El fallo sostiene que no se encontraron “hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República", como argumentaba el abogado Mario Vargas.
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El presidente del CDE, Raúl Letelier, dijo en una entrevista televisada que el comité penal del organismo ya ha analizado “en 3 o 4 oportunidades” el caso y “hasta ahora no se ha encontrado nada”.
En el gobierno tienen claro que las repercusiones de los antecedentes que han sido revelados tras la revisión del celular del abogado penalista están lejos de terminar. Por ello, algunas reparticiones han revisado posibles nexos anteriores con Hermosilla. El CDE, en tanto, lleva el tema formalmente.
La solicitud surge luego de que la seremi de Desarrollo Social de esa región, Claudia Espinoza, revelara que en las últimas semanas se han realizado cerca de 900 fichas FIBE y que el 95% corresponde a personas que no fueron afectadas.
El ente persecutor derivó la investigación a fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, debido al alquiler de un terreno destinado para licencias de conducir que estuvo en desuso por más de 18 meses y que pone los ojos en la administración del edil socialista.
En la querella, la entidad acusa que la fundación "distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico", los que estarían estipulados en cinco convenios suscritos con la Seremi de Vivienda.
Se trata de fondos destinados a educación entregados desde el Mineduc a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna. "Cada peso que desembolsemos por pagar esta morosidad, se lo cobraremos judicialmente a los responsables del mal uso de recursos públicos de San Joaquín", señaló el actual alcalde Cristóbal Labra.
El director ejecutivo de Santiago 2023 aborda la investigación de la Contraloría sobre las rendiciones de la entidad que encabeza desde junio del año pasado, reconoce sobreprecios y no esconde su sorpresa por la actitud de Dorothy Pérez.
Israel Castro descartó irregularidades en el proceso de rendiciones durante su comparecencia ante la comisión investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que impulsa la Cámara de Diputadas y Diputados.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
La arquitecta y diseñadora de muebles Susana Herrera -destituida en septiembre de su cargo como embajadora en Reino Unido- busca en tribunales laborales que el Estado le pague 11 meses de sueldo como indemnización. Ganaba 17 millones de pesos mensuales. ¿Qué salario reciben los representantes de Chile en el extranjero y cómo se calcula?
Desde el organismo indicaron que las conclusiones del informe emanado por la instancia de la Cámara Baja, que lo acusó de un accionar "cuestionable" y "reactivo", revelan una "incomprensión" del rol del CDE en materia penal.
Ante la renuncia de la consejera María Inés Horvitz, es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante. Y a juicio de los funcionarios, ese nombre debiese salir desde el interior de la institución y no de profesionales externos.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En el Minvu cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue "en desmedro" de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta. "El porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes.
