El contralor tomó la decisión de paralizar la toma de razón sobre el traspaso de fondos entre entidades gubernamentales y distintas ONG. Se trata de un trámite interno en el cual tres equipos de Contraloría trabajarán en no más de 10 días para determinar si una decena de convenios están o no bien fundamentados. En La Moneda, en tanto, la medida los tomó por sorpresa.
El director ejecutivo de Comunidad Organizaciones Solidarias asegura que el caso investigado en Antofagasta ha perjudicado el trabajo de las otras instituciones. Eso sí, asegura que el funcionamiento de estas organizaciones debe ser mejorado, implementando medidas para facilitar la fiscalización. "Hoy las fundaciones están sujetas a infinitos controles de gasto, pero hay controles que no se hacen al inicio", dice.
En el marco del caso Democracia Viva el contralor Jorge Bermúdez aseguró que “esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que hay que, tal vez, regular de mejor manera”, añadió.
La instrucción se da luego que se destapara el caso Democracia Viva, situación que mantiene al Ministerio Público indagando supuestos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencia entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El diputado Juan Irarrázaval (Republicanos) ingresará los antecedentes durante la jornada del miércoles 28 de junio, incluyendo la resolución exenta de la Usach que otorgó el permiso a la exconvencional y que autorizó la realización de una "gira nacional sobre la propuesta de nueva Constitución". Como aseguró a La Tercera PM, solicitará que el organismo encabezado por Jorge Bermúdez “intervenga", persiga las responsabilidades y "que se ordene que se devuelvan los fondos".
El 12 de mayo entró a Teatinos 56 el documento original, firmado por la vocera Camila Vallejo y la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry. Allí se señalaba que era necesario contar con la asesoría de expertos que "participen del análisis, evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos". Seis días después, retiraron el documento para hacer correcciones, a solicitud del ente contralor, dado que había algunos puntos poco precisos y no tan claros, en términos de roles y funciones. Finalmente, se toma razón el 8 de junio.
El ente contralor decidió entrar de lleno al caso que pone la lupa sobre la entrega de fondos públicos en la zona, a organizaciones "sin fines de lucro", a raíz de la millonaria adjudicación a Democracia Viva. Desde la institución que dirige Jorge Bermúdez se pidió entregar de inmediato todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el programa de "asentamientos precarios", entre 2022 y 2023, identificando los actos administrativos que los aprobaron. El plazo final es el jueves 29 de junio.
La alcaldesa Daniela Peñaloza encargó un informe particular a la firma AZ para investigar el proceso de adquisición de inmuebles para la construcción de un nuevo consultorio, luego de que concejales denunciaran irregularidades en las negociaciones. El estudio hizo una serie de recomendaciones que terminaron -entre otras cosas- con la remoción del director jurídico de la municipalidad.
“Nosotros lo que estamos haciendo es estar concentrados en tratar de dar respuesta al brote de virus sincicial y creo que esa es la prioridad en este momento”, señaló la titular de Salud en La Moneda.
El senador Juan Luis Castro adelantó que para este lunes fueron citados a la instancia que él preside, tanto la ministra Ximena Aguilera como el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, para dar las explicaciones en torno a la decisión de no llamar a la Clínica Las Condes para consultar la disponibilidad de camas críticas, o el último episodio con Contraloría, en el marco de la muerte de la lactante Mía Olivares.
Mediante su cuenta de Twitter, la entidad fiscalizadora aclaró que "no ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución" que impida la contratación de servicios de salud. Mientras que, el Minsal respondió que fue una "confusión involuntaria" y que se refería a una inhabilitación de la justicia laboral.
A fines de octubre de 2021, Álvaro Bellolio se comprometió a contribuir con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, otorgándoles 30 mil dólares por un informe respecto del proceso de regularización migratoria que llevó el gobierno anterior. Sin embargo, al notar que el "acuerdo" se selló sin que existiera un convenio de cooperación y sólo tras el envió de una carta, la actual administración pidió el pronunciamiento de la entidad encabezada por Jorge Bermúdez, confirmando que se trató de un hecho ilegal. Por lo mismo, instruyeron un sumario administrativo y descartaron pagar el monto "adeudado".
60 días hábiles será el plazo para la devolución del dinero debido a pagos irregulares. Revisa a continuación si perteneces al proceso.
Como estableció la auditoría y examen de cuenta realizado, Sence "otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”. Además, constataron irregularidades en contratación de la empresa que los apoyaba en la revisión de casos, retrasos en pagos y en respuestas, y que hubo una evidente falta de fiscalización.
El martes el municipio de Vitacura se llenó de globos negros y pancartas por parte de los funcionarios, quienes protestaron en contra de la alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), luego de que la semana pasada se filtrara una lista con los nombres de trabajadores que enfrentan un sumario por parte de la Contraloría. La edil ha mantenido reuniones para aplacar la molestia en un momento que define como "doloroso".
