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Brown, descrito por el diario El País de España como el mayor historiador vivo de lengua inglesa, plantea en esta entrevista con La Tercera que ante la cultura de la cancelación, los profesionales de su área “tienen una ventaja, que es la determinación absoluta de que nada de lo ocurrido en el pasado debe ser cancelado. Esa es la blasfemia máxima”. Además, respecto de la pandemia, sostiene que el momento actual que atraviesa el mundo “nos ha hecho conscientes de la fragilidad de nuestras instituciones”.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han presentado ya cuatro iniciativas para reformar la Constitución y enfrentar las preguntas que deja este caso, ya que la legislación no contemplaba un mecanismo de renuncia y reemplazo. De ellos, uno se refiere sólo al reemplazo; dos agregan fórmulas de dimisión para convencionales, y uno involucra también a parlamentarios. La mesa de la Convención aún no conoce de estos intentos, aunque algunos de sus autores han tratado de reunirse con ellos.
Los casi $ 1.800 millones solicitados en agosto para aumentar las asignaciones por convencional están trabando las conversaciones, y mientras en el Ministerio de Hacienda calculan que la Convención necesitaría $ 9.600 millones para funcionar este año, en la Constituyente creen que el monto debiera ser $ 11.000 millones. Fijar el total de recursos es vital para proyectar los fondos para el siguiente erario.
Justo en la jornada en que el convencional declaró ante la PDI por la querella de perjurio en su contra -tras haber reconocido un falso diagnóstico de cáncer-, los distintos colectivos del órgano presentaron más de mil indicaciones a los cuatro reglamentos que serán votados la próxima semana, entre ellas, al artículo que establece un mecanismo de vacancia, renuncia y reemplazo en el cargo. Desde Vamos por Chile buscan mantener lo establecido en la actual Constitución, argumentando que una norma reglamentaria no puede modificar aquello, mientras que sectores de centro e izquierda buscan mantener lo aprobado por la comisión provisoria, modificando solo algunos aspectos.
Patricio Cooper, jefe de la Fiscalía Centro Norte, hizo llegar este martes una orden de investigar a la Bicrim de Santiago, para que ejecute una serie de diligencias como puntapié inicial a la investigación penal que se abrió luego de que la mesa de la Convención remitiera los antecedentes de eventuales delitos cometidos por Rodrigo Rojas, quien declaró una deuda por tratamientos contra el cáncer que -él mismo admitió- no padece. Entre las pesquisas se contempla, además, solicitar información al Minsal sobre su paso como usuario del sistema público.
El académico de la UC y especialista en cambios constitucionales analiza las tensiones en torno al proceso. Además, plantea que “es un error pensar que en esta Convención el centro quedó vacío”.
El líder empresarial se mostró contrario a un cuarto retiro, ya que sostuvo que está disponible el IFE universal.
No fueron electos como constituyentes, pero hoy son parte relevante del accionar de la CC, ya que son los encargados de que todo fluya: las sesiones, las comisiones, las votaciones, los desplazamientos, la comunicación. La mayoría proviene de la Cámara de Diputados, y otros, de las universidades de Valparaíso y la Católica.
La autoridad defiende el rol administrativo que ha tenido su cartera en el marco de la instancia que elaborará la nueva Constitución. Asegura que no se han valorado los esfuerzos que ha hecho el gobierno en la materia y que al Ejecutivo se le pidió “mucho minimalismo y de forma muy respetuosa lo hemos aceptado, (pero) ese minimalismo genera un problema”.
Señalan que los cambios inesperados de pauta, los votos a mano alzada sin registro, socavan la certeza que debería entregarse a la ciudadanía que tiene los ojos puestos en su trabajo. “Más allá del sistema de votación, que de manera autónoma determine la Convención, lo importante es que sea de cara a la ciudadanía, a partir de procedimientos que permitan el ejercicio de control social de las decisiones”, recomienda el Consejo para la Transparencia.
La declaración sobre los detenidos en el marco de la crisis social ha generado las primeras divisiones al interior del órgano. De hecho, esta jornada 37 constituyentes de Vamos por Chile emitieron una declaración rechazado la misiva e insistiendo en que en Chile “no hay presos políticos”. Además, desde el Senado y la Cámara de Diputados salieron a defender la institucionalidad del Congreso tras la propuesta de los convencionales. "Hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN).
Hasta el momento el documento - consistente en una propuesta de las conclusiones por parte de quienes organizaron los diálogos convocados por la Vocería de los Pueblos- no ha sido visado por los más de 90 miembros electos que fueron parte de las conversaciones, pero se espera que durante la jornada lo suscriban quienes se sientas representados por él.
