El titular del Minvu insistió en que "no tuve esa información porque no recibí ni siquiera la denuncia inicial (...) después ocurrieron las cosas así y ahora veremos lo que determina el proceso".
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Según el documento, la exsubsecretaria de Vivienda estaba al tanto desde principio de año respecto de diversos problemas de gestión en la transferencia de fondos públicos a fundaciones.
Luego de que se diera a conocer la declaración de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, en la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Pese a que en La Moneda se ha evaluado la opción de que salga, por ahora la estrategia es no claudicar ante la presión del Congreso.
Tras estallar el caso, la entonces subsecretaria indicó que pese a tener la información sobre presuntas irregularidades, no alcanzó a informar al ministro, tras lo cual salió de la cartera. Sin embargo, en la declaración que dio a la Fiscalía, aseguró que elaboró un resumen de la situación en Antofagasta, que incluía el caso de Democracia Viva, y que se lo entregó a Montes antes de que el caso saliera en la prensa.
Dos audios son los que intercambiaron la concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, Paz Fuica, con el presidente de la Fundación Democracia Viva, en que hablan sobre el convenio entre la ONG y la Seremi de Vivienda de la región. En los mensajes de voz, Andrade asegura que el Serviu "nos está apretando para que cerremos el trato". Además, entre los antecedentes también figuran conversaciones por WhatsApp de la autoridad comunal con otra organización ofreciéndole un trato para que postulara a un programa de salud mental. Todos estos antecedentes, y más, serán expuestos en la formalización de cargos de este jueves.
Ambos serán formalizados este jueves en Antofagasta por varios delitos económicos.
A seis meses de que estallara el caso por transferencias entre organismos estatales y fundaciones, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, decidió separar las indagaciones y precisó las infracciones que se persiguen. De esta forma, confirmó que hay una hebra que se centra en las eventuales omisiones en que habrían incurrido funcionarios de la cartera liderada por el ministro Carlos Montes.
El 29 de noviembre trabajadores de la entidad liderada por Alberto Larraín comenzaron a firmar los documentos para acceder a su indemnización. Sin embargo, como aseguran profesionales a La Tercera, ni uno de ellos ha recibido ni un solo peso. Insisten en que fueron engañados y que el psiquiatra los dejó en el olvido, pero también en que perseguirán sus derechos y que esto no quedará impune. Por lo mismo, ya analizan acciones legales.
La última semana de noviembre el fiscal Marcelo Carrasco recibió el oficio de Contraloría que contenía las auditorías realizadas tanto a la Subsecretaría de Vivienda como a la Seremi de Vivienda de la región. Con esos antecedentes en mano, decidió iniciar las pesquisas, aunque aún se encuentra en etapa de revisión de los documentos. Como se lee en los datos aportados por el ente contralor, habría inconsistencias en traspasos a seis ONG o corporaciones.
Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se encontraran correos electrónicos que dan cuenta de que apuró la suscripción de contratos con entidades privadas. Entre ellas, con Democracia Viva en Antofagasta en su rol de jefa nacional de Asentamientos Precarios, cargo que ocupó entre junio y diciembre de 2022. Luego de eso, se sumó a la subsecretaría de Desarrollo Regional, donde ejerce como coordinadora interministerial del proyecto nueva Alameda Providencia.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha pedido la renuncia a cuatro seremis, dos subsecretarias y al jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu. A las que se suman la dimisión del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la salida de Daniel Andrade de la Subsecretaría de Defensa. Además, se cuenta la renuncia del fiscal investigado por presunto traspaso de información a funcionarios del GORE de Los Lagos.
Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se levantaran correos electrónicos que dan cuenta de que apuró la suscripción de contratos con entidades privadas que hoy están cuestionadas. Entre ellas, con Democracia Viva en Antofagasta. Todo esto, en su rol de jefa nacional de Asentamientos Precarios, cargo que ocupó entre junio y diciembre de 2022.
Líder de Republicanos publicó un redes sociales un video emplazando al titular de Vivienda a dimitir y "dejar que alguien responsable y diligente se haga cargo del ministerio y que recupere los miles de millones de pesos que le han robado a todos los chilenos".
En torno al sumario por tráfico de influencias que enfrenta Marcello Sambuceti, se comunicó que se hizo una reapertura de la misma indagación para llevar a cabo nuevas diligencias, con la finalidad de disponer de “todos los antecedentes para aclarar la situación”.
Este martes efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegaron hasta las oficinas de la repartición para incautar documentación relativa a convenios suscritos con ProCultura y Arquiduc. En ambos casos se indaga la participación de exfuncionarios de gobierno que habrían favorecido a dichas ONG, entre ellos Gonzalo Vega Moreira, ex brazo derecho de Ward.
