La bancada de diputados de RN envió un requerimiento a Contraloría para fiscalizar el rol de Daniella Caldana, auditora general de gobierno, por su presunta responsabilidad en la instrucción de no informar detalles sobre traspasos a terceros, decisión que ha sido cuestionada a la luz de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en que se indagan eventuales delitos de corrupción.
El anuncio fue entregado por tres ministros de Estado: Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda), además de otras autoridades de La Moneda. Entre las medidas, destaca la entrada en vigencia de un nuevo instructivo para regular transferencias del Estado hacia terceros.
En medio de una actividad, el titular del Minvu aseguró que el ministerio está llevando adelante acciones para esclarecer el lío de platas, además lamentó que el caso “ha provocado mucho daño, porque provoca mucha desconfianza en todo, en las instituciones y más todavía con la plata de los campamentos”.
El jueves el Mandatario intervino con un megáfono en una manifestación instalada en las afueras del Palacio Presidencial, donde un grupo de vecinos pedía soluciones en materia habitacional. Esta jornada el mismo Presidente defendió su actuar.
“Hay un aspecto que es bien clave y tiene que ver con la afectación de la confianza”, señaló el ministro de Justicia en una entrevista radial, respecto a los polémicos convenios entre reparticiones públicas y fundaciones.
El presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja por las presuntas irregularidades en convenios de entidades estatales con fundaciones, dijo que probablemente las invitaciones “se enviarían mañana (viernes) en la mañana”. Con respecto a la crisis que enfrenta hoy el gobierno, José Miguel Castro señaló que “yo siempre confío en que sean actos de corrupción, porque el Estado no es corrupto, son las personas lo que lo hacen corrupto”.
Los consejeros regionales señalan que de haber hechos constitutivos de delito identificados por la investigación de Fiscalía procederán según determina la ley. Sin embargo, en el caso de Rodrigo Díaz, algunos esperan que antes dé un paso al costado por su "responsabilidad política y administrativa" en los líos de plata.
La acción legal va dirigida contra el excandidato presidencial Diego Ancalao, el representante legal de Kimün, Jaime Huincahue, y contra quienes resulten responsables en los eventuales delitos que se acrediten durante la investigación que desarrolla el Ministerio Público en Puerto Montt.
Actualmente el organismo de control realiza múltiples investigaciones, las que abrió de oficio y dividió en cuatro grandes áreas, que abarcan todo el país: el Programa de Asentamientos Precarios, gobiernos regionales, el Ministerio de las Culturas y lo relativo a la Seremi Minvu de Antofagasta. En este último caso, el gobierno pidió prórroga para hacer sus descargos.
El Ministerio Público realizó diversas diligencias a raíz de presuntas irregularidades en convenios suscritos con las fundaciones EnRed, Enlace Urbano, En Ti y con Corporación Kimün. En paralelo, Democracia Viva ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta a fin de que se realice nuevamente el proceso mediante el cual se les ordenó restituir $ 391.768.516.
En el marco de la misma indagación, además, el fiscal a cargo obtuvo orden de entrada y registro para revisar las dependencias regionales del Ministerio de Vivienda y del Serviu.
“Acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar”, dijo el Presidente, asegurando que el "mandato" que dio a sus colaboradores es que todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no sigan ocurriendo”.
El jefe de Estado cuestionó que si bien las acusaciones constitucionales son atribuciones legítimas de los parlamentarios, estas "tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha".
Diego Ancalao, quien se encuentra en prisión preventiva, fue el primer detenido en esta causa. Huincahue enfrentará a la justicia en las próximas horas.
Fue a través de un comunicado que el Colegio Padre Hurtado y Juanita de Los Andes anunció la cancelación de la participación de un seminario de salud mental del psiquiatra Alberto Larraín, quien, además, es el director ejecutivo de ProCultura. Según señaló el centro educativo, la suspensión se debe a que la organización que este dirige está vinculada al caso lío de platas, precisamente por millonarios contratos con varias reparticiones estatales por diversas funciones.
