Desde la repartición sostuvieron que los dineros analizados desde 2007 a 2023, aún no concluyen su proceso de rendición, por lo que pueden tener objeciones o estar en proceso de revisión, impidiendo el cierre administrativo.
Etiqueta: Contraloría
En los informes se pueden observar que en los tres centros de salud existen discordancias en los registros que tienen en su sistema con el registro ministerial.
El ente fiscalizador analizó las transferencias de los organismos entre 2007 y 2023. En el caso de la Secretaría Regional de Educación de la RM, determinó que aún no se han rendido $ 2.888.393.255, mientras que en la Subsecretaría de Educación, ese monto se eleva a $ 75.849.011.589. En la indagatoria se determinó que, incluso, algunos beneficiarios de esos recursos ya han fallecido, así como también algunos sostenedores ya fueron traspasados a los SLEP.
Luego de ser criticada la tardanza en su tramitación puesto que podría haber ayudado a aminorar la emergencia tras las lluvias de agosto, el documento fue ingresado el pasado 7 de agosto a Contraloría para su revisión y posterior toma de razón. Las compañías han retrucado que su contenido generaría situaciones fuera de la norma y con efectos prácticos nocivos para el despliegue de la red.
El órgano fiscalizador auditó contratos suscritos entre enero de 2015 y diciembre de 2023 en las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla.
Esto, luego de que el concejal Reinaldo Rosales denunciara ante el ente fiscalizador la contratación del panelista de “Sin Filtros” como asesor del jefe comunal, por no estar relacionada con fines municipales.
En base a los elementos expuestos en el documento es que la fiscal Constanza Encina reformalizará a la exjefa comunal el próximo 13 de septiembre. Se indica que pese a que directores de control hacían advertencias sobre los abultados gastos y de las deudas, se seguía con excesivos gastos y se intervenían cuentas públicas.
Resulta evidente la necesidad de revisar el actual marco normativo, de modo de precisar con mayor rigor los criterios que permitan diferenciar lo propiamente informativo de una promoción interesada del gobierno.
Los parlamentarios señalaron que es “absolutamente inaceptable desde la lógica de la democracia constitucional" la utilización de recursos públicos en la creación de la pieza audiovisual.
Diputados de la UDI solicitaron al organismo encabezado por Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad del trato fijado por más de $600 millones con Unholster. "Es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”, sostuvieron.
Auditorías a centros asistenciales detectó "inconsistencias" en los registros usados para almacenar datos de usuarios, en el caso de O'Higgins, y la creación de "una lista paralela" de pacientes en espera de una intervención quirúrgica en La Araucanía.
Si bien en el pasado la Contraloría no objetó que los gobiernos de Bachelet y Piñera recurrieran a videos para empujar proyectos, su difusión siempre se restringía a redes sociales y a sitios web institucionales. Las campañas televisivas solo operaban para difundir leyes aprobadas por el Congreso.
Los parlamentarios cuestionaron una revista difundida por la municipalidad, acusando que la publicación “se erige más bien como un panfleto electoral, antes que una publicación de carácter informativo".
Administración comunal adquirió una propiedad por casi cuatro veces su avalúo fiscal, pagando $350 millones cuando su valor era de solo $81 millones.
En paralelo, el oficialismo también se apresta a levantar una petición similar, a través del diputado independiente PR Tomás Lagomarsino, luego de los informes de Contraloría que detectaron graves irregularidades en el registro de estas nóminas, en los hospitales de Talca y Antofagasta. Una arista que impacta a la ministra Ximena Aguilera y a La Moneda, en medio de un año electoral.
