Proyecto, visado en la Cámara Baja con 130 votos a favor, pasó al Senado. “Va a permitir que quienes conozcan de actos irregulares o ilícitos en cualquier órgano de la Administración de la Administración Pública pueda denunciar y saber que no van a poder tomar medidas de represalia en su contra, porque si lo hacen, esas autoridades o quienes lo impulsen pueden ser destituidos y tener las máximas sanciones”, explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El 1 de enero comenzó a circular entre abogados un mensaje por WhatsApp del fiscal regional Metropolitano Oriente, a cargo de varias causas vinculadas a la política, como Penta, Exalmar, fraude al Fisco en el Congreso y tráfico de influencias contra en senador Manuel José Ossandón. Ahí les comunicó que estaba buscando una salida anticipada de su cargo. Aún le quedan tres años como persecutor regional. Entre las razones ha dicho a sus cercanos que no tiene más incentivos para seguir en el puesto y que tampoco quiere ser fiscal nacional.
La PDI hizo un catastro del personal de apoyo contratado por miembros de la Cámara Alta entre 2012 y 2018 cuyos sueldos “escapan de los límites de control”. El análisis se enfoca en los contratos realizados por 31 senadores a 40 profesionales en que, según sospecha la fiscalía, podría haber triangulaciones de dineros del Fisco. El Ministerio Público ya tiene un plan: derribar el secreto de sus cuentas bancarias.
Según la máxima autoridad del ente contralor, desde que asumió el cargo en diciembre de 2015, ha existido un “aumento exponencial de los requerimientos de las personas respecto de hechos que ellos consideran irregulares”.
¿Cómo perciben los chilenos la corrupción en el Estado? Una encuesta del ente contralor ahondó en cómo se ve la probidad en el Estado y la forma de combatir este fenómeno que corrompe a los organismos públicos.
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017 y que reside actualmente en Bélgica, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho.
En 2001, un año después de que Alberto Scuncio se instalara en San Pedro de La Paz proveniente de Bahía Blanca, Argentina, realizó los trámites para la operación en Chile de Sunnybay Investment Inc., una sociedad anónima constituida en Panamá. El capital ascendió a US$ 500.000, equivalentes a la fecha de la escritura a $ 352.500.000. Hoy el empresario -mayor proveedor de cajas del plan Alimentos para Chile- enfrentaría una investigación en la fiscalía de Chile y del Departamento de Justicia de EE.UU.
El 23 de junio, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió que Itelecom y Elec puedan seguir trabajando para Fisco. Además, liberó todos los bienes retenidos de la primera empresa, que en total mantiene 38 cuentas corrientes con $ 4.264.251.682.
En noviembre de 2019, el 2 ° Juzgado de Letras de Calama falló a favor de la estatal, pidiendo el pago de $ 438 millones por parte del dirigente sindical Héctor Rocco.
Los datos entregados al diputado Sebastián Torrealba (RN) corresponden al periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de mayo de 2019 donde se consideran infracciones relacionadas con el cohecho, consumo o tráfico de drogas y alcohol y falta a la probidad funcionaria. El director de la institución apunta que 323 funcionarios fueron desvinculados entre 2018 y 2019 por hechos relacionados a esta materia, de la mano de un nuevo plan Anticorrupción.
El ingeniero Marco Rivas sería, según el Ministerio Público, quien dirigía el entramado y "compraba" el silencio de sus colegas. Los cuatro trabajadores del ministerio orquestaron un sistema para adjudicar compras y obtener ganancias a cambio.
Por primera vez en la historia, al menos de este país, un vicepresidente elige a su Presidente. Inédito. Sin embargo, la capacidad de asombro se perdió hace tiempo por estas pampas.
Los cargos totales incluyen una multa penal superior a los US$520 millones, más US$540 millones a pagar a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en un asunto relacionado.
Por negocio que involucra al hijo del expresidente ejecutivo de la estatal y un proveedor de la empresa.
