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La Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile presentó una medida prejudicial en contra de CLC, porque la compañía no habría entregado una serie de dividendos no cobrados, como lo establece la Ley de Sociedades Anónimas. Se trata de un conflicto más para la sociedad, que no solo se enfrenta a sus exejecutivos en tribunales, sino que también ha presentado acciones legales en contra de medios de comunicación y anunció una arremetida en contra del Estado por las atenciones médicas no pagadas durante la pandemia.

Querellas contra exgerentes, amenazas al Estado, acusaciones de hostigamiento y una seguidilla de renuncias y desvinculaciones. Un año y medio lleva Alejandro Gil al mando de la Clínica Las Condes. Y si bien sus números han mejorado, hoy el establecimiento destaca por sus conflictos. La compañía hoy no tiene director médico y el gerente general es el cuarto en 18 meses. El ambiente es tenso; mientras sus competidores se desmarcan de una de las mayores clínicas del país, las autoridades los llaman a terreno.

Esto se explicó, principalmente, por un alza en actividades como hospitalario y ambulatorio.

La semana pasada la agrupación presentó una acción judicial en contra del recinto médico ante el 1º Juzgado Laboral de Santiago. En el libelo exigen el pago de $492 millones por el feriado convencional denominado “bono de invierno” y de los días de descanso adicional que son compensados por desarrollar funciones dentro de una jornada excepcional. El sindicato reúne a 1.340 funcionarios, como técnicos superiores de enfermería, técnicos de laboratorio, auxiliares de enfermería, administrativos y auxiliares de aseo.

Desde la administración estiman que no hay independencia en la candidatura del abogado y esperan que así pueda manifestarlo la CMF.

Su estado de salud es una incógnita, pero en su entorno descartan que haya contraído el coronavirus. Acciones del holding y de su brazo de centros comerciales, Cencoshopp, abrieron al alza.

Esto ocurre, luego de que el 14 de enero CLC anunciara acciones legales contra el Fisco por el incumplimiento de Fonasa en el pago de las prestaciones asociadas a los pacientes Covid-19.

En un nuevo hecho esencial, CLC confirma que demandará al Fisco, y que el monto estaría por definirse una vez terminado el estudio de impacto económico que está elaborando ese centro de salud.

Pese al tormentoso año, Cecilia Karlezi puede sacar cuentas positivas: logró apagar el incendio con los médicos, pareciera haber encontrado al gerente general definitivo de la clínica, e hizo -no sin complicaciones- los ajustes que creía necesarios para que CLC pueda ser, en un futuro no muy lejano, un referente continental de la salud.

El acuerdo establece que los nuevos contratos de arriendo y aportes médicos entrarán en vigencia el 1 de enero de 2021, junto con el inmediato desistimiento del recurso y demandas presentadas.

A septiembre totalizó 3.257 trabajadores, mientras que en junio sumaba 3.685, reportó la compañía.

Finalizada esta etapa lo que resta es que la justicia zanje el conflicto.

La pelea es económica, pero excedió los números y dañó la convivencia. CLC quiere elevar los pagos que recibe de sus médicos, porque su aporte es el más bajo de la industria. Los médicos asumen que deben ceder algo de sus honorarios, pero quieren participar en el diseño del modelo. En la discusión ha salido a flote la comparación con la Clínica Alemana y hasta la Clínica Mayo.

Los abogados de la clínica insisten en que esta denuncia "se trata de un nuevo intento de los médicos de abusar de las resoluciones judiciales dictadas, con el único fin de mantener su velada intención de “cogobernar” de facto e ilegalmente la Clínica”.

Según CLC, estos profesionales adeudarían más de $184 millones en arrendamientos. Desde el Cuerpo Médico, en tanto, insistieron en que el bloqueo del uso de las instalaciones terminará por perjudica a los pacientes.