Toda la Corte de Apelaciones de Santiago está querellada por presunta prevaricación luego que el titular del Séptimo Juzgado de Garantía fuera sumariado por dejar en libertad de oficio a 44 imputados que estaban en prisión preventiva por desórdenes públicos tras el estallido social. Esto generó una querella y abrió una causa penal. En medio de esa indagatoria, el abogado Octavio Sufán, de la Defensoría Penal Pública, instaló la sospecha respecto con quién se comunicó el día de la polémica resolución. Desde el entorno del magistrado aseguran que tras declarar fue él mismo quien autorizó a que el Ministerio Público revise su teléfono, lo que no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los ministros del tribunal de alzada capitalino.