Organismo reportó deficiencias en el estado de los servicios higiénicos y un déficit de servicios sanitarios de los colegios de Caldera, falta de reparación de canaletas de aguas lluvias en establecimientos de Copiapó, y del alcantarillado en establecimientos de Tierra Amarilla.
Organismo fiscalizador entregó plazo de 10 días hábiles para que hagan llegar antecedentes requeridos.
A través de una carta abierta, un grupo de 39 médicos -entre los que se encuentran nueve jefes de servicio del establecimiento- relata los problemas diarios que enfrentan en la atención a los pacientes que -aseguran- arrastran hace años. Y suben la apuesta en la crisis desatada por el informe de Contraloría que esbozó graves problemas de corrupción en el recinto: piden la renuncia del director del San José, Patricio Vera, y solicitan una cita con la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Apuntó al artículo 9 de la ley orgánica que rige a la entidad. "Los servicios, de acuerdo a la forma en que está redactado el artículo, se defienden diciendo que no tenemos atribuciones", advirtió.
Según indicaron desde la institución los números corresponden a opiniones de dos ex directores de Junaeb y que desconocían su fuente de información y método de cálculo.
En el escrito acusan que la circular publicada en mayo implica que "algunos profesionales de la salud que desarrollan funciones al interior del pabellón que, por su especie, constituyen una colaboración formal o material con el aborto, podrían ser obligados a participar de estos procedimientos, vulnerando el juicio de su conciencia".
Un informe financiero de la Contraloría evidenció no solo una falta de control en casi todos los ámbitos contables del recinto -el cual ha tenido 22 directores en 25 años-, sino también hechos que podrían constituir delitos de fraude y corrupción.
Luego de su retiro el pasado 26 de junio, "las observaciones se corrigieron rápidamente para continuar con la toma de razón por parte de la Contraloría”, explicó la ministra Jara.
El ente contralor ha detectado pagos improcedentes y falta de cumplimiento en el cobro de multas, por lo que derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para investigaciones adicionales.
Mientras el gobierno sigue demorando la decisión de nominar un candidato para enfrentar al Senado y transformarse en el máximo líder del ente fiscalizador, la contralora (S) no pierde el tiempo. No solo reestructuró por completo el organismo, sino que ahora, tal como lo mandata el estatuto administrativo, nombró como titulares a cinco personas de su equipo de confianza.
El diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval llegará hasta las dependencias del organismo liderado por Dorothy Pérez para advertir supuestas prácticas irregulares por parte de Bernardo Navarrete. Asegura que el profesional "ha lucrado durante años recibiendo una doble remuneración incompatible".
Una auditoría analizó las transferencias hechas por las secretarías regionales ministeriales de Medio Ambiente a municipios de ambas regiones entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. Tras los resultados, la CGR instruyó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
En sus conversaciones con el gobierno, la bancada de RN, que promovía el nombre de la subcontralora (s) María Soledad Frindt, fue la que más se resistió a la ratificación de la actual contralora subrogante. No obstante, en la tienda que preside el senador Rodrigo Galilea señalan que esa resistencia se ha ido disipando y que mayoritariamente le darían el voto a Pérez.
Se trata del segundo informe que emite el ente contralor respecto de los acuerdos suscritos por el Gobierno Regional con entidades privadas. Esta vez se analizaron los convenios con las fundaciones Kimün, Participa, y El Canelo, que suman más de 3.100 millones de pesos, en los que se detectaron gastos insuficientemente acreditados y rendiciones fuera de plazo. Los datos fueron remitidos al Ministerio Público y al CDE.
Dirección de Vialidad regional no cuenta con un programa de mantenimiento y reparación. Organismo fiscalizador indicó que no se pudo determinar cuántas máquinas se tienen y no existe un sistema en línea para saber dónde está cada vehículo si es necesario moverlo de forma urgente.
