"No podemos actuar si es que desde la justicia no hay una presentación de antecedentes que hagan incrementar la calidad procesal de la diputada”, aseguró el exministro.
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Una causa civil del CDE contra Democracia Viva y una decisión del Primer Juzgado Civil de Antofagasta derivaron en que $294 millones de pesos, el 70% del total de los tres convenios que el Estado suscribió con la fundación y con Andrade, estén congelados y sin generar intereses hace un año en la cuenta corriente de ese tribunal.
El documento, aprobado por unanimidad en la instancia de la Cámara de Diputados, sostiene que “el negar la relación con Democracia Viva y, por consiguiente, con quienes la integraban, solo por el hecho de no encontrarse esta constituida legalmente, resulta grave".
Carlos Contreras permanece en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade se encuentra con arrestro domiciliario, ambos imputados defienden su inocencia ante las acusaciones de fraude al Fisco hechas por la fiscalía.
El exseremi de Antofagasta reflexionó sobre los meses que lleva en prisión preventiva y, asimismo, respecto del año que lleva siendo investigado por el Ministerio Público desde que estalló el caso Democracia Viva. A su juicio, como aseguró en un escrito que hizo llegar a La Tercera, lleva siete meses privado de libertad "erróneamente". Y adelanta que denunciará "ilegalidades" en el Serviu.
El caso que comenzó con un convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, 12 meses después suma más de 60 fundaciones investigadas en todas las regiones del país, sin excepción. La indagatoria, que es descrita como una de las más complejas para el Ministerio Público, tiene en la mira casi $ 90 mil millones en transferencias entre organismos públicos a ONG.
Desde la defensa del ingeniero civil lamentaron la determinación y aseguraron que era esperable que el tribunal de alzada le permitiera trabajar a su cliente.
La diputada por Antofagasta debe definir por estos días si postula a las próximas elecciones de 2025 para intentar un último período en el Congreso.
Hace 12 meses, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, supo por uno de sus asesores de un rumor. Esa información, aparentemente ambigua, con los meses se transformó en una bola de nieve que generó el escándalo de corrupción más grande que haya tenido que enfrentar La Moneda. Esta es la historia, con episodios desconocidos, de la trama que terminó por socavar el discurso impugnador del Frente Amplio.
Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, declaró como testigo el pasado 18 de abril, mismo día en que entregó su versión el ministro Carlos Montes. Y en medio de la diligencia, fue tajante en sostener: "Nunca presioné a Carlos Contreras ni a nadie, solo hice mi trabajo de la mejor forma".
Por disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta, la diligencia se desarrollará el próximo 18 de julio. En la jornada de este martes, en tanto, la misma instancia revisará las medidas cautelares que pesan sobre el exmandamás de la disuelta fundación.
Por intermedio de sus abogados el exmandamás de la disuelta fundación solicitó autorización para asistir a una hora médica. De esta forma, será la primera vez en más de dos meses y medio que saldrá de su domicilio en la comuna de La Florida.
El titular del Minvu afirmó que desde su cartera “lo único” que esperan, “es que esto avanzara, que se clarificara, que se sancionara a quien haya que sancionar”.
La determinación del 17° Juzgado Civil de Santiago se da tras una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, instancia que recibió inconsistencias detectadas por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, se advirtió que no destinaron su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social.
La revisión de medidas cautelares de la imputada se dio luego de que personal de carabineros informara que la profesional no había atendido a sus llamados en tres oportunidades. Ministerio Público había solicitado que se le decretara prisión preventiva.
