La autoridad escribió una carta en la que expresa sus “más sentidas excusas por no poder acompañar a la Convención Constitucional en un momento tan importante para nuestro país”. Su ausencia se suma a la de los expresidentes.
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El jefe de la bancada de diputados gremialistas señaló que no retirarán el requerimiento ingresado ante la Contraloría, ya que el pronunciamento de la entidad fiscalizadora, aseguró, constituirá "una señal para todos los otros servicios públicos que sentían esa emoción, ese cosquilleo de llegar al poder por primera vez a refundarlo todo, para que tengan claro que no lo pueden hacer si no es cumpliendo todas las normas del derecho público”.
Este pronunciamiento responde a una inquietud presentada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), por la aplicación del criterio establecido por la Dirección del Trabajo por el adelantamiento y extensión de las vacaciones de invierno.
El partido solicita al ente contralor que se pronuncie sobre "si la directora administrativa de la Presidencia de la República se extralimitó en sus atribuciones".
A través de un dictamen, el ente contralor señaló que si bien la seguridad y el orden público deben ser ejercidos por las policías, "a los municipios les está permitido, en dicho ámbito, llevar a cabo sólo labores de apoyo y colaboración, lo que, desde luego, también resulta aplicable, tratándose de las actividades de inspección, que servidores municipales puedan ejecutar con ocasión de alguna manifestación social”.
Luego de que ingresaran requerimientos de parlamentarios de oposición, el ente fiscalizador dio inicio al proceso de recopilación de información por video con que el Ejecutivo busca promocionar el proceso eleccionario del 4 de septiembre. El propósito del oficio que enviará el organismo es conocer el presupuesto fiscal utilizado para después analizar el fondo del contenido y así determinar si hubo o no una conducta prohibida para funcionarios públicos, como lo es tomar parte por una de las dos alternativas usando para ello dinero del Estado.
La situación fue alertada por el propio conductor de la autoridad, quien detalló las faltas en un informe que elevó a sus superiores administrativos del Gore.
El ente fiscalizador se pronunció luego de diversos reclamos de figuras de Chile Vamos por la realización de una transmisión en la que participaron los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo a través de cuentas institucionales, donde hablaban del proceso constituyente.
Como resultado de los sumarios que inició luego de detectar -en 2019- un déficit de más de $17 mil millones en el municipio, el órgano contralor propuso destituir a Pablo Staig y Miguel Salvo -que ya no trabajan en la alcaldía- y suspender a Manuel Echeverría, director de Finanzas. Además se determinó que Reginato tuvo responsabilidad administrativa, pero no se remitirán los antecedentes al concejo municipal, debido a que la exalcaldesa ya fue sancionada por el Tricel con el cese de su cargo de concejala.
En el documento presentado por el Ejecutivo se establecen una serie de medidas que ya se habían visto en otros Estados de Emergencia aplicados anteriormente, como la autorización de reuniones, control de accesos o el dictar medidas de protección para servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales, entre otros.
El jueves de la semana pasada, el Ejecutivo retiró el decreto despachado por la administración anterior, en que fijaba como única alternativa para el cambio de residencia temporal, argumentos de carácter humanitario y de reunificación familiar. Con la firma del Presidente Boric se agregó una nueva excepción a discreción de la Subsecretaría del Interior.
El organismo, que fiscalizó programas de empleo “Contrata” y “Regresa” ejecutados por Sence, detectó irregularidades y fallas de gestión como la entrega de subsidios a empresas que no cumplían condiciones de acceso, que declararon trabajadores ya fallecidos, con licencia médica, o a mayores de 100 años.
El órgano fiscalizador aclaró que los servicios para el cambio de mando de Gabriel Boric “no han sido revisados por esta entidad fiscalizadora”, esto luego de que la secretaría de Estado asegurara que entendía que la institución ya había examinado los contratos realizados para dicha ceremonia.
Órgano contralor precisó que los servicios para el cambio de mando "no han sido revisados por esta entidad fiscalizadora”. Esto, luego de que la ministra del Interior saliera a responder por una serie de adquisiciones “con urgencia” hechas por la Presidencia de la República con motivo de la ceremonia, cuyas órdenes de compra tienen fechas posteriores al 11 de marzo. “Entiendo que la Contraloría ha hecho revisión de los tratos directos y está todo en norma”, había señalado la secretaria de Estado.
Este viernes el órgano contralor dictaminó que “no resultó procedente que la Municipalidad de Santiago haya dispuesto la utilización de bienes municipales para el desarrollo de la actividad particular en cuestión, por no enmarcarse ello dentro de la ejecución de funciones propias del municipio”.
