La ministra además se refirió al oficio de Contraloría señalando que "como Gobierno siempre hemos estado y estaremos disponibles a responder todos los requerimientos de la Contraloría o las consultas".
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Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. El gobierno, a través del ministro Cordero, respondió que bajo ese criterio todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del Segundo Piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras.
“La ley exime a la Presidencia de la República de algunas obligaciones comunes al resto de la administración, admitir una cosa distinta sería en algún sentido desviar los propósitos legislativos que el propio Congreso ha establecido en estas materias”, afirmó el ministro de Justicia.
Bermúdez indicó que la Dirección de Presupuestos fijó parámetros "muy generales" para la regulación de transferencias en gobiernos regionales. "Lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no, dependiendo de cual sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia”, expuso.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. Y es que, comentan fuentes conocedoras, la autoridad de Teatinos 56 se basa en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en que se señala que no solo los ministros deben comparecer ante las comisiones investigadoras del Senado y la Cámara. Con esto se derriba la tesis del gobierno de que el exdiputado puede excusarse de asistir porque ahora no tendría calidad de funcionario público. En la misma sesión, el líder del órgano fiscalizador lanzó también un dardo a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, también RD. Confirmó que durante la gestión de la ingeniera se bajaron los controles para otorgar los convenios con ONG que hoy están en la mira de la Fiscalía.
La entidad dirigida por Jorge Bermúdez supervisó el proceso administrativo de la entrega de tres obras de centros de entrenamientos del Estadio Nacional. En ese sentido, levantó algunos cuestionamientos luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no multara por $159 millones a una empresa que no entregó la planificación de las obras. Otro punto del informe sostiene que se dio más plazo a una contratista calculando incorrectamente los días en que la construcción debía estar lista.
El mandamás del órgano fiscalizador se refirió a la situación del jefe de asesores de la Presidencia en una sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja. "Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas", señaló.
Esto, luego de que esta jornada, por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso no respondió a una convocatoria realizada por la comisión parlamentaria y se limitó a enviar un documento de seis páginas para responder a algunos de los cuestionamientos en su contra.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación en contra de la resolución del 22° Juzgado Civil de Santiago, en que defiende la competencia del ente contralor para ordenar sumarios cuando no se cumplan las normas administrativas correspondientes. Según expusieron, en la institución uniformada se observó una "ausencia de medidas correctivas respecto a reiteradas inobservancias de determinados protocolos de actuación en materias de control y mantenimiento del orden público". El caso se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Órgano contralor emitió un informe donde indica que hay complejas inconsistencias y faltas a la probidad en la adquisición de un terreno. Entre ellas, incluso, que no fue posible comprobar la existencia de un proyecto propiamente tal.
Tras recibir una serie de denuncias por eventual pago de sobreprecio en la adquisición de un paño para la posterior construcción de un Centros de Salud Familiar, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez advirtió una serie de falencias y descontrol en las gestiones encabezadas por la alcaldesa Daniela Peñaloza. Por lo mismo, ordenaron un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado ante eventuales delitos de fraude al fisco. Una vez conocido el dictamen del órgano contralor, Peñaloza aseguró que "ratifica que las medidas que hemos tomado como municipio y yo como alcaldesa van en la línea correcta”.
El ente contralor sostuvo ante el Tribunal Ambiental de Santiago que “a través de esta actuación artificiosa, la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente) pretende quedar excluida de la fiscalización de este organismo de control, pero también del examen jurisdiccional, con lo que sus actos administrativos quedarían al margen de cualquier control, cuestión que no resiste mayor análisis”.
Esto, tras conocerse que el diputado republicano Juan Irarrázaval concurrirá este viernes a Contraloría para denunciar una millonaria deuda que tendría la fundación por tratamientos que no se entregaron en 11 municipios del país.
Como se indica en el documento que será ingresado en Contraloría por el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, 11 municipios que firmaron convenios con la ONG “no han solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados” y que se encuentran objetados. Así, se indica que la entidad adeuda más de $171 millones de pesos en rendiciones y por tratamientos que no se entregaron.
En su denuncia, la fundación afirma, que dada la pendiente de los terrenos, los edificios evacuados por los socavones tuvieron que ser del tipo escalonado. En este sentido, solicita al contralor que "inicie sumarios administrativos en contra de todos los funcionarios municipales que han intervenido en las aprobaciones de los respectivos permisos".
