La ex jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, prestó declaración por segunda vez ante la fiscalía.
Etiqueta: Convenios
"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
"En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización”, señaló la contralora (s).
El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.
En medio de la determinación, además, el fiscal nacional dispuso que el persecutor que estaba a cargo de ambas indagaciones, Eduardo Ríos, también se traslade hasta la región de Antofagasta y se sume transitoriamente al equipo que encabeza Juan Castro Bekios.
El tribunal de alzada consideró que existen presunciones que dan cuenta de la existencia del delito investigado y de la participación del imputado en calidad de autor. Además, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
A Kelly Betancourt se le imputaron los cargos de fraude al fisco y lavado de activos por la suscripción de cuatro convenios firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras y la citada fundación en 2022.
La determinación se dio luego de que al exRD se le imputaran nuevos delitos de fraude al fisco. El tribunal fijó 75 días de plazo para la investigación.
La Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía la imputada.
El Ministerio Público apunta en su recurso que hasta ahora no existen nuevos antecedentes que permitan cambiar la medida cautelar de la suspendida militante de RD y exfuncionaria de la Seremi de Vivienda acusada de fraude al Fisco.
La vocera el Ejecutivo, si bien reconoció que ha habido falencias, recalcó que “también hay muchas cosas que han ido mejorando desde el año que asumimos y cómo asumimos el país hasta la fecha”.
La audiencia de Luisa Fonseca Galaz está programada para el 4 de abril a las 12.00.
La declaración del exseremi de Vivienda ante los investigadores se extendió por tres días. En suma, fueron más de 18 horas en las que desmenuzó su rol en la cuestionada repartición. Según él, todas las decisiones que tomó estaban visadas por las jefaturas, por lo que de haber irregularidades apunta a las mismas como responsables.
Este miércoles 28 de febrero la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará los recursos presentados por las defensas del ingeniero civil y del exseremi Carlos Contreras. Ambos imputados por fraude al Fisco aseguran que hubo una ponderación errónea de los antecedentes y que han colaborado sustancialmente con la indagación. Por su parte, el Ministerio Público insistirá en que sigan bajo resguardo en la cárcel. A diferencia del exseremi, que ha declarado en más de una oportunidad ante el Ministerio Público, el exrepresentante de RD ha optado por el silencio... por ahora.
Los militantes de Revolución Democrática fueron citados por Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, y el fiscal jefe de la ciudad nortina Cristian Aguilar. Los persecutores viajaron para las diligencias que se desarrollaron en el edificio de la Fiscalía Nacional en Santiago.
