Una es contra la Dirección de Obras Municipales, por aprobar la construcción de edificios en las dunas. Otra, contra la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y el Serviu, por su inacción ante el desplazamiento de una calle aledaña. La última es contra el MOP, por parte de una inmobiliaria. La empresa acusa que el primer derrumbe afecta su terreno.
El 22° Juzgado Civil de Santiago falló en favor de siete altos oficiales de la policía uniformada, dos de ellos ya retirados, quienes acusaron al ente contralor de extralimitarse en sus facultades fiscalizadoras. La resolución consigna que el hecho de que las acciones policiales estén reguladas por decretos administrativos "no transforma la función y labor de control de orden público en una actividad controlable por la Contraloría". Se pide condenar en costas a la institución liderada por Jorge Bermúdez, aunque resta todo el proceso de apelación en la Corte.
En su informe final sobre una auditoría por entregas de subvenciones y aportes por asignación directa a la Municipalidad de Vitacura, el ente fiscalizador detectó irregularidades que incluyen gastos objetados a las corporaciones Vita y servicios pagados que no fueron prestados.
Jorge Bermúdez se refirió a las fallas en el documento presentado por el Ejecutivo al ente contralor para desarrollar la conmemoración del 11 de septiembre, confirmando que el Ejecutivo tuvo que “retirarlo porque tenía objeciones” de fondo y que debería ser reingresado “en las próximas horas”. También sostuvo que “debería tener prioridad para la revisión”.
A partir del análisis que hizo Contraloría en el organismo dependiente del Minvu, se detectó que hubo una evidente falta de control y monitoreo en la ejecución de los contratos que, por ejemplo, suscribieron con Democracia Viva, Movimiento Fibra, ProCultura, TomArte, Urbanismo Social, Espacio Lúdico y Techo para Chile. Además, al 30 de junio, respecto a 68 convenios vigentes, se habían presentado rendiciones por un total de $500.854.319 sin ser revisadas.
De acuerdo a las estadísticas que tiene la Contraloría General de la República, el año pasado se recibieron 145.362 Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), de un total de 101. 230 funcionarios del Estado.
En cinco días, en La Moneda se realizará una actividad que espera congregar a autoridades, invitados internacionales y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, faltaba una aprobación legal: la toma de razón del ente contralor, desde donde se habría alertado al Ejecutivo que había fallas en el documento ingresado por el gobierno y que, de quedar así, sería decretado ilegal.
Jorge Bermúdez expuso a los diputados de la CEI por líos de platas los detalles de las observaciones incluidas en el informe final de la auditoria que Contraloría hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda, por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade.
En la auditoría a la Seremi y el Serviu de Antofagasta, Contraloría detectó que 15 personas recibían sueldo de siete ONG, entre ellas Democracia Viva, aunque trabajan en oficinas de gobierno. Dos de estas trabajadoras serían contratadas recién el 1 de agosto como empleadas públicas.
Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.
"Es el momento en que el ministro dé un paso al costado”, dijo Eric Aedo (DC). Lo mismo planteó Yovana Ahumada (legisladora independiente), mientras que José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora por los convenios con ciertas fundaciones, dijo que “es un nuevo terremoto para el Minvu". En la Cámara, además, existe malestar de que el ministro haya pedido una sesión secreta para aportar antecedentes.
El Mandatario se encontraba participando de la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), cuando el órgano contralor -la tarde del jueves- dio a conocer el informe final de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en relación a las transferencias a la fundación Democracia Viva.
“Emplazamos una vez más al gobierno a comprometerse con acciones concretas, no solo con palabras de compromiso”, dijo la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, a la salida del encuentro con Ángel Valencia.
En el texto de 91 páginas, el organismo contralor advierte una serie de irregularidades, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la Seremi de Vivienda, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Minvu.
En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control del ente fiscalizador. Además, Jorge Bermúdez señaló que pronto se podría presentar otro informe de auditoría, correspondiente a fundaciones de Puerto Montt.
