Desde la Subsecretaría del Interior afirmaron que seguirán buscando este tipo de acuerdos establecido en la Política Nacional del Crimen Organizado "para enfrentar el crimen organizado transnacional y garantizar el derecho a la seguridad".
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De acuerdo con la determinación del organismo, el Ministerio del Interior "se encontraba facultado para suscribir el convenio en análisis, toda vez que dicho acuerdo de voluntades incide en materias de su competencia".
El ente contralor realizó una auditoría centrada entre el 1 enero de 2022 y el 31 de julio de 2023. En ella se indica que cinco extranjeros, provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, que tenían prohibido el retorno a estas tierras, pudieron regresar. No fueron los únicos casos.
"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
"En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización”, señaló la contralora (s).
Cartera indicó que el articulado "fue retirado para hacer ajustes al texto, que en este caso son menores".
En la instancia, Dorothy Pérez entregó detalles de una serie de fiscalizaciones realizadas al SII y a la CMF. Dentro de otras revelaciones, se detectaron gastos por más de $620 millones por conceptos de horas extras que no fueron acreditados.
El ente fiscalizador, entre otras cosas, pesquisó diferencias de 91 millones en ingresos y egresos de la Corporación de Educación, un déficit de 3 mil millones por compromisos pactados con organizaciones sindicales y la utilización de la Subvención Escolar Preferencial para una actividad con dinosaurios animatronic.
La contralora (s) asistió a la comisión investigadora del caso Audio en la Cámara de Diputados, donde expuso la situación en la que conoció a la abogada Leonarda Villalobos. Además, dijo no conocer a Hermosilla y negó haber tenido alguna conversación con él.
Trámite se realizó antes de la aprobación por el ente fiscalizador para hacer ajustes al texto menores, indicaron desde la Subsecretaría de Transportes.
La próxima semana se reactivará la negociación por la jefatura del órgano contralor. En una disputa casi sin candidatos, la balanza se inclina por la actual contralora (S), quien ha aprovechado con astucia los cuatro meses que lleva subrogando: reestructuró el organismo, se desplegó en terreno e incluso comprometió un plan de fiscalización municipal. Bermúdez mira de lejos los movimientos para designar la sucesión, ha tenido contacto con parlamentarios clave y no es indiferente a que sea su enemiga pública quien tome la posta de su mandato.
El ente fiscalizador, a raíz de una consulta del contraalmirante a cargo de la zona de la emergencia, determinó que el mando militar requiere la delegación expresa de funciones del Presidente Gabriel Boric para tomar medidas que impliquen limitar el derecho a la propiedad. Facultad que, hasta ahora, el Mandatario no le ha otorgado.
En el documento, el ente fiscalizador emite una serie de instrucciones respecto al actuar de los empleados públicos en la campaña electoral para los comicios de octubre.
El ente fiscalizador pesquisó, además, máquinas que no cumplen la normativa al tener luces interiores en mal estado, asientos sueltos, timbres sin funcionamiento, adornos no permitidos o luces de color azul. Asimismo, dio cuenta de buses sin seguros de accidentes personales y recorridos realizados fuera de los horarios establecidos en los Planes Operacionales.
La solicitud de la entidad encabezada por Dorothy Pérez se dio luego de que la diputada Gloria Naveillán pidiera iniciar un "procedimiento administrativo" que analizara el documento suscrito entre Chile y Venezuela en enero pasado. Según expresó la parlamentaria, existen dudas respecto de las atribuciones del Poder Ejecutivo para la suscripción del acuerdo "sin la ratificación de otro poder del Estado".
