El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones tanto la alcaldesa Irací Hassler como todo el concejo municipal.
El episodio ocurrido una noche de abril del año pasado en la casa de Raúl Letelier, quien fue nombrado ayer por Gabriel Boric como presidente del Consejo de Defensa del Estado, quedó registrado en el libro que hizo el exconstituyente Jorge Baradit. El abogado y consejero no fue ajeno al proceso constitucional, ya que desde hace años venía participando en iniciativas para cambiar la Carta Magna.
El organismo que representa al Fisco solicitó al Tribunal Constitucional declarar inadmisible el requerimiento presentado por el exsenador UDI Pablo Longueira, quien busca no asistir a tribunales todos los días que dure el juicio oral por dicho caso que se prevé sería de casi dos años. El CDE sostiene que si se declara inconstitucional el obligarlo a estar presente en todas las jornadas que incluso involucran a otros imputados como Marco Enríquez-Ominami, se afectaría el derecho de la fiscalía de llevar el proceso judicial como estimen conveniente y advierten que incluso la petición afecta el propio derecho a defensa del otrora ministro. Junto con esto explican que el hilo conductor de todo el caso es justamente el exgerente general de la minera no metálica que era el nexo con los políticos.
El Consejo de Defensa del Estado descartó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago las imputaciones que realizó la exministra de Justicia por presuntas presiones indebidas para forzar su renuncia. En el texto de la entidad fiscal señalan que su salida fue "libre y voluntaria" y que, además, "la demanda se construye sobre la dañada autoestima de la demandante". La abogada de la exconsejera replicó: "La contestación del CDE es formal y desconoce la forma en que los hechos realmente ocurrieron. El hostigamiento y la presión existieron y fue causa directa de su renuncia".
De forma unánime, el pleno tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del exjefe comunal, Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por reparación por daño ambiental en contra de Nova Austral S.A., debido a la afectación al Parque Nacional Alberto de Agostini, el que se encuentra en los fiordos del sur en la Región de Magallanes. Lo anterior, como consecuencia de la sobreproducción desde sus centros y el vertimiento de agentes contaminantes en el fondo marino sin autorización.
En el encuentro, se repasaron las medidas a seguir, dentro de las cuales se contempla: hacer exigibles las boletas de garantía, realizar un proceso de revisión de los estados de pagos pendientes por parte de la constructora, y un seguimiento exhaustivo de la situación que aquejaría a unos 2.500 trabajadores de la empresa.
Según la información aportada por el consejo, el funcionario emitió 3.120 licencias médicas a beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Sólo en 23 días de febrero entregó 1.095 permisos, con un promedio de 47 por día. "A todas luces resulta un tiempo insuficiente para la realización de una correcta revisión y diagnóstico (de los pacientes)”, se señala en la querella.
La abogada de la senadora le contestó al organismo encabezado por Juan Peribonio, manifestando su preocupación por la supuesta justificación que se hace del actuar de Carabineros durante el estallido social, pese a que diversos organismos reconocieron que hubo un uso excesivo de la fuerza. Asimismo, insisten en que cualquier monto que el Estado entregue a la ahora senadora y su familia será insuficiente para reparar el mal causado.
La abogada que representó a la exministra en la causa donde el Ministerio Público sigue indagando la desviación de gastos reservados en Carabineros, se refirió al sobreseimiento definitivo de su representada, el cual quedó firme tras la desestimación, por parte de la Corte Suprema, de los recursos de queja presentados por la fiscalía y el CDE. Ahora, evalúan qué acciones seguirán en búsqueda de reparación.
A cuatro años del cierre de la arista penal originada luego de que salieran a la luz las cuentas que el fallecido dictador mantenía ocultas en Estados Unidos, el Consejo de Defensa del Estado continúa con amplias diligencias para recuperar en favor del Fisco más de 16 millones de dólares. Corresponden, como se argumenta, al patrimonio obtenido fraudulentamente por el otrora comandante en jefe del Ejército y que heredó a sus 16 sucesores.
Exalcaldesa de Paillaco, militante socialista desde 2004 y feminista: así se podría definir a la constituyente que, hasta ahora, ha recibido el mayor apoyo para reemplazar a Elisa Loncón en la testera del órgano constituyente. En 2018, en tanto, enfrentó una demanda que el Consejo de Defensa del Estado presentó en su contra por una serie de inconsistencias detectadas en las finanzas realizadas bajo su gestión en el municipio, algo que, según fuentes de la Convención, podría empañar su llegada.
En los ocho meses y fracción que el exministro lleva como consejero, Espina ha conocido de 646 casos vistos en el consejo pleno y de 520 revisados en el Comité Laboral Medioambiental, del cual forma parte. La mayoría de las causas de las cuales se abstuvo de participar tiene que ver con hechos que se cruzan por haber sido ministro de Defensa.
El 15 de enero pasado, el Ministerio de Justicia les ordenó devolver las remuneraciones percibidas por quienes se desempeñen como consejeros de la aseguradora. Sin embargo, la mutualidad, representada civilmente por el abogado Raúl Tavolari, arremetió y presentó una demanda en contra del Estado, pidiendo al tribunal que determine que la repartición, dirigida por Hernán Larraín, carece de atribuciones y competencia para fiscalizarlos y, además, que se declare que las remuneraciones pagadas a los consejeros de la Mutualidad, por el desempeño de sus funciones, son pagos válidos y no sujetos a restitución.
El CDE asumió la representación judicial de la CMF en la causa que inició Bice Vida en la Corte de Apelaciones.
