Luego de manifestar su disposición para que CS y RD avancen en la fusión del Frente Amplio sin ellos como partido, Marco Velarde y su directiva pasarán a la acción y acudirán al Tricel. Allí apelarán a la solicitud que levantó el Servel para disolver a la tienda por faltas a la normativa que regula el financiamiento de las colectividades políticas.
El golpe del Servel al partido liderado por Marco Velarde conllevará un período de incertidumbre respecto de lo que pueda pasar en el Tricel, instancia en donde se resolverá la disolución o no de la colectividad. Si esto se concreta, los más de 12 mil militantes podrían pasar a ser independientes o fichar por otros partidos del FA. Entre ellos hay una ministra, dos subsecretarios, cuatro delegados provinciales, cuatro diputados y 18 seremis.
Esta será la primera vez que se active el procedimiento contemplado en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que entró en vigencia en 2017. Además, será vista por una nueva justicia electoral ya que el 31 de enero el organismo renovará por completo a sus cinco integrantes.
"Sin duda nos encontramos ante uno de los capítulos más desafiantes de nuestra existencia. No sólo reconocemos lo complejo de la situación, sino que también asumimos la responsabilidad de abordarla con valentía y determinación”, señaló el partido a través de redes sociales.
Los partidos de la coalición base del Presidente Gabriel Boric se activaron rápidamente luego de conocer el comunicado del Servicio Electoral. Las colectividades tuvieron por separado reuniones durante la jornada, mientras que este viernes sostendrán un encuentro como bloque para analizar la situación. El partido encabezado por Marco Velarde reclamará ante el Tricel.
Desde el Servicio Electoral indicaron que, a partir de 2018, "se iniciaron una serie de incumplimientos en los plazos de entrega de los balances" por parte del partido presidido por Marco Velarde.
En medio de la ofensiva por solucionar una crisis que heredaron de la gestión pasada, la directiva que encabeza Velarde envió los balances financieros de 2021 y 2022, se querelló por perjuicio contra una exmilitante del partido y ha estado explorando fórmulas para evitar una debacle mayor. En ese marco, se evaluó una opción que el pasado han usado otros partidos: saldar su deuda con los fondos retenidos por el organismo. En el partido descartan cualquier fórmula que parezca un perdonazo.
La excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana insistió en su inocencia al declarar que “la formalización (...) se sostiene por declaraciones, no medios de prueba. No hubo peritajes".
El triunfo del oficialismo el domingo trajo alivio a la izquierda. Implicó una inyección de energía que el Frente Amplio quiere aprovechar, sin errores, para sacar el máximo provecho de la segunda parte y final del gobierno. Conscientes de que en estos dos años en La Moneda han cruzado líneas rojas, están rearticulándose para escoger sus últimas balas de plata e intentar estampar su sello.
La excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Se le acusaba de emitir boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados.
La excandidata a gobernadora regional de la RM y senadora del Frente Amplio y el PC en las elecciones de 2021 fue formalizada junto a otros exmilitantes del Partido Comunes por el delito de fraude de subvenciones, acusada de abultar sus gastos de campaña para justificar la rendición de platas ante el Servel en más de $ 300 millones.
Aunque cree que no existieron ganadores el domingo pasado, la diputada celebra que esta semana el gobierno haya podido tomar la ofensiva en sus reformas. Esa actitud, cree, responde al resultado del plebiscito. Además, en respuesta a las críticas que ha recibido Miguel Crispi desde el Socialismo Democrático, llama al orden de la alianza.
Aparte de la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, otros 10 exmilitantes de Comunes están siendo formalizados este miércoles por el delito de fraude de subvenciones. A Oliva y compañía se le investiga por emitir boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados declaradas ante Servel con el fin de aumentar la devolución de gastos de campaña.
“Es un caso de defraudación de subvenciones, que es un delito bien grave cuando hay transferencias de fondos públicos comprometidas”, señaló el titular de Justicia sobre el proceso que enfrenta la excandidata a gobernadora.
La excandidata a gobernadora, formalizada por un delito de fraude de subvenciones, defendió también al administrador de su campaña: "El Servicio Electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que está en regla, que está en norma, que solo tuvo problemas el administrador electoral de impericias. Y no de actos dolosos”, dijo.
