y, por lo mismo, rastrea sus cuentas corrientes, teléfonos celulares y contactos. En los interrogatorios a testigos hay dos asesores del diputado RD Jaime Sáez que aseguran que la parlamentaria se enteró en noviembre de 2022 de los convenios de Democracia Viva con el Minvu. La PDI también puso en su radar a su jefa de gabinete, Romina Neumann. Revolución Democrática ya le soltó la mano.
El tribunal supremo de Revolución Democrática la suspendió hasta el 4 de julio del 2024, en una secreta audiencia que contó con denunciantes, testigos y defensas. La propia diputada estuvo esa noche del 18 de junio, donde escuchó una sentencia demoledora: "No adoptó oportunamente las medidas y acciones que permitieran mitigar el impacto de esta situación como lo requeriría el estándar ético esperable en atención a su cargo, experiencia y trayectoria en el Partido”.
A través de WhatsApp, el entonces presidente de Democracia Viva le ofreció a la concejala de Antofagasta la iniciativa que desencadenaría en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la ONG. Además de eso, la también exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez compartió a Andrade una serie de contactos de militantes de Revolución Democrática para que trabajaran en los convenios. En los mensajes incluso se lee la celebración de Fuica por la posibilidad de acceder a trabajar en el Minvu. "Eh, eh, eh eh", festeja.
Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
Diputada explicó trazabilidad de los depósitos y dio su versión. "Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios", aseguró.
“Si ustedes quieren que yo sepa lo que la fiscalía supo en seis meses de investigación en una llamada de diez minutos me parece bastante improbable”, sostuvo, a propósito de la conversación en que Catalina Pérez le informó del caso una semana antes de que se conociera por la prensa.
En un reservado informe de la Unidad de Lavado de Activos enviado a la Fiscalía se analizaron los movimientos bancarios de la diputada (RD). Se concluye, además, que en cuanto al origen de fondos, "se advierte que ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada" para "aportes de campaña" y asesorías. Además de su expareja, entre agosto y septiembre, también recibió abonos por parte de la Seremi de Medioambiente de Antofagasta, Sercotec de la región y la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa.
La diputada -suspendida de su militancia en RD- insistió en que no ha "recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, la fundación de su expareja que dio origen al denominado caso líos de platas.
El parlamentario entregó su testimonio el 6 de diciembre ante el Ministerio Público, en calidad de testigo, donde no descartó que la parlamentaria pudo haber influido en el cierre de los convenios. Allí reveló las horas más críticas desde que estallaron los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, donde advirtió que con Miguel Crispi sólo habló luego del escándalo sobre que el caso "iba a impactar mucho al gobierno y a nuestro proyecto político".
La militante de RD tuvo que salir del Minvu por su responsabilidad política en el caso Democracia Viva. Al dejar el gobierno, fichó al abogado Jaime Winter para enfrentar la causa en su contra. Ya declaró como testigo, mantiene estricto silencio y todos los involucrados en el lío de platas dicen haberle informado a ella de los convenios que originaron el escándalo.
El senador rehuyó durante la semana responder a las últimas declaraciones de Catalina Pérez. “No me interesa polemizar”, dijo el legislador, quien ha sido uno de los más damnificados de la crisis por el lío de platas.
Ricardo Díaz había asegurado que, en su opinión, había un "intento" de la legisladora y su entorno "de ir juntando recursos para futuras elecciones".
