Las actividades de la organización criminal le daban un patrimonio de $2 mil millones, que distribuía entre los demás integrantes de la banda.
17 feb 2024 02:46 PM
Las actividades de la organización criminal le daban un patrimonio de $2 mil millones, que distribuía entre los demás integrantes de la banda.
Jaime Gajardo abordó los recientes cuestionamientos hacia el magistrado por la aprobación de comunicación mediante videollamada a reos vinculados al Tren de Aragua. Por otro lado, detalló formas en que se está previniendo y combatiendo el crimen organizado.
El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la resolución judicial como un hecho “gravísimo”.
En su respuesta a la Corte de Apelaciones de Santiago, el magistrado afirmó que la comunicación de los reclusos con el exterior "previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
La diputada comunista afirmó que los miembros del Poder Legislativo "no pueden ni deben" calificar las actuaciones judiciales.
"Es importantísimo que la Corte Suprema abra un cuaderno de remoción" y "es una señal totalmente errada por parte de una persona encargada de impartir justicia", han sido parte de los reproches de los legisladores.
Desde el Ministerio Público indicaron que "estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”.
El Ejecutivo cuestionó con dureza una decisión del magistrado respecto a un grupo de reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad.
El 19 de enero, el magistrado visitó -entre otros recintos- la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago para constatar las condiciones en que los reos están cumpliendo sus medidas cautelares o condenas. Tras conversar con algunos internos, autorizó que cuatro imputados relacionados a causas de crimen organizado pudieran llamar a sus familiares por video, además de una visita "íntima" de otro preso. La entidad penitenciaria se opuso, primero ante el juez, quien desechó los argumentos del organismo. Hoy, el caso está en manos de la Corte de Apelaciones.
“Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado", señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que "estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.
La defensa del excarabinero acusado de haber dejado ciego al joven durante las manifestaciones del 18-O, recurrió contra el magistrado por haber mostrado “animadversión, resentimiento y desprecio” hacia la institución policial. Pese a que el juez descartó aquello, el tribunal de alzada acogió la reclamación.
Las acciones judiciales del magistrado se presentaron en medio del proceso sancionatorio en su contra, por haber liberado -a través de un oficio- a 13 miembros de la denominada "primera línea". En ese contexto, el magistrado se querelló en contra del exministro de Defensa Mario Desbordes, quien lo acusó en televisión de "liberar delincuentes". Misma situación que contra un usuario de Twitter.
El máximo tribunal aplicó la sanción de amonestación en contra del magistrado, luego de que este realizara un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva en contra de 13 imputados detenidos en el contexto de las manifestaciones del 2020.
"Las palabras del asociado Urrutia merecen ser consideradas lesivas respecto de honor y dignidad de las juezas y jueces", señaló la entidad.