Recientemente el Ministerio Público solicitó a la defensa del exmilitante RD acceder a un segundo teléfono que este mantendría. Sin embargo, los abogados manifestaron ante el tribunal que se oponen a pericias sobre este, dado que fue comprado después de iniciada la investigación. Esto, en todo caso, no es lo único que complica al ingeniero. Recientemente Gendarmería le denegó el permiso para impartir clases en el penal y puso en suspenso la comunicación con su madre.
Fiscalía formalizó a Tamara Vidal, exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Gore; Eduardo Quezada, representante de la consultora EQOS; y Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal Ltda.
Tras su ingreso a la cárcel de Antofagasta, el fundador de Democracia Viva aseguró haber montado de forma improvisada un pequeño taller de inglés para los internos de su mismo módulo. Pero ahora, tras dos semanas en el recinto, busca ampliar ese rol y solicitó ingresar una serie de insumos. Antes de resolver, en todo caso, el juez espera contar con un análisis técnico de Gendarmería. Su arremetida en redes sociales, de todos modos, ya tuvo efecto puesto que oficiales penitenciarios allanaron el pabellón donde permanece para verificar tenencia de elementos prohibidos, como un celular.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros y recibiera una retribución económica por tales ayudas.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue detenida luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros. Cada una de estas entidades se adjudicó más de $365 millones y luego entregaron una retribución económica a la trabajadora social. Su detención, como confirmó el fiscal Carlos Cornejo, se dio en medio de una serie de diligencias en dependencias del GORE.
La detención se concretó durante allanamientos realizados por la policía y la Fiscalía Regional que se centraron en domicilios particulares y oficinas del gobierno regional.
En el marco de una actividad en Puerto Montt, el titular del Minvu declinó comentar sobre el fondo de la acción presentada el martes ante la Cámara Baja por la oposición, aunque relevó el “pleno respaldo” que le brindó el Presidente a su gestión.
En la sesión se adelantó que el secretario de Estado será notificado mañana viernes y que tiene como plazo límite para contestar el próximo 5 de enero.
El ente persecutor indaga la serie de irregularidades en convenios entre entidades estatales y fundaciones que se conocieron luego de que el 16 de junio pasado estallara el caso Democracia Viva.
La Tercera tuvo acceso a un borrador del libelo que la oposición presentará este martes en contra del titular de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
"Lo he dicho desde el primer día hasta ahora, lo digo de manera categórica, yo no supe nunca antes de irregularidades", aseguró el ministro de Vivienda.
Entre ministros hay preocupación -la que ha sido transmitida al comité político- por la situación que atraviesa el jefe del Segundo Piso de La Moneda, quien está siendo investigado en el marco de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.
