El ente fiscalizador, en un informe de 32 carillas, cuestiona a la alcaldesa no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsando la compra de un inmueble por cuatro veces su valor mercado. Asimismo, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez echó abajo el proyecto de Irací Hasler de tener "la primera clínica comunal", ya que le advirtió que eso excede sus funciones como jefa edilicia teniendo a su cargo sólo la "atención primaria de salud” y no la red hospitalaria, ni de clínicas. Como estoque final, se abrió un sumario para establecer la responsabilidad de haber seguido adelante con las maniobras de compra de Sierra Bella, pese a la orden expresa de Contraloría de suspender estas acciones.
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Un informe del órgano contralor determinó que existe una serie de falencias en los sistemas informáticos internos de Gendarmería, lo que ha generado que sólo un 0,11% de las identidades de los reclusos sean verificadas. A juicio de la institución, esos errores generan un riesgo a que los internos puedan suplantar la identidad de otros para quedar libres y fugarse de la cárcel, como ya ocurrió en 2019 en la cárcel de Puente Alto. En el caso de los extranjeros, precisa la auditoría, la situación es aún peor, ya que nunca se realiza el cotejo con la información del Registro Civil. Le dieron un plazo de 60 días al organismo para responder.
La gobernadora de Coquimbo ha cultivado durante su gestión una tensa relación con los 16 miembros del Consejo Regional, quienes en marzo de 2022 presentaron ante el Tricel una solicitud de remoción ante lo que consideran una serie de irregularidades durante su mandato.
El mismo día del plebiscito de salida del nuevo proceso constituyente, el 17 de diciembre de 2023, Jorge Bermúdez dejará el cargo. Pese a que aún faltan ocho meses, ya hay abogados que se erigen como su sucesor.
La magistrada Michelle Ibacache accedió a la diligencia solicitada por el fiscal Patricio Cooper, luego del requerimiento del abogado querellante, Sergio Rodríguez Oro. "Lo solicitado es proporcional al delito investigado", se señala en la resolución del tribunal. El documento tenía un valor de $ 2.465.862.002.
La alcaldesa Irací Hassler anunció el 18 de enero la “primera clínica municipal” para Santiago, la cual se ubicaría en la exclínica Sierra Bella. Pero aquello generó cuestionamientos de parte de los concejales de la comuna, quienes acusaron a la autoridad comunal de estar comprando un inmueble con sobreprecio. Esto derivó en que la Contraloría iniciara una investigación y congelara su compra. Ante todo, Hassler ha defendido su accionar y el de su municipio.
El gobierno reingresó el decreto -el cual ya fue tomado de razón- que permite el despliegue de los efectivos militares y los límites fronterizos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Si bien en su mayoría se hicieron cambios de forma, también se contempló uno de fondo: dejar constancia de que los arrestos deben ajustarse a los tiempos que fija la actual Carta Magna.
En el informe remitido por el municipio liderado por Irací Hassler a Contraloría se entregan detalles de la hoy cuestionada transacción, las razones de por qué se desechó un inmueble ubicado en calle Carmen y cómo arribaron al valor por el cual comprarían el recinto de la Inmobiliaria San Valentino. De acuerdo con algunos descargos, los concejales siempre estuvieron al tanto de los movimientos y asegura que ella ha actuado respetando toda la normativa vigente.
La administración de Irací Hassler incluyó los currículum de las personas que tasaron la ex clínica en el oficio que entregó a Contraloría. La institución fiscalizadora solicitó al municipio la entrega de antecedentes de la compra del inmueble donde construiría la "primera clínica municipal". Esto a raíz de que la compra fue objetada por parte de los concejales, quienes acusaron que existía un sobre precio en la adquisición del edificio.
"Se realizarán todas las gestiones y acciones necesarias para cumplir con lo dictaminado por la Contraloría General de la República", señalaron en un comunicado, aunque también hace hincapié en que la CGR “se refiere al acto administrativo de creación de la unidad y no juzga las facultades del Ministerio de Defensa Nacional en torno a asesorar y contribuir al desarrollo formativo de las FF.AA.".
La decisión de haber llevado el asunto al TC terminó bloqueando la solicitud para que la Contraloría revisara la legalidad de los decretos, ya que el contralor Jorge Bermúdez se abstuvo de emitir opinión. El gobierno apunta a que los requerimientos de inconstitucionalidad se rechacen por tratarse solo de un problema de legalidad. Ante ese escenario, La Moneda terminaría triunfando en ambos frentes.
El organismo de control ofició hoy al municipio dirigido por la alcaldesa Irací Hassler (PC) y le ordenó que no materialice la adquisición del inmueble mientras no se determine si existió o no sobreprecio en la compra del edificio.
El ente contralor afirmó que la solicitud se basa en los antecedentes entregados por medios de comunicación sobre un eventual sobreprecio en la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la administración de Irací Hassler.
La solicitud había sido ingresada el pasado 9 de enero por la UDI solicitando al organismo liderado por Jorge Bermúdez pronunciarse sobre la legalidad de dichos actos.
En conversación con La Tercera, Gustavo Alessandri abordó el pronunciamiento del órgano contralor, que declaró que la ordenanza municipal que busca restringir la libertad de desplazamiento para menores de 14 año "no procede" y que excede el ámbito de las atribuciones del municipio y el Concejo.