El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió rechazar el requerimiento por supuesta colusión entre empresas de helicópteros proveedoras de Conaf de extinción de incendios, interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
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“Por la enorme importancia de datos sobre dueños de empresas, Luigi Zingales concluyó que en el futuro, Chile se verá obligado, tarde o temprano, a ir transparentando los beneficiarios finales de cualquier empresa que opere en el país. Cuanto antes se tome esta decisión, mejor será para la economía de Chile. ¿Qué dicen los gremios empresariales al respecto?”.
El fundador y exdueño de Farmacias Cruz Verde, Guillermo Harding, emprendió una cruzada judicial para revocar la sentencia arbitral que lo obliga a pagar poco más de $900 millones a Femsa. Se trata de dineros que la mexicana destinó para el pago de indemnizaciones a consumidores, luego de haber alcanzado un acuerdo con el Sernac. Este es sólo uno de los cinco juicios arbitrales que mantienen vigentes las partes en la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia realizó la primera audiencia de conciliación por demandas colectivas de Sernac y agrupaciones de consumidores, por la fijación de precios en la venta de pollo entre 2008 y 2011. Walmart y SMU indicaron que “existe ánimo de explorar una conciliación”.
La Fiscalía Nacional Económica, a través de un requerimiento de Ley de Acceso a la Información Pública, informó que el nuevo jefe del servicio se ha inhabilitado en 12 investigaciones, entre ellas, varias que involucran a medios de pago. El número de causas en las que Grunberg se abstendrá es menor al de su antecesor en cargo, Ricardo Riesco.
En su respuesta, el persecutor jefe subrogante de la Fiscalía Nacional Económica explicó a la magistrada que las investigaciones por colusión son, por regla general, tratadas bajo estricta reserva. “Revelar la existencia de investigaciones en curso o su contenido puede afectar severamente el cumplimiento de la labor de la FNE, así como la eventual investigación y persecución del delito de colusión, pues la ley contempla la posibilidad de que se utilicen herramientas de investigación que serían completamente ineficaces si la FNE se viese obligada a revelar la existencia de investigaciones en curso”, sostuvo.
El martes, en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se publicó la memoria 2022 de Enjoy. En su carta a los accionistas, el presidente de la firma, Henry Comber se mostraba optimista con los planes de fusión con Dreams. Sólo 18 minutos después, en la misma CMF se publicó el hecho esencial de Enjoy que comunicaba que "las partes han acordado no perseverar en la combinación de negocios". Por plazos legales, la memoria de Enjoy debía ser publicada el mismo día que desahució la operación.
La sociedad controladora de casas de juego amplió la querella por presuntos delitos informáticos contra Juan Francisco Muñoz y apuntó ahora también a su abogado, Gustavo Lorca, por haber revelado en una causa laboral informes sobre la delación a la se acogió la empresa por colusión. Además, anticipó que pedirá indemnizaciones. Gustavo Lorca respondió que todas sus acciones se han enmarcado dentro de la ley.
La Fiscal Nacional Económica (s) Mónica Salamanca recordó que por mandato legal la entidad no está facultada para entregar información en este tipo de investigaciones.
A fines de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo del Juzgado de Letras de Colina que eximió a SCA Chile (hoy Essity) del pago de una indemnización a consumidores afectados por la colusión del tissue. El fallo unánime, concluyó que "entre la demandada y los consumidores supuestamente afectados no se han celebrado contratos de ninguna especie y se trata de un interés difuso de consumidores indeterminados”.
La Fiscalía Nacional Económica pidió al TDLC que aplique a Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 2,5 millones y de 5.200 UTA, unos US$ 4,3 millones, a Inaer por su actuar entre 2009 y 2012.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, sostuvo que un articulo del borrador de la nueva Constitución "podría significar que, respecto de quienes ya hayan accedido o accedan a la delación compensada, podría iniciarse, o incluso terminar, un proceso penal por colusión sin que haya existido la instancia procesal que exige la ley actual para que se reconozca su exención de responsabilidad penal".
El presidente de la CPC apuntó que el alza en el valor de los productos se explica por factores como la pandemia, la invasión a Ucrania y la inflación.
La Fiscalía Nacional Económica lleva adelante dos investigaciones: una presunta colusión en los mercados de centolla en la Región de Magallanes y otra contra cuatro empresas por una licitación de cuotas de merluza común en las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La primera indagatoria comenzó a fines del año pasado. En el caso de la merluza, iniciada en 2019, la controversia entre la fiscalía y una pesquera llegó a la Corte de Apelaciones.
Esto en el marco de la acusación realizada por la FNE en octubre de 2021 apuntando a las tres mayores empresas locales de transporte de valores -Brink’s, Prosegur y Loomis-, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018.
