"Los dimes y diretes durante esta semana, producto también de la necesidad de coordinarnos más y mejor, a veces se vuelven inentendibles para la ciudadanía y también contraproducentes", sostuvo la autoridad de la región.
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La autoridad, que termina su mandato el próximo 15 de diciembre, también calificó como "poco democrática" la querella en su contra interpuesta por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y, además, descartó llegar a algún cargo de elección popular o ocupar algún ministerio en el futuro.
La acción de los diputados -que cuenta con el respaldo de la directiva del partido- apunta a las palabras del Presidente Boric sobre los derechos de las mujeres y a la publicación de una gráfica de la Segegob -que luego se eliminó- donde se destacaba que de ganar el “En contra” no se abrirá otro proceso constitucional.
La entidad ya remitió al Ministerio del Interior el reglamento que los funcionarios públicos deben seguir en este nuevo proceso eleccionario, donde se establece el marco normativo en el cual deben manifestarse. En el caso de quienes trabajen en la administración del Estado, solo pueden trabajar en pos de una opción fuera de su horario laboral.
Los ministros Luis Cordero y Álvaro Elizalde comenzaron las primeras tratativas con el objetivo de escoger al sucesor del contralor, quien culmina su mandato el próximo 16 de diciembre. Los abogados Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrada y la misma subsecretaria Macarena Lobos son algunas cartas del oficialismo. No obstante, la última palabra la tiene la derecha.
Ente fiscalizador indaga "eventuales actos de malversación de caudales públicos”.
A raíz de una denuncia presentada por un grupo de concejales, el ente fiscalizador determinó que la administración de Daniela Peñaloza no justificó la contratación directa de un estudio de abogados para realizar una auditoría al proceso de adquisición de inmuebles para construir el nuevo Cesfam. Además de eso, y basándose en la justificación del trato directo, no correspondía que los abogados contratados subcontrataran a otros para realizar dicho informe, en el cual se descartaron posibles delitos. A raíz de esto último se ordena el proceso administrativo. La alcaldesa, por su parte, defendió el servicio prestado, que además fue enviado al ente fiscalizador y a la Fiscalía como insumo.
SalmonChile presentó la semana pasada un requerimiento ante la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del oficio que emitió el Ministerio del Medio Ambiente, que suspende el otorgamiento de concesiones por la entrada en vigencia de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El gremio, que cuenta con 47 miembros permanentes, entre ellas grandes salmoneras, acusó una "una excesiva dilación en los procedimientos vinculados a las concesiones de acuicultura".
La entidad dirigida por Jorge Bermúdez, a raíz de la consulta de una municipalidad, estableció que las instituciones del Estado que quieran contratar o renovar el contrato a un funcionario a honorarios, primero deberán consultar al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Luego de aquello, en caso de que la persona esté en dicho registro, este deberá aceptar que la organización descuente mensualmente el pago, de lo contrario no podrá tener el vínculo laboral.
Un nuevo flanco se abrió esta semana para el gobierno en el marco del denominado caso “líos de platas”. El golpe lo dio el contralor Jorge Bermúdez. Tras auditar a 15 Seremis de Vivienda y 9 gobiernos regionales decidió enviar todos los antecedentes a la Fiscalía, dando cuenta de que las irregularidades están esparcidas por todo el país.
El ministro de Vivienda este viernes salió al paso de los cuestionamientos en su contra tras el informe del órgano contralor, que da cuenta de la auditoría a 15 seremías del Minvu que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones. "Había un un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía (...) no captamos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción", dijo.
El diputado José Miguel Castro (RN) abordó los resultados de las auditorías que el órgano contralor realizó en 15 seremías, señalando que “aunque no se quiera decir, sin duda existía un modus operandi” y que “se dieron ciertas condiciones para que se produjera la corrupción”.
La titular del Interior le bajó el perfil a las críticas que se generaron por decir que los atletas podrían "estar haciendo turismo" en el país: “Hasta ese día nosotros no teníamos ninguna solicitud de los atletas, no sabíamos si ellos tenían intención de solicitar o no".
Diputados Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, llamaron al Mandatario a que "ejerza todas sus responsabilidades políticas". Esto, luego de que la Contraloría constatara que irregularidades en traspasos entre reparticiones y entidades privadas eran parte de un patrón que se replicaba a lo largo del país.
Al igual que en las Seremis de Vivienda, el organismo liderado por Jorge Bermúdez detectó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos desde los Gobiernos Regionales (GORE) a organizaciones privadas. Entre las situaciones más graves detectadas está la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue "la ruta del dinero" ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias. Se sospecha de corrupción principalmente por el hallazgo de personas vinculadas a las entidades receptoras del dinero con funcionarios de la repartición pública que se los entrega por trato directo.
