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En una acción judicial inédita en la historia -nunca un exconsejero había iniciado un juicio contra el Fisco-, la exministra pide ser compensada con $ 380 millones, ya que acusa haber sido forzada a dejar el codiciado puesto en el organismo de defensa estatal. Apunta sus dardos a la expresidenta de la institución María Eugenia Manaud, a quien acusa de tener una animosidad contra ella y desplegar una "conducta abusiva" que determinó su salida que -finalmente- no fue tan "voluntaria". Aquí la historia de esta pugna sin precedentes.

Desde la entidad, además, anunciaron que analizarán los antecedentes disponibles para determinar otras posibles acciones a ejercer en el marco de sus atribuciones y competencias legales.

La abogada de la senadora le contestó al organismo encabezado por Juan Peribonio, manifestando su preocupación por la supuesta justificación que se hace del actuar de Carabineros durante el estallido social, pese a que diversos organismos reconocieron que hubo un uso excesivo de la fuerza. Asimismo, insisten en que cualquier monto que el Estado entregue a la ahora senadora y su familia será insuficiente para reparar el mal causado.

La abogada que representó a la exministra en la causa donde el Ministerio Público sigue indagando la desviación de gastos reservados en Carabineros, se refirió al sobreseimiento definitivo de su representada, el cual quedó firme tras la desestimación, por parte de la Corte Suprema, de los recursos de queja presentados por la fiscalía y el CDE. Ahora, evalúan qué acciones seguirán en búsqueda de reparación.

La abogada desembarca el próximo lunes en las atribuladas aguas de una repartición que ha estado en el centro de polémicas, siendo la más reciente la exclusión del gobierno como querellante del emblemático caso de corrupción policial denominado "Huracán" y que provocó críticas en el propio Presidente. Con casi 30 años de experiencia en la arena judicial, forjada en el organismo que defiende los intereses del Fisco, tendrá como desafío dar un nuevo aire al equipo encargado de representar al Ejecutivo en tribunales. Sus cercanos comentan que es la profesional ideal para un cargo de este tipo por su alto conocimiento jurídico, sus capacidades de gestión y porque es meramente "técnica" y no política.

Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrieron de queja en contra de la resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en que sostuvieron que los hechos por los que se indagaba a la exministra, en la causa por desvío de gastos reservados de Carabineros, estaban prescritos. Como advierten en sus respectivos recursos los jueces del tribunal de alzada habrían "excedido" ampliamente sus atribuciones al dar por finalizada la persecución penal en contra de la abogada.

A cuatro años del cierre de la arista penal originada luego de que salieran a la luz las cuentas que el fallecido dictador mantenía ocultas en Estados Unidos, el Consejo de Defensa del Estado continúa con amplias diligencias para recuperar en favor del Fisco más de 16 millones de dólares. Corresponden, como se argumenta, al patrimonio obtenido fraudulentamente por el otrora comandante en jefe del Ejército y que heredó a sus 16 sucesores.

El organismo que representa los intereses del Fisco presentó un recurso de casación y apeló a lo resuelto en primera instancia por el 7° Juzgado Civil de Santiago que en una resolución, del pasado 1 de junio, había accedido parcialmente a lo demandado por el líder de la CAM por haber sufrido detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas durante el régimen militar. Asegura que el comunero ya recibe beneficios y que no deben duplicarse estas compensaciones económicas.

CDE señaló que el querellado cometió los ilícitos que se le imputan como funcionario público y con abuso de dicha función.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentó ante el máximo tribunal que era necesario renovar la permanencia de la jueza que indaga el caso, donde han sido procesados dos excomandantes en jefe y más de un 15 altos oficiales. El organismo argumentó que se trata de una investigación altamente compleja, que cuenta con más de 40 aristas y una serie de diligencias que debieron ser suspendidas, a raíz de las restricciones sanitarias por el Covid-19.

El máximo tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y acogió el recurso de protección interpuesto por una funcionaria del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien alegó la vulneración de su derecho de propiedad por la rebaja en dos grados de la Escala Única de Sueldos (EUS) de su remuneración.

La abogada proveniente de la Pontificia Universidad Católica pasó a completar el grupo de 12 abogados consejeros, entre los que se incluye el presidente de la República.

La entidad presidida por el abogado Juan Antonio Peribonio, tramita en total 11 querellas y tres ampliaciones de investigación ante la justicia ordinaria por las irregularidades que afectan a la institución castrense. Asimismo, se ha hecho parte en 43 causas ante la jueza Romy Rutherford, por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar y falsificación de documentos públicos.

El Consejo de Defensa del Estado presentó sus descargos frente a la millonaria demanda de Clínica Las Condes por atención de pacientes Covid. En su presentación, acusó al recinto médico de pretender mostrarse como una víctima de una supuesta “requisición de servicios, institución con registros históricos inmediatos solo en la Unidad Popular o en la Dictadura”. Además, pidió que la clínica exhiba sus libros contables.

El jefe del Ministerio Público de Magallanes Eugenio Campos, ingresó un escrito en el que solicita al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago anticipar la fecha en que se imputarán cargos a Héctor Espinosa, su esposa y un exayudante. Si bien este trámite ya tiene día programado -el 13 de octubre-, el investigador puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevarían al Ministerio Público a pedir la prisión preventiva.