Ovicmarlixon Garcés Briceño (19), de nacionalidad venezolana, fue castigado por haber insultado en duros términos a un gendarme que lo custodiaba en la Cárcel de Alta Seguridad.
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María José Hoffman, sostuvo que el magistrado “está poniendo en riesgo a las víctimas del narcotráfico y a las víctimas del crimen organizado”.
“Aquí no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asista a un establecimiento penitenciario, entre otras el enrolamiento", señaló el ministro de Justicia tras sostener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
El extitular del Interior tildó de "súper compleja desde el punto de vista de la seguridad" la decisión del magistrado de autorizar a cuatro reos de alta peligrosidad para que pudieran realizar videollamadas con terceros. Entre ellos, imputados vinculados al Tren de Aragua.
Las actividades de la organización criminal le daban un patrimonio de $2 mil millones, que distribuía entre los demás integrantes de la banda.
Jaime Gajardo abordó los recientes cuestionamientos hacia el magistrado por la aprobación de comunicación mediante videollamada a reos vinculados al Tren de Aragua. Por otro lado, detalló formas en que se está previniendo y combatiendo el crimen organizado.
El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la resolución judicial como un hecho “gravísimo”.
En su respuesta a la Corte de Apelaciones de Santiago, el magistrado afirmó que la comunicación de los reclusos con el exterior "previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
La diputada comunista afirmó que los miembros del Poder Legislativo "no pueden ni deben" calificar las actuaciones judiciales.
"Es importantísimo que la Corte Suprema abra un cuaderno de remoción" y "es una señal totalmente errada por parte de una persona encargada de impartir justicia", han sido parte de los reproches de los legisladores.
Desde el Ministerio Público indicaron que "estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”.
El Ejecutivo cuestionó con dureza una decisión del magistrado respecto a un grupo de reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad.
El 19 de enero, el magistrado visitó -entre otros recintos- la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago para constatar las condiciones en que los reos están cumpliendo sus medidas cautelares o condenas. Tras conversar con algunos internos, autorizó que cuatro imputados relacionados a causas de crimen organizado pudieran llamar a sus familiares por video, además de una visita "íntima" de otro preso. La entidad penitenciaria se opuso, primero ante el juez, quien desechó los argumentos del organismo. Hoy, el caso está en manos de la Corte de Apelaciones.
“Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado", señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que "estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.
