La decisión estaba tomada hacía meses, aunque finalmente su abogado formalizó la arremetida la tarde del 29 de agosto. La acción se funda en los apremios que el extimonel comunista sufrió durante la dictadura. En caso de que la demanda se declare admisible y luego sea acogida en favor de Teillier, los beneficiarios podrían ser sus herederos.
El Presidente centró su vocería en la política exterior, a diferencia de lo ocurrido en su debut ante Naciones Unidas, en donde se enfocó en la política interior y el triunfo del Rechazo. Eso sí, le hizo un guiño a Chile Vamos, sector de la derecha con el cual ha podido llegar a algunos acuerdos legislativos.
Antes de iniciarse la Parada Militar, el comandante en jefe de la institución castrense entregó una reflexión respecto de la fecha. Allí advirtió que si bien ya se había entregado información a los tribunales y no había nada en el tintero, se comprometió a seguir aportando, en la medida que se le requiera. En el Ejecutivo tomaron estas declaraciones como un "guiño" y en el mando buscan "sacar la política de los cuarteles".
Tras la carta firmada por 27 reos de Punta Peuco, la organización, a través de una escrito enviado al ministro Cordero, solicitó presentar un proyecto para la “degradación póstuma”. Según la misiva, aquellos sería una medida de reparación, además de permitir que la ciudadanía vea con buenos ojos medidas humanitarias respecto a funcionarios de menor rango que colaboren con la justicia.
La tenencia de aparatos que permitan la comunicación de los reclusos con el exterior se considera delito y, quien sea sorprendido, arriesga penas de presidio en su grado mínimo a medio.
Legisladores como Jaime Naranjo (PS), Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Juan Ignacio Latorre (RD) esperan que la misiva sea una puerta a la entrega de información que permita encontrar a los centenares de detenidos desaparecidos registrados en dictadura.
Fue en agosto que el diputado Gonzalo de la Carrera (exrepublicano) llegó hasta el penal ubicado en Tiltil. Allí se reunió con parte de los exuniformados que firmaron el documento para iniciar una mesa de trabajo que les permitiera hacer pública su molestia con los mandos y su arrepentimiento por la violación a los derechos humanos en dictadura. El resto de la población penal, sin embargo, no está contenta con la declaración, y el gobierno exige la entrega de información.
El oficial (r) de Carabineros Héctor Osses Yañez está condenado en diversas causas por violaciones a los DD.HH. registradas en 1973 mientras estaba al mando en la Subcomisaría de La Granja. Fue capturado esta jornada por el OS9 de Carabineros, tras lo cual, la ministra Marianela Cifuentes ordenó su ingreso inmediato al penal.
De visita en Chile para participar de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Almeida destacó la importancia de “que se transmita a las generaciones futuras el mensaje de que la dictadura no será olvidada, ni mucho menos tolerada”.
Redactar una cláusula que permita levantar la confidencialidad de los antecedentes no es sencillo. Una de las legisladoras que vivió esa experiencia traumática se opone al levantamiento del secreto, mientras que dos de ellas son partidarias de liberar información.
En el 2007 se le revocó a la docente su certificado por una negativa de la Iglesia Católica en razón a su orientación sexual y nunca más pudo ejercer. En abril de 2022 la Corte declaró culpable al Estado de Chile por la violación a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada, y al trabajo.
"Fue la enemistad cívica la que derivó en una peligrosa dinámica de odio, que a su vez llevó al enfrentamiento entre chilenos. Debemos fortalecer las instituciones democráticas, rechazar la violencia política y respetar de forma irrestricta los derechos humanos”, planteó Ariela Agosin, presidenta de la organización, en ceremonia de Tefilá por Chile.
La idea, como explicaron desde el Ejecutivo, es acceder a antecedentes -siempre con el consentimiento de la víctima o sus familias- en medio del Plan de Búsqueda, y para que los tribunales puedan obtener información que ayude al esclarecimiento de los hechos. La iniciativa será presentada a través de un proyecto de ley.
"Eso ha afectado a dar no solo priorización, sino que ha afectado la eficiencia con la que el Servicio Médico Legal puede responder, teniendo recursos y las capacidades para hacerlo”, reconoció Marisol Prado en la comisión de DD.HH. del Senado.
"El Poder Judicial por fin está diciendo que, aunque sea complejo y largo el proceso, ya que las Fuerzas Armadas no entregan información, estos delitos serán juzgados", expresaron Amanda Jara Turner y Manuela Bunster Turner.
