En la querella, la entidad acusa que la fundación "distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico", los que estarían estipulados en cinco convenios suscritos con la Seremi de Vivienda.
Se trata de fondos destinados a educación entregados desde el Mineduc a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna. "Cada peso que desembolsemos por pagar esta morosidad, se lo cobraremos judicialmente a los responsables del mal uso de recursos públicos de San Joaquín", señaló el actual alcalde Cristóbal Labra.
El director ejecutivo de Santiago 2023 aborda la investigación de la Contraloría sobre las rendiciones de la entidad que encabeza desde junio del año pasado, reconoce sobreprecios y no esconde su sorpresa por la actitud de Dorothy Pérez.
Israel Castro descartó irregularidades en el proceso de rendiciones durante su comparecencia ante la comisión investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que impulsa la Cámara de Diputadas y Diputados.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
La arquitecta y diseñadora de muebles Susana Herrera -destituida en septiembre de su cargo como embajadora en Reino Unido- busca en tribunales laborales que el Estado le pague 11 meses de sueldo como indemnización. Ganaba 17 millones de pesos mensuales. ¿Qué salario reciben los representantes de Chile en el extranjero y cómo se calcula?
Desde el organismo indicaron que las conclusiones del informe emanado por la instancia de la Cámara Baja, que lo acusó de un accionar "cuestionable" y "reactivo", revelan una "incomprensión" del rol del CDE en materia penal.
Ante la renuncia de la consejera María Inés Horvitz, es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante. Y a juicio de los funcionarios, ese nombre debiese salir desde el interior de la institución y no de profesionales externos.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En el Minvu cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue "en desmedro" de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta. "El porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes.
La ministra vocera de gobierno abordó la solicitud que hicieron desde la oposición –en la reunión del jueves con el Presidente Boric- para que el Ejecutivo se querelle en los presuntos casos de corrupción que complican al oficialismo, a raíz de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones públicas.
Las acciones se realizaron a través de una organización criminal denominada “Columbia”, la cual funcionaba a través de tres subagrupaciones. El fraude está cercano a los 2 mil millones de pesos.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 16 de abril, cuando un grupo de cinco sujetos sorprendidos por Carabineros cuando vandalizaban el inmueble, que es patrimonio cultural y cuyo frontis había sido refaccionado hace algunos días, siendo parte del proyecto de recuperación de fachadas en el eje Alameda-Providencia.
Desde la semana pasada el exministro de Defensa comenzó a integrar la instancia que es la encargada de estudiar los casos criminales en que interviene el Fisco y que principalmente tiene que ver con casos de corrupción en que están involucrados funcionarios públicos y autoridades políticas. Por tales motivos, como lo hizo en el pasado cuando decidió no participar de la discusión sobre la querella contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba -desde su entorno- explican que será especialmente cuidadoso al momento de ver algún conflicto con sus nuevas tareas en la institución.
El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones tanto la alcaldesa Irací Hassler como todo el concejo municipal.
