El secuestro de misioneros norteamericanos -17 adultos y niños- por una banda criminal volvió a desnudar las dificultades de ese país caribeño tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise, que dejó al borde de la anarquía a uno de las naciones más pobres de occidente. “Los bandidos han ido muy lejos. Secuestran, violan mujeres. Hacen lo que quieren”, señalaron representantes de organizaciones sociales.
"El cuarto retiro junto al IFE de estos meses representarán un potencial de gasto extra de sobre siete puntos del PIB anual; de materializarse, la presión añadida sobre la producción sería de tal magnitud que sería imposible evitar ulteriores alzas de precios y el consiguiente efecto sobre las tasas de interés".
La certificación es uno de los requisitos para postular a beneficios estipulados por la Glosa 12, en la partida 50, Capítulo 1 de la actual Ley de Presupuesto. Sergio Micco, director del organismo afirmó que con la acreditación "este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó".
La iniciativa contó con los votos favorables de Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y del presidente de la instancia, Pedro Araya (Ind.), y con el rechazo de los parlamentarios de Chile Vamos Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). Ahora el proyecto será votado en Sala.
"Nos enteramos por la prensa que habría una indemnización económica a estas víctimas. El Ministerio del Interior tiene que actuar con más seriedad y por eso hemos pedido una reunión para saber en qué consistiría esta política", señaló Sergio Micco. El organismo pidió a la cartera saber cuántas solicitudes han sido aprobadas y cuántas rechazadas y cuáles son los mecanismos de difusión de beneficios.
El 15 de julio, las constituyentes María Rivera y Manuela Arroyo presentaron un recurso de amparo vía telefónica ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusando que 11 personas -entre ellos algunos de sus pares en la Convención Constitucional- fueron arrestadas de forma ilegal. El magistrado Daniel Urrutia resolvió a favor de su requerimiento. Y lo redactó de una forma distinta a la habitual, reemplazando la "o" en distintas palabras por la "x". Para la mayoría de los abogados consultados, la utilización del lenguaje de Urrutia en este caso no es inclusivo, sino un intento de llamar la atención de una agenda política y lo ven como un error. Otros, en cambio, piensan que satisface la función y que es una idea integradora.
Del catastro realizado por el Poder Judicial a principios de año, 21 de los imputados ya salieron libres debido a que se modificó su medida cautelar o tuvo un juicio. Ante un eventual indulto: ¿Quiénes siguen presos?
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que compone el Comité Nacional del Paro, Francisco Maltés, dijo que las manifestaciones tendrán como objetivo apoyar el debate en el Congreso del Pliego de Emergencia que no se logró negociar con el gobierno en la última ronda de diálogos. Entre los puntos que se presentarán como proyectos de ley están la renta básica para 10 millones de personas, la matrícula cero para universitarios o el pago temporal de salarios para pequeñas y medianas empresas.
La trabajadora cegada por el impacto de una bomba lacrimógena en noviembre de 2019 señaló en entrevista televisiva que ella y su familia esperan “lograr la justicia que necesitamos”. Respecto a Roberto Maturana, excapitán de Carabineros formalizado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, la mujer manifestó que “nos duele que él tenga muchas garantías y tenga más beneficios que la víctima”.
La mujer fue víctima de impacto de bomba lacrimógena en San Bernardo cuando iba a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. En total, la fiscalía lleva investigando este caso un año y medio. El 27 de mayo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió -a raíz de una petición de la fiscal Paola Zárate- fijar una audiencia para discutir la ampliación del plazo de la indagatoria para el 3 de septiembre de 2021. Ante el aplazamiento del proceso judicial, se inició una campaña con el objetivo de exigir celeridad a la justicia en este emblemático caso del estallido social.
Ambos asesinatos ocurrieron después de que el gobierno federal enviara a centenares de efectivos militares para restaurar el orden en esa ciudad. Las autoridades municipales en Cali dijeron que las dos personas muertas este martes fueron baleadas por un sujeto armado que huyó en motocicleta sin que fuera detenido.
El director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de ese país, general Fernando Murillo, explicó que los sospechosos serán llamados a declarar por lo que considera un episodio que “no se puede tolerar”. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el barrio de Ciudad Jardín y desde entonces han estado circulando por redes sociales algunas imágenes y grabaciones en las que se pueden ver a sujetos desconocidos disparando contra los manifestantes, en el marco de las protestas que desde hace más de un mes se vienen dando en varias ciudades del país.
Después de un encuentro de 11 horas, ambas partes se reunirán nuevamente el próximo 2 de junio y el Comité pretende insistir en la desmilitarización de la movilización social y el respeto de los Derechos Humanos, mientras que el gobierno ha reiterado en que no cederá hasta que se levanten los bloqueos en el país. A la vez, miles de personas vestidas de blanco se han manifestado el domingo en rechazo a los bloqueos y hechos de violencia en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades.
Tercera ciudad de Colombia vivió el viernes una pesadilla cuando todavía no asomaba la noche. Vecinos con chalecos antibalas, pistolas y fusiles dispararon a manifestantes con la policía viéndolos de muy cerca. La policía anunció investigaciones contra los agentes “permisivos” del actuar de civiles armados contra los manifestantes.
Esta semana el proyecto de ley que busca aplicar una amnistía a quienes hayan cometido delitos durante la crisis social, tras el 18-O, avanzó en su tramitación en el Congreso. Ningún registro oficial da cuenta de “800 personas privadas de libertad sin juicio justo”, como han esbozado los autores de la iniciativa. La fiscalía aseguró que en la actualidad sólo hay 25 personas cumpliendo esa medida cautelar por delitos catalogados como graves.
