Después de un mes de trabajo, el órgano liderado por Jorge Bermúdez entregó sus primeras conclusiones.
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Tras la publicación de un informe de Contraloría que advirtió pagos irregulares a exdirectivos, la alcaldesa de Ñuñoa determinó judicializar el proceso y llevarlo a la arena de tribunales. A través de una querella pedirá que el Ministerio Público recabe información, ya que acusa que su antecesor no sólo habría estado al tanto de las irregularidades, sino que las habría autorizado.
El ente fiscalizador determinó que la actividad en la que expuso el exvicepresidente de la Convención Constitucional en julio “no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos"
El concejal PS Juan Salas inició una ofensiva en el Tribunal Electoral (TER) para que el alcalde de Recoleta deje el cargo temporalmente, argumentando que enfrenta una acusación penal en su contra por un caso de negociación incompatible. Sin embargo, el TER advirtió no tener competencia para el caso y también informó a Contraloría. Por su parte, los abogados del excandidato presidencial del PC descartaron que esta solicitud prospere.
La primera acción tiene que ver con la instalación de un kiosko frente a La Moneda, donde participaron las ministras junto con la subsecretaria de Gobierno, para entregar ejemplares de la propuesta constitucional. En el segundo escrito, se pidió indagar las declaraciones emitidas por el seremi de Salud del Biobío, quien en una charla habría asegurado haber sido mandatado por el Presidente Boric para impulsar la opción Apruebo.
Acción fue presentada por el abogado RN Marcelo Brunet Bruce, quien solicita que se conforme un equipo de fiscalizadores en dependencias de Presidencia y que se tomen medidas como prohibir cadenas nacionales al Mandatario para comunicar acuerdos por el Apruebo.
La ministra vocera afirmó que "nuestro rol como gobierno es aclarar que hemos estamos permanentemente llamando a todos los sectores a presentar sus propuestas porque la Segpres no solo coordina, establece las relaciones con los partidos, sino que también recepciona propuestas de carácter legislativo".
El ente fiscalizador emitió una resolución en la que advirtió que el ministro de la Segpres no se ajustó a la "necesaria prescindencia" en su rol en el acuerdo de reformas constitucionales entre partidos oficialistas.
En concreto, los gremialistas alegan que desde el Ejecutivo no se ha informado de manera correcta las obligaciones que tendrán los votantes en estos comicios, como lo es el voto obligatorio o el cambio de local de votación. Mientras que en Renovación coinciden en que la campaña informativa tampoco ha abordado las medidas sanitarias.
En una distendida entrevista, la jefa comunal abordó la investigación de Contraloría a su municipio por una denuncia de intervencionismo electoral de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. "Pare el hueveo" (sic), afirmó la edil.
La periodista acusó que mientras era una trabajadora "a contrata" -a fines de 2021- notificó de su embarazo y aun así la pasaron "a honorarios", para luego no renovarla en el puesto desde el 30 de abril pasado. Ante ello, la entidad dirigida por Jorge Bermúdez determinó que se le había contravenido la protección legal de la que gozaba, por lo que ordenaron que fuera reintegrada en el puesto que inicialmente tenía y que se le pagaran remuneraciones y cotizaciones adeudadas. Le dieron un plazo de 10 días al organismo que dirige Faride Zerán para informar del caso.
La información requerida deberá ser remitida dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación, señaló el órgano fiscalizador.
En diálogo en Twitter, el Servicio Electoral aclaró a la cuenta del personaje institucional de Contraloría que los primeros están facultados "para fiscalizar campaña y propaganda en términos de gasto y financiamiento, pero no el contenido".
Fueron tres los funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales del ente fiscalizador los que se reunieron con la subsecretaria de la Segegob, Valeska Naranjo, en el marco de la investigación especial anunciada.
