Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros y recibiera una retribución económica por tales ayudas.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue detenida luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros. Cada una de estas entidades se adjudicó más de $365 millones y luego entregaron una retribución económica a la trabajadora social. Su detención, como confirmó el fiscal Carlos Cornejo, se dio en medio de una serie de diligencias en dependencias del GORE.
La detención se concretó durante allanamientos realizados por la policía y la Fiscalía Regional que se centraron en domicilios particulares y oficinas del gobierno regional.
En el marco de una actividad en Puerto Montt, el titular del Minvu declinó comentar sobre el fondo de la acción presentada el martes ante la Cámara Baja por la oposición, aunque relevó el “pleno respaldo” que le brindó el Presidente a su gestión.
En la sesión se adelantó que el secretario de Estado será notificado mañana viernes y que tiene como plazo límite para contestar el próximo 5 de enero.
El ente persecutor indaga la serie de irregularidades en convenios entre entidades estatales y fundaciones que se conocieron luego de que el 16 de junio pasado estallara el caso Democracia Viva.
La Tercera tuvo acceso a un borrador del libelo que la oposición presentará este martes en contra del titular de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
"Lo he dicho desde el primer día hasta ahora, lo digo de manera categórica, yo no supe nunca antes de irregularidades", aseguró el ministro de Vivienda.
Entre ministros hay preocupación -la que ha sido transmitida al comité político- por la situación que atraviesa el jefe del Segundo Piso de La Moneda, quien está siendo investigado en el marco de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El abogado que representa a la exautoridad se refirió por primera vez al caso, luego de que se diera a conocer el testimonio entregado por la militante de RD ante la Fiscalía. "Quiero señalar que lo que ha dicho el ministro Montes es efectivo", indicó Winter tras la nueva versión que entregó el secretario de Estado sobre el asunto.
Los otros cuatro imputados también seguirán con la misma medida, pese a la solicitud del Ministerio Público.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
