Esta jornada se conoció que el órgano contralor solicitó al Ministerio de Justicia un informe para conocer los antecedentes de los 13 indultos realizados por el Presidente Gabriel Boric.
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Dicha actividad, a juicio de los parlamentarios de RN, María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, estaría fuera de las potestades de un municipio.
El ente contralor estableció que "el acoso sexual o laboral se despliega en muchas ocasiones en un contexto al margen del público, por lo que los citados audios o capturas de pantalla pueden ser uno de los pocos -sino el único- medios a los que se puede recurrir a fin de probar las anotadas conductas de acoso".
Las instituciones acordaron llegar a buen término tras suscribir a un convenio para "fortalecer la probidad y transparencia".
Después de largos meses de retraso en que debieron completarse diversos trámites administrativos, la Contraloría tomó razón del proyecto y este quedó en condiciones de comenzar su ejecución. El presupuesto supera los 50 mil millones de pesos, 18 mil millones más que lo planeado previamente.
La instancia tiene hasta el 12 de diciembre para presentar su informe.
El ente contralor falló a favor de un requerimiento presentado en agosto pasado por diputados de la tienda opositora, donde se cuestiona la legalidad de la resolución exenta N° 3925 de 2020, que permitió al gobierno de Sebastián Piñera y al actual, entregar beneficios extrapenitenciarios a presos mapuches.
Luego que la Contraloría tomara razón del reglamento que impedía la aplicación de la Ley 21.411, las autoridades comunales y vecinos ya trabajan para tratar de conseguir mayor seguridad ante el aumento de los hechos delictuales.
El ente contralor, además, determinó que la designación -que fue revocada- significó una eventual invasión a las funciones que le competen a otros ministerios.
El requerimiento solicitaba determinar si el secretario de Estado, en su rol como ministro de la Segpres, faltó a la probidad administrativa “por ciertas conductas” en el periodo previo al plebiscito constitucional.
En la acción interpuesta por el abogado Marcelo Brunet se hace presente que podría existir irregularidad en el pago que recibieron profesionales por supuestas funciones prestadas en junio de 2021, dado que en algunos casos, dichos personeros no aparecen en el registro histórico. Sólo se pedía una declaración jurada para acreditar que las labores se prestaron, lo que abrió sospechas en la derecha. En paralelo, el diputado Jorge Alessandri pidió un pronunciamiento de Contraloría, aunque desde Segpres descartan haber incurrido en faltas.
Después de un mes de trabajo, el órgano liderado por Jorge Bermúdez entregó sus primeras conclusiones.
Tras la publicación de un informe de Contraloría que advirtió pagos irregulares a exdirectivos, la alcaldesa de Ñuñoa determinó judicializar el proceso y llevarlo a la arena de tribunales. A través de una querella pedirá que el Ministerio Público recabe información, ya que acusa que su antecesor no sólo habría estado al tanto de las irregularidades, sino que las habría autorizado.
El ente fiscalizador determinó que la actividad en la que expuso el exvicepresidente de la Convención Constitucional en julio “no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos"
