La entidad precisó que para determinar la licitud o ilicitud de un acuerdo de colaboración entre competidores, debe realizarse un ejercicio de balance o ponderación de sus efectos, eficiencias y riesgos.
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La agenda antiabusos tiene tres ejes, y este viernes el gobierno firmó cuatro proyectos de ley. El primero destinado a combatir la colusión -aumentando la pena mínima a 5 años- y fortalecer la FNE, el segundo eleva las sanciones por uso de información privilegiada; el tercero crea la figura del denunciante anónimo y, el cuarto, aumenta el plazo de prescripción de los delitos electorales. Los otros ejes se relacionan con el fortalecimiento y protección de los derechos de consumidores y de trabajadores.
Para que pueda perseguir de forma "más eficiente y efectiva” los delitos económicos.
Académico y ex asesor del gobierno británico, Davies es autor de Economías extremas, libro que apareció en Estados Unidos y el Reino Unido en septiembre pasado. El economista visitó Chile en 2017 y se entrevistó con más de 60 personas, desde Rolf Lüders y Giorgio Jackson a comerciantes de Lo Espejo y Renca. Su libro ofrece un retrato desmitificador del “milagro chileno”.
En menos de un año, en siete casos la Corte Suprema ha revocado sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Abogados se muestran preocupados por esta nueva tendencia, mientras el presidente del TDLC, Enrique Vergara aclara que “tanto el TDLC como la Corte Suprema van variando su composición de ministros, y con ello también sus fallos”.
En su sentencia, la Tercera Sala confirmó la condena para Sanderson y Fresenius Kabi Chile pero impuso multas menores -de US$13,5 millones y US$1,5 millones respectivamente- estimando que no procedía aplicar el doble del beneficio económico.
Sanderson deberá pagar US$13,5 millones y Fresenius US$1,5 millones.
La Fiscalía solicitó al TDLC rechazar la solicitud de tres de las cuatro empresas requeridas por el acuerdo de precios, respecto a tener a la vista todos los antecedentes de la causa.
Tres de las cuatro requeridas solicitaron al tribunal tener a la vista todos los antecedentes de la causa.
La semana pasada, la compañía también había pedido la exhibición del expediente de la investigación, a lo que se sumaron Biomar y Skretting.
El presidente de la Sofofa es parte de grupo Matte, que controla CMPC. Más allá de esto, también cuestionó las condiciones para realizar el plebiscito por la constitución, tras lo ocurrido esta semana con la PSU.
El tribunal impuso a cada una una multa de $119 millones y la obligación de adoptar programas de cumplimiento.
Jorge Abbott respaldó la decisión del máximo tribunal del país que anuló a CMPC ese beneficio que permitió desbaratar ese cartel.
La compañía se había acogido al mecanismo ante la FNE, lo que fue ratificado por el TDLC. Sin embargo, el máximo tribunal acogió la tesis de SCA, que argumentó una coacción por parte de la firma del grupo Matte. Ambas empresas deberán pagar US$15 millones a beneficio fiscal y seguir programas de cumplimiento.
Se trata del primer caso en el que un fallo anula el beneficio de la delación compensada, el mecanismo más efectivo con el cual se destapan los casos de colusión.
