La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta entregará detalles sobre quién, cuándo y cómo envió a Presidencia antecedentes del caso de Democracia Viva. Además, de acuerdo con sus cercanos, relatará respecto de la serie de personeros de gobierno que visaron los convenios que se firmaron desde la repartición. Entre ellos, se referirá al rol de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y quien le pidió apurar los procesos.
La militante de Convergencia Social, quien es administradora pública, trabajaba junto a la exsubsecretaria de Vivienda cuando su padre, Ricardo, envió el cuestionado informe a Rojas.
De acuerdo con anteceden recopilados por La Tercera, se trata de una diligencia solicitada por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y ejecutada por detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Los secretarios de Estado de la Segpres y de Justicia insistieron este domingo en que no llegó el informe sobre el caso Democracia Viva a Presidencia, como planteó el exseremi de Vivienda Carlos Contreras.
El presidente de la tienda de Antonio Varas se refirió a los dichos del exseremi del ramo en Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró que envió a Presidencia el 7 de junio un informe sobre el convenio entre el Minvu y la fundación Democracia Viva, 9 días antes de que el gobierno reconociera haber conocido el caso.
El 5 de junio, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la Subsecretaría de Vivienda, liderada en ese entonces por Tatiana Rojas (RD), en que hacía un análisis de lo denunciado por la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación, presentada el 2 de mayo, daba cuenta de una serie de irregularidades en el servicio entonces liderado por Carlos Contreras, los cuales fueron acogidos parcialmente por el Ejecutivo. Se consideró que el ahora imputado exseremi había tomado medidas para mejorar estas inconsistencias. Pero, lo atribuido a la triada de Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, al menos, ya hacía ruido en La Moneda.
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor.
Ayer se realizó la segunda audiencia por el caso donde la fiscalía acusa a la excandidata a alcaldesa de Concepción por varios delitos de corrupción. Misma indagatoria donde también están imputados Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Todos quedaron con arresto domiciliario total.
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor. El abogado de Crispi ayer defendió sus dichos y dijo que está disponible a declarar en la Fiscalía.
En el contexto de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones, se allanó el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro Carlos Montes, además de la Subsecretaria de Vivienda y oficinas del Programa de Asentamientos Precarios. "El gobierno es el primer interesado de que este caso se resuelva con toda la transparencia que corresponde", señaló el Mandatario.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes. Además, efectivos policiales hicieron ingreso a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios.
En medio de la indagación por parte del Ministerio Público de los convenios suscritos por el Gore y fundaciones, Rodrigo Díaz (ex DC) mantiene calidad de imputado, puesto que aún se pesquisa el grado de participación que tuvo en situaciones que, según establecieron persecutores, revisten características de delitos.
La excandidata a alcaldesa por Concepción está acusada de varios delitos económicos, entre ellos estafa. Tras la audiencia de este miércoles de más de cinco horas, Polizzi y los otros cuatro imputados continuarán bajo custodia de Gendarmería.
Osvaldo Pizarro señaló que tanto la excandidata a la alcaldía de Concepción como los hermanos Sebastián y Diego Polanco han sido citados y comparecido con anterioridad, por lo que “no existía ninguna razón de llevarlos forzadamente ante un tribunal”.
