“Creo que ha habido un diálogo mucho más directo, mucho más fructífero entre los gremios y el Gobierno. A partir de ahí hay una apertura a recibirnos”, dijo el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.
"Nuestro gobierno no está cerrado a discusiones y propuestas. Lo que si, llamamos y siempre estamos vigilantes a resguardar es que mantengamos los niveles de recaudación comprometidos", dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.
El nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entra de lleno al nuevo ciclo político y económico y delinea la labor de los empresarios en este escenario. Defiende la participación de los privados en el diseño de la nueva Constitución, reconoce que el Presidente Boric ha ido cambiando su percepción acerca de la importancia del empresariado en el crecimiento económico, y cree que habrá acuerdo para la reforma tributaria este año.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, sostuvo que se deben buscar opciones para que no se aplique un tributo al stock, sino que al flujo de los ingresos, y que ya se lo esbozaron al ministro Marcel. Asimismo, la comisión de Hacienda del Senado explorará la idea de tramitar de manera conjunta la reforma tributaria, y los proyectos de royalty y de responsabilidad fiscal.
El ministro de Hacienda sostuvo que se analizó la actual situación de la economía local y como han ido mejorando las perspectivas para el 2023. “Enfatizamos que para nosotros es muy importante fortalecer la economía chilena y la recuperación de la inversión durante este año”, agregó.
La ministra del interior clausuró este miércoles un debate que estaba escalando. "En nuestra agenda -que es muy conocida- este tema no está incluido", aseveró la jefe de gabinete, que agregó que la discusión sobre impuestos se restringe a la reforma tributaria en trámite y que no la industria forestal no explota un recurso natural no renovable que sea propiedad del Estado. “Por los dichos de la ministra Tohá damos por superada la controversia por el royalty, ya que entregó todos los argumentos políticos y técnicos sobre el sinsentido de una medida como esta”, reaccionó el presidente de Corma, Juan José Ugarte.
"Pretender implementar un royalty en una empresa o industria que ha contribuido al desarrollo del país en forma notable, me parece que es una mirada incorrecta sobre hacia donde va el futuro", comentó Juan Sutil.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, añadió que “cuando de alguna manera están mirando un cambio en la regulación da a entender que aquí la industria forestal está siendo de alguna manera responsable”, de lo incendios.
Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma) señalaron que “es inoportuno hoy abrir un tema sobre regulaciones, en momentos en que estamos enfrentando una emergencia nacional”. Por su parte, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, aseguró que “claramente no es el momento”.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, señaló además que espera que la colaboración público privada que se ha dado en este contexto pueda extenderse a otras áreas.
Desde el sector privado proyectan que, una vez que se controle la emergencia, el compromiso es trabajar junto al gobierno en labores de reconstrucción.
Desde la CPC, Sofofa, CCS, SONAMI, FEDETUR, CUT y Unapyme enfatizaron en que las metas a alcanzar en la agenda de productividad deben tener foco en el crecimiento a largo plazo, trabajo formal femenino y el crecimiento sostenible.
La necesidad de progresar en materia de seguridad y la paz social, junto con la importancia de la alianza público-privada para avanzar en soluciones de los problemas que afectan a la región fueron las principales problemáticas abordadas.
El objetivo de este encuentro es reunirse con la Multigremial regional para revisar el estado de avance de las 40 medidas que el sector privado propuso en marzo de 2021 para enfrentar la crisis social de las Macrozona Sur.
Ricardo Mewes afirmó que en esta decisión "primaron los criterios políticos por sobre la objetividad técnica, atenta contra la necesaria certeza jurídica que todo emprendedor e inversionista requiere para desarrollar iniciativas que generan crecimiento y bienestar social”.
