Luisa Fonceca Galaz fue formalizada por lavado de activos.
Etiqueta: Convenios
A más de 300 días de que estallara el escándalo del “lío de platas” a raíz de las irregulares transferencias de recursos públicos a ONG, el fiscal insiste en que no ha existido sesgo en la investigación y que todos los involucrados, independiente de su condición de autoridades, serán indagados.
El miércoles recién pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación en contra de la ONG, lideró el allanamiento al GORE de Ñuble, que terminó con la incautación del equipo del gobernador Óscar Crisóstomo y de otros dos altos funcionarios de la repartición regional, la que es indagada por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco por un convenio de $ 266 millones.
Fiscal nacional entregó la cuenta pública de su institución este viernes. Al abordar las investigaciones por convenios presuntamente irregulares entre fundaciones y organismos estatales, recordó que han habido 22 imputados.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
El abogado Gonzalo Medina, aseguró que la diputada no tuvo "ninguna intervención" en los convenios firmados entre la fundación y el Minvu. "Por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, aseveró.
La ex jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, prestó declaración por segunda vez ante la fiscalía.
"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
"En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización”, señaló la contralora (s).
El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.
En medio de la determinación, además, el fiscal nacional dispuso que el persecutor que estaba a cargo de ambas indagaciones, Eduardo Ríos, también se traslade hasta la región de Antofagasta y se sume transitoriamente al equipo que encabeza Juan Castro Bekios.
El tribunal de alzada consideró que existen presunciones que dan cuenta de la existencia del delito investigado y de la participación del imputado en calidad de autor. Además, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
A Kelly Betancourt se le imputaron los cargos de fraude al fisco y lavado de activos por la suscripción de cuatro convenios firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras y la citada fundación en 2022.
La determinación se dio luego de que al exRD se le imputaran nuevos delitos de fraude al fisco. El tribunal fijó 75 días de plazo para la investigación.
La Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía la imputada.
