Vargas Bories se encontraba prófugo desde enero de 2023. Recientemente fue trasladado al recinto penal Colina I para cumplir su condena por el homicidio del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez.
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La víctima fue detenida y torturada por integrantes de Carabineros y la Armada. Posteriormente, falleció a causa de un golpe propinado en la región torácica.
El ex comandante en jefe del Ejército fue sentenciado a cinco años de presidio y se le otorgó una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
La ministra Ángela Vivanco consideró que se cumplen los requisitos para acceder a la extradición, ya que el proceso se tramitó en Italia de acuerdo a las normas del debido proceso y se rechazó la excepción de aplicación del Decreto Ley de Amnistía al tratarse de crímenes de lesa humanidad.
"El derecho a la seguridad personal es condición habilitante para el ejercicio y disfrute de otros derechos”, señaló Contreras en ceremonia de entrega del informe anual del organismo.
Cortejo fúnebre recorrió el centro de Santiago. Personas del mundo de la cultura, los derechos humanos y ciudadanos anónimos se reunieron para recordar el legado de la bailarina, gestora cultural y activista. Hubo música, baile, aplausos, en un masivo homenaje de despedida a la viuda del cantautor Víctor Jara.
La senadora Fabiola Campillai ingresó ante el tribunal de alzada el informe que responde al recurso presentado por el excarabinero acusado de disparar en contra de Gustavo Gatica, Claudio Crespo. El exoficial expuso que la parlamentaria "vulneró" sus derechos al llamarlo "violador de DD. HH." y vincularlo a una empresa que se adjudicó un contrato con el Estado. La autoridad respondió ante la Corte de Apelaciones de Santiago que aquello obedeció a "una crítica política, fundamentalmente respecto de un acto de carácter público".
La situación que protagonizó Jaime Ojeda fue comentada en redes sociales por la diputada Carmen Hertz. "Criminal de lesa humanidad, vivió 50 años en total impunidad, grotesco y cobarde", escribió la legisladora del PC.
En cifras del Ministerio Público, por los hechos ocurridos entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo de 2020 se abrieron 8.508 causas, de las cuales 3.729 actualmente se encuentran archivadas. En el caso de los funcionarios policiales y militares condenados, 54,1% de estos fue por el delito de apremios ilegítimos, mientras que el resto ha sido juzgado por torturas, falsificación de instrumento público y homicidio.
Presentará un informe completo sobre la visita en una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Cada día la vida de los haitianos es más difícil, pero es vital que no nos rindamos. Su situación no es irremediable. Con el apoyo y la determinación internacional, el pueblo haitiano puede hacer frente a esta grave inseguridad y encontrar una salida a este caos”, aseguró Volker Turk, la máxima autoridad de Derechos Humanos de la ONU.
La decisión estaba tomada hacía meses, aunque finalmente su abogado formalizó la arremetida la tarde del 29 de agosto. La acción se funda en los apremios que el extimonel comunista sufrió durante la dictadura. En caso de que la demanda se declare admisible y luego sea acogida en favor de Teillier, los beneficiarios podrían ser sus herederos.
El Presidente centró su vocería en la política exterior, a diferencia de lo ocurrido en su debut ante Naciones Unidas, en donde se enfocó en la política interior y el triunfo del Rechazo. Eso sí, le hizo un guiño a Chile Vamos, sector de la derecha con el cual ha podido llegar a algunos acuerdos legislativos.
Antes de iniciarse la Parada Militar, el comandante en jefe de la institución castrense entregó una reflexión respecto de la fecha. Allí advirtió que si bien ya se había entregado información a los tribunales y no había nada en el tintero, se comprometió a seguir aportando, en la medida que se le requiera. En el Ejecutivo tomaron estas declaraciones como un "guiño" y en el mando buscan "sacar la política de los cuarteles".
Tras la carta firmada por 27 reos de Punta Peuco, la organización, a través de una escrito enviado al ministro Cordero, solicitó presentar un proyecto para la “degradación póstuma”. Según la misiva, aquellos sería una medida de reparación, además de permitir que la ciudadanía vea con buenos ojos medidas humanitarias respecto a funcionarios de menor rango que colaboren con la justicia.
