Va en 12 el conteo de los exconvencionales que han reforzado las tareas de la administración del Presidente Boric. El 3 de agosto fue la Seremi de las Culturas de Copiapó la entidad que contrató a Malucha Pinto.
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El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.
Entre los cambios propuestos se disminuye umbral de 7.000 UTM a 3.000 UTM de los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación a entidades públicas. En transferencias a privados todo debe ser analizado por los consejeros regionales. Además se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. Los diputados plantearon dudas sobre el endeudamiento.
El organismo ultima los detalles de una demanda civil en contra de Democracia Viva, que a pesar de haberse cumplido el plazo que tenía para devolver dineros por conceptos de tres contratos cancelados, sólo ha restituido el 75% del total. Además, tras petición del Ejecutivo, la entidad prepara nuevas medidas con miras a retener los bienes de EnRed y Arquiduc.
De los 77 traspasos indagados por el Ministerio Público respecto de Secretarías Regionales Ministeriales, 60 fueron visados por autoridades ligadas a la administración del Presidente Gabriel Boric. En cuanto al total de los montos pesquisados, el 18,1% se transfirió desde las Seremis, aunque la mayoría de los dineros cuestionados provino desde los gobiernos regionales.
No sólo Democracia Viva es la entidad con la que la cartera liderada por Carlos Montes libra una batalla para recuperar dineros, sino que a través de otras dos seremis también se han pedido devoluciones a EnRed y Arquiduc. Como constataron profesionales del servicio, ambas ONG incumplieron disposiciones fijadas en los respectivos contratos, no hicieron las rendiciones que correspondían ni cumplieron con las etapas estipuladas.
Según reconocieron los dirigentes opositores, los énfasis de la cita estuvieron en seguridad, agenda de probidad, pensiones y pacto fiscal. "Les pedimos que no pueden pensarse puentes de diálogo si el gobierno con sus declaraciones los dinamita", llamó el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, aludiendo al episodio Onofre Jarpa.
Tras este nuevo movimiento de piezas, el partido más damnificado fue RD, que perdió dos ministerios estratégicos (Educación y Desarrollo Social) y se tuvo que conformar Bienes Nacionales, una cartera sectorial y de tercera línea política. El timonel de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, reconoció que hubo una “merma” respecto a la posición que tenían previamente en el equipo ministerial.
Luego del cambio de gabinete que culminó con la llegada de cuatro ministros, el Presidente llamó a su coalición y a Chile Vamos "a retomar el diálogo político para destrabar en conjunto el pacto fiscal, reforzar la agenda de seguridad y también mejorar los estándares de probidad".
El nuevo diseño ministerial sería presentado por La Moneda el mediodía de este miércoles, según pudo confirmar La Tercera. Hasta ahora, los cambios se producirían en Cultura, Educación, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.
Una serie de cuestionamientos se han levantado por los convenios celebrados entre la fundación y varias instituciones estatales debido a la diversidad de los rubros por los cuales ha recibido millonarias transferencias, lo que le ha valido ser la ONG investigada en más regiones -cinco hasta ahora- por el Ministerio Público.
El Presidente prepara su tercer cambio de equipos con el objetivo de reimpulsar la gestión del gobierno, que está golpeado por el lío de platas que se desató por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. El anuncio, si todo sigue como está previsto, será este miércoles.
El Ministerio Público ya ha abierto 23 causas para indagar las transferencias realizadas por diferentes reparticiones públicas a fundaciones. Hasta el momento, los recursos involucrados en estos traspasos llegan a $32.156.274.081.
La bancada de diputados de RN envió un requerimiento a Contraloría para fiscalizar el rol de Daniella Caldana, auditora general de gobierno, por su presunta responsabilidad en la instrucción de no informar detalles sobre traspasos a terceros, decisión que ha sido cuestionada a la luz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en que se indagan eventuales delitos de corrupción.
El anuncio fue entregado por tres ministros de Estado: Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda), además de otras autoridades de La Moneda. Entre las medidas, destaca la entrada en vigencia de un nuevo instructivo para regular transferencias del Estado hacia terceros.
