La iniciativa, impulsada por Felipe Kast y que cuenta con las firmas de la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, fue aprobada de forma unánime por los presentes en sala.
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En la sesión de este martes se abrió un duro debate por el reclamo de los parlamentarios porque es que no tienen acceso al resultado oficial del laboratorio y solo conocen su resultado a través de la carta que envía la corporación de hoy preside la diputada Karol Cariola.
Las entidades que incumplan la norma tendrán que pagar entre $ 330 millones a $ 1.320 millones.
Este proyecto que modifica la Carta Fundamental surgió a raíz de los traspasos irregulares de fondos de gobernaciones a fundaciones. Esta iniciativa, sin embargo, no tendrá un alineamiento tradicional de oficialismo versus oposición.
Los aplazamientos en votaciones de artículos clave, los nudos y el desorden que ha tenido la discusión, son parte de los episodios que se han dado en los acalorados debates al interior de la instancia. Aunque el avance ha sido importante, aseguran, no ha estado exento de tensiones entre sus protagonistas.
En una resolución que incluye siete puntos, la Cámara Alta le solicitó al Ejecutivo que no reconozca a Nicolás Maduro como "legítimo Presidente de la República", además de que condene "categóricamente" las acciones de represión emprendidas por el régimen venezolano.
En un acalorado debate que se dio en la Cámara baja, esta rama del Congreso le vuelve a generar un dolor de cabeza al gobierno por entrar a una discusión legislativa que irroga gasto fiscal, facultad exclusiva del Presidente de la República. En el encendido intercambio de opiniones, la presidenta de la Corporación, Karol Cariola (PC), tuvo que retirar del acta una parte de la intervención de Francisco Undurraga (Evópoli).
Incluir o no a diferentes autoridades de los poderes del Estado, además de la zona donde se comete el ilícito, fue el debate que se tomó -y entrampó- la discusión de la iniciativa legal. Ante la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, es que la presidenta de la instancia, Gloria Naveillán, le pidió al gobierno que presentara una nueva propuesta para la sesión de este miércoles.
A la instancia estuvo invitada la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien apuntó que debido a la larga tramitación que ha tenido la iniciativa en el Congreso, espera que “se pueda tener un trabajo expedito, pero además bien fundado en una reflexión que ya se ha ido acumulando en el tiempo”.
Alrededor de una hora y media estuvo el presidente de Brasil en las instalaciones del Poder Legislativo en Santiago. Allí recibió cartas de parlamentarios y solicitudes de que intervenga en la crisis regional tras las elecciones en Venezuela.
La discusión, que está radicada en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se enredó en la figura del "terrorista individual inconexo" -o denominado lobo solitario- a causa de la postura contraria de las diputadas oficialistas Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fries (FA).
En horas de la noche del domingo, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de esa rama del Congreso intentó recabar el acuerdo de dicha instancia para tener un pronunciamiento oficial, sin embargo, se encontró con la negativa de las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA). Además, en la sesión de la Corporación de este lunes, se procedió a la lectura de una carta de la bancada de la UDI -luego de la habilitación de los diputados mediante votación- en donde emplazan al resto de los diputados, así como a "dirigentes políticos chilenos" a manifestar "sin ninguna distinción ni ambigüedad, una defensa por los valores y principiosdemocráticos".
El presidente del directorio de TVN expuso el miércoles en la Comisión de Cultura sobre el proyecto de ley del gobierno que modifica la gobernanza de la señal pública, instancia en la que defendió la existencia del canal, de lo contrario, advirtió que los chilenos se informarán solo "por parte de dos grupos económicos, el grupo Luksic, Canal 13; y el grupo Heller, Megavisión; y unos gringos que andan circulando en Chilevisión que se van cambiando de propiedad”.
El desorden al interior de las bancadas del sector, junto con una evaluación de las consecuencias políticas que podría generar un efecto contrario al esperado, son algunos de los cálculos que han hecho en la centroderecha. Hasta el cierre de esta edición llevaban 30 de las 52 firmas necesarias para empujar la ofensiva.
