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El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.

La autoridad comunal acusa al abogado que dirige la Contraloría de violar el secreto del sumario abierto por la institución en contra de Jadue al haber presidido la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En el escrito, sostiene que Bermúdez tuvo acceso a información de la investigación realizada por el fiscal del sumario, otro de los querellados.

Krist Naranjo fue sancionada, además, con el goce del 50% de su sueldo por el mismo período, tras utilizar el vehículo fiscal a su cargo para actividades particulares, incluyendo el traslado de su hijo.

Desde el entorno de la ministra advierten que hace un año y medio ella ya no forma parte de sociedad que constituyó. Sin embargo, desde RN piden al organismo contralor que dictamine si la ministra incurre en alguna causal de inhabilidad.

El órgano fiscalizador comunicó la solicitud por la participación de José Hidalgo en una protesta dentro de su horario laboral. El funcionario se defendió.

El caso se remonta a 2019, cuando la hoy ministra prestaba servicios a honorarios en el Ministerio de Economía, cartera que entonces dirigía José Ramón Valente. En ese momento formó parte del grupo de expertos que revisó propuestas de empresas para Data Observatory, pese a que unos meses antes había trabajado en una de ellas. Pese al punto, desde la cartera de Ciencias enfatizaron: "No se verificó la existencia de responsabilidad administrativa alguna".

Actualmente el organismo de control realiza múltiples investigaciones, las que abrió de oficio y dividió en cuatro grandes áreas, que abarcan todo el país: el Programa de Asentamientos Precarios, gobiernos regionales, el Ministerio de las Culturas y lo relativo a la Seremi Minvu de Antofagasta. En este último caso, el gobierno pidió prórroga para hacer sus descargos.

Durante la jornada, Ángel Valencia explicó que el objetivo era "unificar criterios y contribuir a la unidad de acción", pues el interés, complementó, es que ninguna de las 19 causas abiertas hasta ahora "se quede atrás". Por lo mismo, se contó con expertos pertenecientes a la entidad encabezada por Jorge Bermúdez, que recientemente ha develado irregularidades en traspasos a entidades privadas.

El máximo líder del organismo fue invitado a exponer ante la comisión de Función jurisdiccional. "Si me hicieran elegir, me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas porque no van en la dirección correcta", agregó.

"La corrupción va mutando, por lo tanto el Estado siempre va a la zaga de poder ir poniendo freno a ese flagelo que afecta a la democracia", fue parte de la exposición de Jorge Bermúdez ante la Cámara Baja.

La parlamentaria de Demócratas se refirió además a una eventual salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson: "Como autoridad política tiene que saber en qué minuto tiene que salir".

Las timoneles del PS y PPD, Paulina Vodanovic y Natalia Piergentili respectivamente, aseguraron que cuando ejercieron roles en el Estado nunca tuvieron una capacitación en materia de probidad, en alusión a que el ente fiscalizador confirmó este lunes que las autoridades de Boric se excusaron de participar en dichas instancias.

Las charlas para las autoridades entrantes no se generaron por “problemas de agenda” de la nueva administración y el ente fiscalizador no insistió.

"Se hacen más precisiones respecto a los contenidos exactos y detalles de las actividades que se van a desarrollar y precisiones de ese tipo, que yo diría son nuevos estándares”, sostuvo el gobernador de Los Lagos ante las observaciones que hizo el ente fiscalizador.

Tras la reunión, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, emplazó al Presidente Boric a tomar una decisión similar a la de la expresidenta Bachelet en 2015 luego de que estallaran los casos Penta y SQM: pedirle la renuncia a todo su gabinete.