El organismo encabezado por Jorge Bermúdez realizó auditoría a los convenios suscritos por 15 secretarías regionales ministeriales dependientes de la cartera que encabeza Carlos Montes. Detectaron, de esta forma, una serie de irregularidades en el traspaso de recursos en el marco del programa de asentamientos precarios. En algunos casos, de hecho, definieron remitir antecedentes tanto al CDE como al Ministerio Público.
La auditoría realizada por Contraloría a organismos regionales detectó graves falencias por parte de entes públicos en el control de las transferencias de recursos. Además, los antecedentes recopilados darían cuenta de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.
La cartera asegura que las recomendaciones que se plantean por la Contraloría en sus auditorías "ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.
El organismo fiscalizador advierte que el municipio dirigido por Daniela Peñaloza (UDI) no ha exigido la rendición de gastos de variadas organizaciones públicas y privadas, sosteniendo que incluso algunos recursos se han transferido "sin establecer un destino", es decir para qué deben ser utilizados. Además cuestionó que funcionarios de Las Condes están además contratados por las propias asociaciones a las que llegan los millonarios fondos y que esos "dobles roles" son irregulares. Contraloría envió los antecedentes al CDE.
El órgano contralor emitió un informe cuestionando una serie de faltas en las rectificaciones de declaraciones de subvenciones de la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo por gastos en el periodo de la exalcaldesa. Entre las falencias encontradas está la duplicidad de sueldos declarados, falta de comprobantes de los gastos y compras que no se ajustan a la normativa. Además de eso, acusó que existió "falta de fiscalización" de parte de la Superintendencia de Educación, la Subsecretaría de Educación y de la Dirección de Educación Pública.
Según la Contraloría, los criterios establecidos en la normativa no guardan relación con el principio de la no patologización bajo el cual debe ser tratada toda persona trans, de acuerdo con la ley que reconoce y garantiza el Derecho a la Identidad de Género. Por lo mismo, se les pide ajustar el instrumento y realizar un nuevo procedimiento administrativo para aprobarlo.
Luego de un requerimiento de diputados del Partido Republicano, el ente fiscalizador afirmó que la Municipalidad de Recoleta no debió haber utilizado recursos públicos para una actividad privada, y que se deberá tomar medidas para evitar que se repitan los hechos.
El organismo, dirigido por Camila Rubio, destacó haber instruido tres sumarios administrativos para determinar responsabilidades y se mostró disponible a explicar los problemas detectados en la institución.
La vocera de gobierno se refirió a la respuesta que envió el Ejecutivo a Contraloría, ante la negativa del jefe del Segundo Piso de concurrir a la comisión que indagada los traspasos de recursos desde organismos del Estado a fundaciones.
El gobierno hizo llegar al ente contralor la respuesta ante la negativa del jefe del Segundo Piso de La Moneda de concurrir a la comisión que indagada los traspasos de recursos desde organismos del Estado a fundaciones. En el documento, sin embargo, no se contesta a la pregunta que el propio contralor Jorge Bermúdez hizo ante la instancia fiscalizadora y que era responder el porqué el exsubsecretario cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados.
La fiscal Patricia Cerda pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago "la correspondiente citación judicial" de distintos funcionarios públicos que conocieron el funcionamiento de entrega de estos cuestionados fondos. El Ministerio Público acusó a tres exgenerales directores de sustraer y permitir que "terceros se apropiaran de distintos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de recursos públicos". En total, según el Ministerio Público, Gordon, González Jure y Villalobos habrían malversado, en total, $3.005 millones.
En La Moneda se admite que uno de los hombres más cercanos al Mandatario está pasando sus horas más difíciles. Su negativa a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara Baja por el caso líos de platas ha abierto un inesperado flanco de críticas entre las propias huestes oficialistas que sustentan a Gabriel Boric.
“Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y, por lo tanto, ya no tendría sentido una respuesta”, indicó Jorge Bermúdez.
El ente contralor realizó una auditoría a las transferencias realizadas por la entidad encabezada por Ricardo Díaz a instituciones privadas, levantando, preliminarmente, cinco observaciones. De acuerdo con lo plasmado en un informe los evaluadores constataron controles ineficaces, procesos informales y actuaciones que ponen en riesgo la efectividad y eficiencia de los proyectos.
El organismo concretó el anuncio del contralor Jorge Bermúdez ante la Cámara, en que adelantó que el objetivo es saber por qué el jefe del Segundo Piso de La Moneda "no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”. El oficio fue dirigido a la directora administrativa de la Presidencia de la República.
