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El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.

Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.

A 10 meses de que estallara la controversia por irregularidades en convenios entre diversas instituciones del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil, desde este mundo alzan la voz y dan cuenta de cómo el caso les afectó en su operación. Principalmente, dicen, se han hecho más engorrosos los procesos para postular a financiamiento público, lo que ha provocado en algunos de ellos ver mermado el presupuesto.

Los abogados del ex-RD formalizado por tres delitos de fraude al Fisco apuntan en contra de Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios, como responsable de "desprolijidades" cometidas en medio de la fijación de convenios con fundaciones. Según ellos, las presiones que la profesional supuestamente ejerció derivaron en falencias en las transferencias de dineros.

En una declaración, el imputado deslizó la responsabilidad de los hechos a la extitular nacional de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, tras ser acusado de defraudar reiteradamente al fisco, en el marco de la investigación que lo involucra -esta vez- a la fundación Tomarte.

El exmilitante de Revolución Democrativa (RD) se mantiene con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras la investigación por la fundación Democracia Viva. El Ministerio Público le imputa nuevamente el delito de fraude al fisco y este martes se conocerían las medidas cautelares.

El parlamentario también aseguró tras la venta de parte del terreno de su familia han "tratado de sacar provecho de un negocio privado. No había ningun conflicto de interés".

La exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta -suspendida militante de Revolución Democrática- es investigada por haber “asistido” a Carlos Contreras en la elección de la Fundación Democracia Viva. La sicóloga se queja de que “los compañeros de Santiago u otras regiones se dejaron llevar por la presión mediática y política del momento”.

El tribunal de alzada confirmó las nuevas medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el pasado 4 de marzo, cuando cambió la prisión preventiva de la exfuncionaria de la Seremi de Vivienda por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía la imputada.

El Ministerio Público apunta en su recurso que hasta ahora no existen nuevos antecedentes que permitan cambiar la medida cautelar de la suspendida militante de RD y exfuncionaria de la Seremi de Vivienda acusada de fraude al Fisco.

La directiva del partido manifestó que lamentaba y respetaba la decisión de la exautoridad. "Fue casi una década como militante, donde la coincidencia y el trabajo por un mejor país fue una constante", expresaron.

El ingeniero civil mecánico y fundador de Democracia Viva, formalizado por fraude al fisco en la arista de Antofagasta de los líos de platas, publicó una carta en sus redes sociales, en la que se refirió a sus días en la cárcel mientras estuvo con la medida cautelar de prisión preventiva.

"No esperaba enfrentar una cosa así”, afirmó el titular del Minvu.

La declaración del exseremi de Vivienda ante los investigadores se extendió por tres días. En suma, fueron más de 18 horas en las que desmenuzó su rol en la cuestionada repartición. Según él, todas las decisiones que tomó estaban visadas por las jefaturas, por lo que de haber irregularidades apunta a las mismas como responsables.