Pese a que se descartaron irregularidades conforme a la normativa existente, el organismo dictó un instructivo con miras a "perfeccionar" la temática referente al registro de audiencias por lobby.
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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a responder las críticas al otorgamiento de pensiones en el marco del estallido social, señalando que existía otro informe del ente contralor que calificó de "mortal". Ese documento puso el foco en las pensiones otorgadas en el gobierno de Piñera a las viudas de los trabajadores del carbón, beneficio que era promovido por el propio Monsalve.
El programa “Servicio de Seguridad Preventiva 24/7" de la comuna liderada por Lorena Facuse contrató a los funcionarios para realizar labores de seguridad preventiva en las instalaciones municipales, según pudo constatar la Contraloría. Ya hay un sumario en curso.
El subsecretario del Interior sostuvo que sería "bueno" que tal informe se leyera "para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia".
El oficio lapidó la petición de reevalución del sumario hecha por el INDH. En el documento, Contraloría corroboró que el INDH debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y no solo eso, desechó la defensa del organismo que argumentaba que esto escapaba de sus facultades, ya que aseguró que contaban con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
De acuerdo con fuentes del organismo, las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador dirigido por Dorothy Pérez deben ser analizadas con detalle. Entienden que se trata de un asunto "de relevancia" que requiere un "seguimiento continuo". Por lo mismo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó informe sobre la materia esta jornada y tras recibir la denuncia de RN, formalizó el inicio de las pesquisas. La causa quedó en manos del fiscal regional de Occidente, Marcos Pastén.
El organismo ha quedado en entredicho, luego que el documento emanado por el ente contralor dejara al descubierto una serie de falencias respecto al proceso de selección, entrega y pago del beneficio. Por ejemplo, que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio. Entre ellos, que 58 pensionados tienen condenas. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Además, constataron que había datos que no se comprobaron, que en ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros elementos, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.
El exsubsecretario del Interior se refirió a la resolución exenta N°16, del 4 de enero de 2022, donde se establece que deben presentarse antecedentes legales y también médicos para solicitar el beneficio.
El entre contralor responde así a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sobre la posibilidad de invalidar o revocar el ortorgamiento de dichos beneficios.
A través de un comunicado, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, señalando que la institución "nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.
La ministra del Interior aseguró que "respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera".
Los parlamentarios advirtieron que “la remoción de los consejeros del INDH es un procedimiento que se inicia en la Cámara de Diputados y que si logra sortear dicha instancia, es finalmente la Corte Suprema la que termina resolviendo”.
Si bien un informe de Contraloría señala que son 58 los beneficiarios con condenas previas, el subsecretario del Interior planteó que se trataría de 69. Respecto a los 10 casos de beneficiados que no presentaron antecedentes médicos, aseguró que “la glosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”.
En una primera instancia, el ente fiscalizador identificó que algunos de los beneficiarios que sufrieron daños o lesiones en el contexto del estallido social también estaban recibiendo el Subsidio Único Familiar (SUF), lo que habría sido incompatible con optar a una pensión de gracia. Sin embargo, un posterior análisis del IPS validó el doble beneficio.
