Acusan omisiones o acciones insuficientes constitutivas de falta de servicio. Cuestionan falta del ejercicio adecuado de las competencias públicas para reestablecer y preservar el orden público en la zona de Plaza Baquedano.
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"Estimamos que fue un error involuntario seguramente de copia desde ese disco duro al respaldo del tribunal o bien desde el respaldo del tribunal a la defensa", aseguró el fiscal Adrián Vega. Nueva audiencia quedó fijada para el 22 de agosto.
“No se ha abandonado la idea, estamos buscando el mejor consenso posible”, aseguró el secretario de Estado.
“Vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”, afirmó el Presidente Gabriel Boric durante la ceremonia en el ministerio de Justicia, que encabeza Marcela Ríos. La subsecretaria de la cartera, Haydee Oberreuter, sostuvo que "la manera de sanar las heridas de estas vulneraciones es abordar sus distintas aristas con una agenda de trabajo abierta con un enfoque de derechos humanos y en eso estamos trabajando arduamente”.
"La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población", señaló el organismo en un comunicado.
"Son responsables por haber omitido acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social iniciada en octubre de 2019″, afirmó el organismo en un comunicado.
“No le compete al querellante tal privilegio”, explicó la jueza titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Valeria Cappello Valle.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de AI, dijo que uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado debe ser regulado por una legislación acorde y “no meramente a través de protocolos que haga el Ministerio del Interior de turno”. Además, sostuvo que "más allá de la nomenclatura que se discute sobre si tiene que ser una reforma o una refundación, lo importante es que esta no puede ser una pequeña modificación, no pueden ser cambios cosméticos".
El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, destacó que “la fiscalía investigó con igual celo las circunstancias del hecho, acreditamos todos los extremos del mismo y llegamos a la convicción que el imputado hoy acusado y condenado cometió homicidio".
“Tenemos que hablarle con total transparencia y honestidad a la ciudadanía. Qué es lo que estamos legislando, un indulto o una amnistía, cuáles van a ser los delitos que se van a indultar, respecto de quién va a haber impunidad y cuál va a ser la respuesta a las víctimas de esos delitos”, sostuvo el subsecretario.
Máximo tribunal estimó que las pruebas obtenidas para sustentar el hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2019 fueron ilícitas. "Las diligencias de vigilancia, fijación fotográfica y filmaciones ejecutadas por la policía tanto coetáneas como posteriores a los hechos, lo fueron sin orden previa del fiscal correspondiente, la que solo fue otorgada (según quedó asentado en la sentencia) en horas de la noche, en forma verbal, y que, con todo, solo fue registrada al día siguiente en el parte policial, incorporado a la carpeta de investigación”, dice el fallo.
Felipe Andrés Cifuentes Aburto y Alexis Enrique Contreras Ulloa, exfuncionarios de la 61° Comisaría de Carabineros de La Florida, fueron formalizados por la Fiscalía Metropolitana Oriente a fines de noviembre de 2019.
El secuestro de misioneros norteamericanos -17 adultos y niños- por una banda criminal volvió a desnudar las dificultades de ese país caribeño tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise, que dejó al borde de la anarquía a uno de las naciones más pobres de occidente. “Los bandidos han ido muy lejos. Secuestran, violan mujeres. Hacen lo que quieren”, señalaron representantes de organizaciones sociales.
"El cuarto retiro junto al IFE de estos meses representarán un potencial de gasto extra de sobre siete puntos del PIB anual; de materializarse, la presión añadida sobre la producción sería de tal magnitud que sería imposible evitar ulteriores alzas de precios y el consiguiente efecto sobre las tasas de interés".
La certificación es uno de los requisitos para postular a beneficios estipulados por la Glosa 12, en la partida 50, Capítulo 1 de la actual Ley de Presupuesto. Sergio Micco, director del organismo afirmó que con la acreditación "este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó".
