La Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de arresto internacional contra el Presidente Vladimir Putin y la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Lvova-Belova por el presunto crimen de guerra de deportar de forma forzada a menores de edad ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del mandatario por supuestos crímenes de guerra debido a las denuncias de deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
El Pentágono se había opuesto inicialmente a la medida del mandatario, con el argumento que cualquier cooperación con el tribunal podría abrir la vía a un enjuiciamiento politizado de las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero.
El mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa, ante la eventual asistencia del gobernante ruso a la reunión del bloque, en agosto próximo en su país, dijo que “tiene problemas notorios con ejecutar una orden de arresto y entregar al presidente Putin”, según lo demanda la Corte Penal Internacional. Como signatario del Estatuto de Roma de la CPI, Sudáfrica estaría obligada a detener a Putin si pone un pie en la nación africana.
El gobierno venezolano dijo que hará uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para “defender la verdad y asegurar sus derechos como nación”, ya que el presidente Maduro atribuye la investigación a una supuesta estrategia de “cambio de régimen” impulsada desde Washington. Acusó, por lo mismo, que es una ofensiva que “abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.
En el año 2022, el Consejo de Políticas de Infraestructura, presidido por Eduardo Frei, entregó una propuesta con 12 proyectos de distintas áreas al Ejecutivo.
En su tercera visita a Caracas, el fiscal de Corte Penal Internacional, Karim Khan, firmó un memorando de entendimiento con el presidente venezolano Nicolás Maduro, el que también se contempla ofrecer asistencia técnica y asesoría en las reformas judiciales “para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible” en ese país.
La decisión del organismo obedeció a los avances de ese país para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas. “Ya tomé la decisión de que el examen preliminar está cerrado, hay suficientes instituciones a donde las víctimas y los sobrevivientes pueden acudir aquí en Colombia”, dijo el fiscal de la CPI, Karim Khan.
El mandatario ucraniano manifestó que la orden de arresto sitúa a su homólogo ruso y a la comisaria de los derechos de la Infancia de la Federación rusa, María Lvova-Belova, como “oficialmente sospechosos de un crimen de guerra”, pues se les acusa de haber deportado a miles de niños ucranianos desde las regiones ocupadas por Rusia hacia el “territorio del Estado terrorista”.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, consideró que la mera formulación de estas órdenes es "escandalosa e inaceptable" dado que se efectuó a sabiendas de que Rusia está fuera del ámbito de actuación del tribunal.
El tribunal dijo en un comunicado que el líder del Kremlin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Según el gobierno de Nicolás Maduro existirían “vínculos probados de la fiscalía de la Corte Penal Internacional con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto”. El régimen chavista atribuye el proceso a una estrategia de “‘cambio de régimen” promovida por Washington.
El exministro de Obras Públicas asegura que el trazado permitirá aborda “el gran desafío que tiene el país, que es de vivienda”. Recomienda nombrar un delegado presidencial que coordine a todas las entidades, y llama a los municipios a empezar a cambiar sus planes reguladores.
Reportes indican que Moscú habría puesto en marcha procesos de “adopción exprés”. La asociación francesa “Por Ucrania, por su libertad y la nuestra” envió un informe a la Corte Penal Internacional.
El primer ministro de Israel, Yair Lapid, dijo que nadie interrogará a los soldados israelíes en relación a la muerte de Shireen Abu Akleh.
