El contralor Jorge Bermúdez congeló la toma de razón de todos los convenios en el país tras los casos que estallaron en los denominados “líos de plata”. A un mes de ese “freno de mano”, la entidad ya cuenta con un primer estado de avance. De 34 casos analizados, 29 no cumplían los estándares legales para realizarse. La situación más grave se detectó en el GORE de Los Lagos. A pesar de la objeción, igualmente se transfirieron más de $ 600 millones, por lo que se abrió un sumario.
Camila Flores, Catalina Del Real y Carla Morales solicitaron al órgano que realice la revisión de los caudales fiscales en todas las secretarías del Estado para encontrar si existen irregularidades en las reparticiones.
Estableciendo cuatro medidas basadas en la actual regulación, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez sostiene en su dictamen que "ha estimado necesario emitir un pronunciamiento respecto de diversas medidas tendientes a disminuir los riesgos de corrupción en los procesos de compras públicas de bienes y servicios". Entre la legislación citada, está aquella que impide los contratos con empresas ligadas a familiares. Todo esto, en medio del escándalo iniciado con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta.
De acuerdo a los descargos presentados por la defensa del alcalde de Recoleta ante la Contraloría, el sumario en su contra "adolece de vicios de legalidad". También acusaron que se ha transgredido el debido proceso y la honra del jefe comunal.
Esto, luego de que el contralor general confirmara que el órgano que encabeza formuló cargos contra alcalde de Recoleta por millonarios traspasos de fondos desde el municipio a la Asociación de Farmacias Populares y agregara que en la indagatoria se han constatado “irregularidades relevantes".
Jorge Bermúdez confirmó que el 6 de julio el alcalde de Recoleta -al igual que otros 10 funcionarios- fue notificados respecto de la formulación de cargos en su contra, por irregularidades en traspasos de fondos desde el municipio a la Asociación de Farmacias Populares. De acuerdo con lo detallado por el contralor, el monto objetado asciende a $ 600 millones.
El organismo fiscalizador, dirigido por Jorge Bermúdez, entró en la fase final del sumario abierto tras detectarse -en noviembre del año pasado- una serie de falencias en más de $ 600 millones traspasados desde municipios a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En medio de ese escenario, y en completa reserva, el jefe comunal de Recoleta fue notificado de una serie de infracciones levantadas en su contra y ante las cuales deberá hacer sus descargos. El futuro de la autoridad edilicia, una vez finalice la indagatoria administrativa, quedará en manos del concejo que deberá analizar lo indagado por Contraloría, que apunta al rol del militante comunista y su círculo de hierro en infracciones al principio de probidad.
La orden se da tras un requerimiento presentado por la bancada de diputados de Renovación Nacional, quienes también solicitaron que a dichos funcionarios se les imposibilite "ejercer labores en la Administración del Estado”, criticando la existencia de una "lógica de impunidad administrativa instalada por esta administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones".
"Aquí de lo que estamos hablando es de una grieta donde parece que se está colando ese virus de la corrupción", afirmó Jorge Bermúdez, en sesión de comisión de Vivienda del Senado.
Además, el órgano contralor informó que se realizarán "acciones de fiscalización en otros servicios, en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos".
El equipo viajó el lunes al norte del país y durante este martes iniciaron el trabajo en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que se centrará en la revisión exhaustiva de todos los traspasos de dineros realizados por la Seremi de la región a instituciones sin fines de lucro.
Entre las propuestas presentadas al órgano fiscalizador están modificar el proceso de trato directo, el control preventivo de cualquier traspaso de fondos públicos a privados que estén exentos de la toma de razón y que haya una mayor rigurosidad en la revisión de antecedentes de proveedores- organismos ejecutores y en el registro de estos.
Loreto Fernández Albornoz se sumó al extenso reparto de actores claves en el caso en que se indaga la frustrada compra de la exclínica por parte de la administración de Irací Hassler (PC). La funcionaria de la Corporación para el Desarrollo de la comuna, según declararon los profesionales que evaluaron el inmueble, les dijo que ella los contactaba en nombre del municipio, organizando el depósito de los honorarios y también armando un grupo de WhatsApp para coordinar los informes técnicos. Quien fuera su superior, y hoy actual hombre de confianza de la alcaldesa en la Secpla, Felipe Esbir, niega haberle encomendado esa labor, entonces, ¿quién le asignó esta tarea?
La ingeniera industrial de 55 años representa al partido Vente Venezuela y se había inscrito para participar en las primarias del 22 de octubre en las que la oposición buscará elegir a un candidato único para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.
La entidad encabezada por Jorge Bermúdez acordó que, durante la próxima semana, retomarán la revisión de documentos. Eso sí, iniciarán la labor con aquellos convenios que involucren a fundaciones con reconocida trayectoria. Se dejará para una etapa posterior lo referente a entidades creadas durante el último tiempo.
