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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nómina con 17 nombres para que sean citados a declarar en el marco de la demanda por más de $37.000 millones que presentó Clínica Las Condes en contra del Estado por supuestos perjuicios sufridos por las atenciones Covid durante la pandemia. En el listado del CDE figuran el exministro de Salud, Enrique Paris, y los dos exmáximos ejecutivos de la empresa, Jerónimo García y Fredy Jacial. Por su parte, CLC entregó dos informes que estiman los daños sufridos durante la emergencia sanitaria.

Al terminar la junta anual de accionistas, el presidente de CLC, Alejandro Gil increpó duramente al abogado Cristián González, quien acudió a la reunión en representación de 17 médicos accionistas, de la compañía. Según el relato de este último, el directivo negó que la clínica adeudara dinero a los facultativos, sino que al revés, ellos deberían $16.000 millones.

La Corte de Apelaciones de Santiago falló contra la Clínica Las Condes en una demanda por despido injustificado de 36 trabajadores, realizado mientras se encontraban en aislamiento social y con teletrabajo por pertenecer a la población de riesgo de contagio de Covid-19. La sentencia le impide a CLC hacer negocios con el Estado y, por lo mismo, a finales de marzo interpuso un requerimiento de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional.

Las divergencias en el directorio siguen centradas en el monto reclamado a Fonasa. Las cuentas por cobrar llegaron en septiembre a otro peak: $ 168 mil millones. La clínica, que reportó ganancias por $ 21 mil millones a septiembre, informó que ha debido girar $ 18 mil millones en líneas de capital de trabajo.

El grupo controlador aseguró cinco posiciones, más un independiente al que apoyan. Alejandro Gil se reeligió e incorporó a su grupo al abogado Emilio de Ioannes, asesor de Auguri. El segundo accionista de CLC, Segundo Gómez, reelegió a su actual director Christian Traeger, y sumó al jurista Juan Enrique Coeymans. Los doctores, en tanto, pusieron en la mesa de nueve integrantes a Marco Arancibia, quien obtuvo un 12,8% de los sufragios, la más alta votación de la elección.

Operaciones por más de $ 1.200 millones con la compañía de construcciones modulares Spacewise tienen al presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, bajo el radar de la CMF. Accionistas minoritarios de CLC presentaron una denuncia y se activaron las primeras diligencias. Spacewise -ligada a un primo de Gil- hoy está a cargo de la ampliación del centro médico de Chicureo y de Lo Fontecilla, lo que ha sido cuestionado por los directores independientes de la compañía.

El médico Herbert Spencer entró al directorio de CLC en julio. “Ha sido una experiencia ingrata e insatisfactoria”, dice sobre este breve período. El controlador de CLC pidió revocar la mesa y reelegir a sus nueve integrantes en una junta que se hará el 19 de octubre. “Voy a repostular”, dice el profesional de 75 años, quien tiene una buena opinión de la gestión del presidente de CLC, Alejandro Gil, pero no de su estilo. “Le cuesta aceptar una opinión diferente y la crítica le viene muy mal”, afirma.

Alejandro Gil, presidente de CLC, estuvo en Estados Unidos junto al gerente general y un abogado externo de la firma, negociando un trato que está en un estado preliminar, dicen personas que conocen las gestiones. Según algunos, la idea sería replicar un acuerdo como el que CLC tuvo antes con el hospital norteamericano Johns Hopkins. Pero no estaría descartado nada: incluso una inversión en la propiedad.

Las sociedades de Cecilia Karlezi, dueña del 50,05% de la empresa, pidieron una junta extraordinaria para renovar la mesa de nueve integrantes, la que se hará el 19 de octubre. Algunos directores creen que pretende cambiar a directores que han objetado a la actual administración.

A fines de julio, hematólogo Hernán López renunció tras, según denunció, enterarse de que a sus pacientes se le estaban aplicando medicamentos genéricos en tratamientos de quimioterapia contra el cáncer.

Tribunal ordenó pagar millonarias indemnizaciones a un grupo de 36 extrabajadores del recinto médico privado. Se trata de personas que estaban acogidas a un convenio de resguardo en sus domicilios durante la emergencia sanitaria debido a que pertenecen a los grupos de mayor riesgo, como embarazadas, tercera edad, con enfermedades de base, y que cumplían labores administrativas.

Por medio de excepciones dilatorias, el órgano a cargo de defender los intereses del Fisco lanzó una serie de cuestionamientos a la demanda de CLC, que exige ser indemnizada en $37 mil millones por los supuestos perjuicios que le habrían ocasionado las órdenes impartidas por el Estado de Chile durante la pandemia. Se trata de una primera respuesta que no aborda el fondo de la disputa.

El pasado 22 de julio, el recinto médico de salud privado contestó a la demanda laboral que presentó uno de sus seis sindicatos que solicita mayor seguridad en el transporte de pacientes. En su contestación CLC sostuvo destacó que la mantención mecánica a sus ambulancias la realiza periódicamente Kaufmann. Esto luego que uno de sus vehículos de emergencia perdiera una rueda en medio de un procedimiento camino a Chicureo. Mientras, una enfermera presentó una denuncia por acoso laboral y sexual en contra de la compañía. La joven se encuentra con licencia médica por estrés post traumático.

El indicador se incrementó inusualmente por un gran factor: la disputa con Fonasa por las atenciones prestadas, y aún no pagadas, a pacientes Covid por la pandemia.

La clínica ganó $ 14.831 millones a junio, pero sus cifras se vieron beneficiadas por cuentas por cobrar a Fonasa que están judicializadas. Deloitte hizo una prevención y dos directores rechazaron los balances. La autoridad regulatoria ya analiza el caso.