A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.
El titular del Minvu afirmó que desde su cartera “lo único” que esperan, “es que esto avanzara, que se clarificara, que se sancionara a quien haya que sancionar”.
"Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe", aseguró el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric ante diputados de la instancia.
La determinación del 17° Juzgado Civil de Santiago se da tras una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, instancia que recibió inconsistencias detectadas por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, se advirtió que no destinaron su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social.
El parlamentario Mauricio Ojeda es imputado por fraude al Fisco y variados delitos de corrupción, en la causa ligada al denominado "caso manicure". Antes de lograr formalizarlo la Fiscalía debe desaforarlo, para lo cual presentó esta mañana ante la Corte de Apelaciones de Temuco una serie de antecedentes, entre los que se encuentran reuniones que tuvo Ojeda con otros imputados tras conocer la indagatoria.
"La determinación de esto, como en todos los casos, le corresponde a los poderes colegisladores. Y nosotros en eso somos respetuosos en señalar el punto, pero esperar cuáles son las soluciones y las determinaciones que tomen los gobiernos”, manifestó la contralora subrogante.
La parlamentaria declaró el pasado 19 de abril e insistió en que nunca estuvo al tanto de irregularidades de platas.
La auditora general de Gobierno, Daniella Caldana, ha sido señalada en medio del caso líos de platas como quien flexibilizó controles respecto a transferencias de recursos; sin embargo, en su declaración ante el Ministerio Público descartó maniobras irregulares. Según expuso, las anomalías derivadas del caso no pasaron por las modificaciones que introdujo, sino porque terceros se pusieron de acuerdo para ello.
Luisa Fonceca Galaz fue formalizada por lavado de activos.
A más de 300 días de que estallara el escándalo del “lío de platas” a raíz de las irregulares transferencias de recursos públicos a ONG, el fiscal insiste en que no ha existido sesgo en la investigación y que todos los involucrados, independiente de su condición de autoridades, serán indagados.
El miércoles recién pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación en contra de la ONG, lideró el allanamiento al GORE de Ñuble, que terminó con la incautación del equipo del gobernador Óscar Crisóstomo y de otros dos altos funcionarios de la repartición regional, la que es indagada por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco por un convenio de $ 266 millones.
Fiscal nacional entregó la cuenta pública de su institución este viernes. Al abordar las investigaciones por convenios presuntamente irregulares entre fundaciones y organismos estatales, recordó que han habido 22 imputados.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
El abogado Gonzalo Medina, aseguró que la diputada no tuvo "ninguna intervención" en los convenios firmados entre la fundación y el Minvu. "Por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, aseveró.
La ex jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, prestó declaración por segunda vez ante la fiscalía.
