En las próximas semanas el Ministerio Público resolverá cuál es la situación procesal del exmilitante DC. Esto, luego de que el cerco de los investigadores se fuera estrechando a su alrededor y esta semana se concretara la detención de una de sus colaboradoras de confianza, más otra funcionaria de la Gobernación Regional de Los Lagos.
La suspensión anticipada de convenios ha permitido a la cartera encabezada por Carlos Montes retener a las fundaciones involucradas varios cientos de millones, ya que las acciones emprendidas habilitaron al CDE para conseguir medidas precautorias en juzgados civiles. Desde la repartición insisten, en ese sentido, que utilizarán "todas las herramientas que nos permita la ley para recuperar los dineros".
Los arrestos de Viviana Godoy y Gloria González, realizados por personal de la PDI, corresponden a los primeros respecto de funcionarios públicos del Gobierno Regional de Los Lagos, en el marco de las indagatorias por desvíos de dineros que está investigando el ente persecutor.
La ONG, que es investigada en cinco regiones por convenios que suman más de $3 mil millones, asegura que la decisión se produce por el daño reputacional y patrimonial que generó la revelación de irregularidades en el traspaso de dineros públicos a entidades privadas sin fines de lucro.
Ricardo Díaz había asegurado que, en su opinión, había un "intento" de la legisladora y su entorno "de ir juntando recursos para futuras elecciones".
Tras la entrevista que la diputada Catalina Pérez (RD) concedió a este medio, surgieron nuevas dudas respecto a la fecha en que La Moneda se enteró de las primeras denuncias en torno al caso Democracia Viva. "La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente", dijo la parlamentaria.
El integrante de la comisión investigadora especial (CEI) por los líos de platas políticas apuntó a Tatiana Rojas y a Juan Ignacio Latorre -ambos militantes de RD- por su responsabilidad en el caso de Democracia Viva. Además, defendió a Catalina Pérez: "Creo que ella dice la verdad (...), a veces uno tiende a creer todo lo que la pareja le afirma".
La diputada -foco del lío de platas que puso en jaque la promesa de probidad del gobierno de Gabriel Boric- afirma que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año.
Un nuevo flanco se abrió esta semana para el gobierno en el marco del denominado caso “líos de platas”. El golpe lo dio el contralor Jorge Bermúdez. Tras auditar a 15 Seremis de Vivienda y 9 gobiernos regionales decidió enviar todos los antecedentes a la Fiscalía, dando cuenta de que las irregularidades están esparcidas por todo el país.
El subsecretario del Interior afirmó que "las irregularidades se produjeron en el traspaso de recursos en el año 2021 y 2022″, respecto de las faltas y debilidades institucionales que fueron detectadas por la auditoría de Contraloría en seremías y Gores en cuanto al control de transferencias públicas hacia privados.
La entidad encabezada por Jorge Bermúdez detectó graves falencias en gestiones realizadas tanto por la Seremi de Vivienda de la región como también por parte de la Subsecretaría de la cartera. Por lo mismo, iniciaron un sumario y remitieron antecedentes tanto al Ministerio Público como al CDE. Si bien desde la Fiscalía aseguran que lo más probable es que se abra una nueva arista, primero los antecedentes serán analizados al detalle.
En medio de las críticas que reflotaron en la oposición en contra del ministro de Vivienda tras los nuevos antecedentes que entregó la Contraloría, la ministra Camila Vallejo manifestó: “Tienen la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos".
A raíz de las dos inasistencias de Crispi a la comisión investigadora, la instancia envío un oficio a Contraloría para abrir un procedimiento sancionatorio contra el exsubdere. Bermúdez, sin embargo, descartó esa posibilidad tras la comparecencia del exdiputado RD.
Al igual que en las Seremis de Vivienda, el organismo liderado por Jorge Bermúdez detectó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos desde los Gobiernos Regionales (GORE) a organizaciones privadas. Entre las situaciones más graves detectadas está la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue "la ruta del dinero" ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias. Se sospecha de corrupción principalmente por el hallazgo de personas vinculadas a las entidades receptoras del dinero con funcionarios de la repartición pública que se los entrega por trato directo.
El organismo encabezado por Jorge Bermúdez realizó auditoría a los convenios suscritos por 15 secretarías regionales ministeriales dependientes de la cartera que encabeza Carlos Montes. Detectaron, de esta forma, una serie de irregularidades en el traspaso de recursos en el marco del programa de asentamientos precarios. En algunos casos, de hecho, definieron remitir antecedentes tanto al CDE como al Ministerio Público.
