La tenencia de aparatos que permitan la comunicación de los reclusos con el exterior se considera delito y, quien sea sorprendido, arriesga penas de presidio en su grado mínimo a medio.
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Legisladores como Jaime Naranjo (PS), Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Juan Ignacio Latorre (RD) esperan que la misiva sea una puerta a la entrega de información que permita encontrar a los centenares de detenidos desaparecidos registrados en dictadura.
Fue en agosto que el diputado Gonzalo de la Carrera (exrepublicano) llegó hasta el penal ubicado en Tiltil. Allí se reunió con parte de los exuniformados que firmaron el documento para iniciar una mesa de trabajo que les permitiera hacer pública su molestia con los mandos y su arrepentimiento por la violación a los derechos humanos en dictadura. El resto de la población penal, sin embargo, no está contenta con la declaración, y el gobierno exige la entrega de información.
El oficial (r) de Carabineros Héctor Osses Yañez está condenado en diversas causas por violaciones a los DD.HH. registradas en 1973 mientras estaba al mando en la Subcomisaría de La Granja. Fue capturado esta jornada por el OS9 de Carabineros, tras lo cual, la ministra Marianela Cifuentes ordenó su ingreso inmediato al penal.
De visita en Chile para participar de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Almeida destacó la importancia de “que se transmita a las generaciones futuras el mensaje de que la dictadura no será olvidada, ni mucho menos tolerada”.
Redactar una cláusula que permita levantar la confidencialidad de los antecedentes no es sencillo. Una de las legisladoras que vivió esa experiencia traumática se opone al levantamiento del secreto, mientras que dos de ellas son partidarias de liberar información.
En el 2007 se le revocó a la docente su certificado por una negativa de la Iglesia Católica en razón a su orientación sexual y nunca más pudo ejercer. En abril de 2022 la Corte declaró culpable al Estado de Chile por la violación a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada, y al trabajo.
"Fue la enemistad cívica la que derivó en una peligrosa dinámica de odio, que a su vez llevó al enfrentamiento entre chilenos. Debemos fortalecer las instituciones democráticas, rechazar la violencia política y respetar de forma irrestricta los derechos humanos”, planteó Ariela Agosin, presidenta de la organización, en ceremonia de Tefilá por Chile.
La idea, como explicaron desde el Ejecutivo, es acceder a antecedentes -siempre con el consentimiento de la víctima o sus familias- en medio del Plan de Búsqueda, y para que los tribunales puedan obtener información que ayude al esclarecimiento de los hechos. La iniciativa será presentada a través de un proyecto de ley.
"Eso ha afectado a dar no solo priorización, sino que ha afectado la eficiencia con la que el Servicio Médico Legal puede responder, teniendo recursos y las capacidades para hacerlo”, reconoció Marisol Prado en la comisión de DD.HH. del Senado.
"El Poder Judicial por fin está diciendo que, aunque sea complejo y largo el proceso, ya que las Fuerzas Armadas no entregan información, estos delitos serán juzgados", expresaron Amanda Jara Turner y Manuela Bunster Turner.
"Hay planeados operativos, planificados, para garantizar orden público y seguridad", destacó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se desplegarán 2.400 efectivos de Carabineros para más de un centenar de actividades.
“Difícil resulta comprender el que se pida respeto y comprensión sobre las legitimas visiones respecto de nuestro pasado reciente, cuando quien dirige los destinos del país ofende de manera pública la memoria de un ser humano", señala declaración de la organización.
Máximo tribunal fijó, además, en la suma total de $1.225.000.000 las indemnizaciones que deberá pagar el fisco por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.
Máximo tribunal ratificó fallo que condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios del artista y de Littré Quiroga, además de 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados.
