En una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Antony Blinken calificó la medida como una decisión “profundamente equivocada”.
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A través de un comunicado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyaron el trabajo realizado por Karim Khan, expresando que las órdenes de arresto "se basan en una eventual responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".
Si bien Israel no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, los países que sí lo hacen estarían obligados a detener al primer ministro hebreo. El tribunal también estaría sopesando órdenes de arresto para líderes de Hamas.
El abogado Juan Carlos Manríquez allegó información que han recabado por el homicidio y secuestro del exmilitar para que sea considerada en la indagatoria conocida como “Venezuela I”.
El secretario de Estado recalcó que, pese a los mitos, el gobierno desde sus inicios ha estado en búsqueda de generar proyectos en colaboración público privada.
Rosario Navarro valoró que desde los 2000 en adelante se dio un impulso a la modernización de la infraestructura de la mano de “una fuerte y potente alianza público privada que permitió que la infraestructura llegara los niveles que hoy tenemos. Seguimos pensando que este es el camino que tenemos que retomar", dijo.
Con el ejemplo del desarrollo de la industria de la sanitarias en Chile, el expresidente de Chile y hoy líder del CPI destacó lo que se puede lograr cuando el sector privado y público se juntan.
En la instancia estuvieron presentes los expresidentes, Sebastián Piñera y Eduardo Frei, quien además preside el consejo.
La Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de arresto internacional contra el Presidente Vladimir Putin y la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Lvova-Belova por el presunto crimen de guerra de deportar de forma forzada a menores de edad ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del mandatario por supuestos crímenes de guerra debido a las denuncias de deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
El Pentágono se había opuesto inicialmente a la medida del mandatario, con el argumento que cualquier cooperación con el tribunal podría abrir la vía a un enjuiciamiento politizado de las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero.
El mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa, ante la eventual asistencia del gobernante ruso a la reunión del bloque, en agosto próximo en su país, dijo que “tiene problemas notorios con ejecutar una orden de arresto y entregar al presidente Putin”, según lo demanda la Corte Penal Internacional. Como signatario del Estatuto de Roma de la CPI, Sudáfrica estaría obligada a detener a Putin si pone un pie en la nación africana.
El gobierno venezolano dijo que hará uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para “defender la verdad y asegurar sus derechos como nación”, ya que el presidente Maduro atribuye la investigación a una supuesta estrategia de “cambio de régimen” impulsada desde Washington. Acusó, por lo mismo, que es una ofensiva que “abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.
En el año 2022, el Consejo de Políticas de Infraestructura, presidido por Eduardo Frei, entregó una propuesta con 12 proyectos de distintas áreas al Ejecutivo.
En su tercera visita a Caracas, el fiscal de Corte Penal Internacional, Karim Khan, firmó un memorando de entendimiento con el presidente venezolano Nicolás Maduro, el que también se contempla ofrecer asistencia técnica y asesoría en las reformas judiciales “para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible” en ese país.
