La querella por estafa que presentó Codelco por el sobreprecio en las primas de los seguros de vida cumple un año en el Poder Judicial, sin mucho movimiento: diligencias aún en curso, la entrada del CDE y la disputa entre el organismo y la minera estatal por el patrocinio de la causa. Codelco rechaza la petición y el CDE quiere insistir -si los hechos lo ameritan- e ir tras los funcionarios de la minera.
El convenio entre el CDE y Codelco incluye medidas comprometidas por la estatal por un costo de más de US$56 millones.
El fisco afirma que los intereses que debe pagar rigen desde 2014, cuando se cursó la multa original, y no desde 2019, como sostuvo su abogado, Jorge Bofill. La disputa será por miles de millones de pesos.
De ser autorizado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, la estatal podrá iniciar el desarrollo del proyecto estructural Rajo Inca, que busca extender la vida útil de la faena en cerca de 50 años.
El exministro de Defensa de Sebastián Piñera se reunió ayer con el presidente del organismo, Juan Antonio Peribonio, ocasión en que fue informado de sus funciones dentro de la entidad. Esta tarde, además, participó en la primera reunión con sus pares. Su llegada se da en medio de las críticas de funcionarios del CDE, quienes en una carta cuestionaron su nombramiento ya que -según dicen- "se orientan hacia una retribución de la lealtad política".
En carta abierta al mandatario señalan que ven "con preocupación la politización de nuestra institución, el desconocimiento del mérito de los profesionales que la conforman y el desdoro del Servicio en el ejercicio de sus funciones y de cara a la ciudadanía”.
Entidad informó que se trata de los ataques a la dos iglesias, al Discóbolo del Estadio Nacional y a una comisaría en Puente Alto.
La acción civil se añade a las querellas criminales presentadas por el mismo Consejo de Defensa del Estado en contra del empresario a fines de 2018 y principios de 2019, que buscan establecer su responsabilidad en delitos de receptación, afectación y daños a objetos declarados monumentos nacionales.
Organismo tomaría esta semana la decisión, según trascendió entre fuentes conocedoras del caso.
La Tercera accedió al texto de la querella que el organismo presentó contra el parlamentario y contra quienes resulten responsables, y que contiene una serie de detalles de lo que ha sido la indagatoria que ha llevado adelante el Ministerio Público.
Este jueves la instancia se reúne para afinar una propuesta de querella que trabaja el procurador fiscal de San Miguel, Marcelo Chandía. Tras esto se espera que la causa pase al consejo pleno del organismo, que decidirá finalmente la querella. En abril de este año el presidente, Juan Peribonio, se reunió con el parlamentario para hablar de una causa por presunta corrupción en Pirque.
El organismo que representa los intereses estatales dio un portazo a la opción de hacerse parte en las investigaciones que se abrieron en la Fiscalía tras las querellas presentadas por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el senador de oposición, Alejandro Navarro.
El 5 de junio se denunció en el ente fiscalizador supuestos actos fuera de norma en la adjudicación del contrato de 18 mil canastas en Arica, avaluadas en $ 900 millones. Una semana después Contraloría declaró ilegal ese contrato, vía trato directo, entre la Intendencia y la empresa Tobar y Tobar Ltda. y anunció un sumario. Ayer, el Ministerio Público inició una investigación penal.
La acción legal apunta a ejecutivos de las empresas Itelecom Holding Chile SpA y ELEC, funcionarios y concejales de ese municipio nortino por soborno reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco, entre otros delitos.
A partir de la próxima semana se presentarán 15 querellas por ataques a comisarías y otras cuatro por daños a cuarteles. El organismo, además, monitorea otras 13 causas en las que se ha hecho parte por presuntas violaciones a los DD.HH.
