De acuerdo con lo planteado por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, se habría omitido información relevante por parte del Ministerio Público. Por lo mismo, desde su defensa insisten en que si bien los seremis son quienes ejecutan los convenios, la facultad para elegir a las fundaciones recae en otras autoridades.
La jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio sostuvo que si el Tribunal Supremo habría una causa “eso podía significar algún tipo de sanción. Y eso significaba imposibilidad de ir a una elección".
Salida de la parlamentaria se concretó el pasado 15 de noviembre, a pocas horas del plazo establecido por la ley antidíscolos para poder postular a cargos públicos de elección popular como independiente.
La diputada volvió a estar en el ojo público luego de que se dieran a conocer chats entre Pérez y su expareja, Daniel Andrade, fundador de la organización.
El partido elevó los antecedentes revelados la semana pasada y que nuevamente genera dudas de si la parlamentaria sabía de los traspasos de dinero de la fundación de su expareja con la Seremi de Vivienda de Antofagasta liderada -en ese momento- por quien previo a ese cargo había sido su jefe de gabinete.
La diputada frenteamplista señaló que lo que ha dicho Pérez es que "públicamente tuvo una alocución en que dijo que estaba en desconocimiento de todo esto y eso, efectivamente, es mentira".
El diputado aseguró que los nuevos antecedentes que vinculan a Catalina Pérez con Democracia Viva son de responsabilidad individual y añadió que es el Frente Amplio el que debe tomar decisiones al respecto.
Los nuevos antecedentes revelan que la diputada estaba al tanto de la tramitación del millonario convenio otorgado por el Serviu de Antofagasta a Democracia Viva, dirigida en ese entonces por su pareja.
Un informe de la PDI revelado por la Segunda señala que la parlamentaria "habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.
A diferencia de lo que aseguró en entrevista con La Tercera, la diputada por Antofagasta -según antecedentes revelados este jueves- habría sabido de los convenios de la fundación de su expareja, Democracia Viva. Ella lo niega: "No conocía ni los montos ni el tipo de adjudicación que se estaba efectuando".
La parlamentaría habría estado al tanto del convenio de más de $400 millones entregado a Democracia Viva, dirigida en ese entonces por su pareja, Daniel Andrade.
Este lunes, volvió a ser formalizado por una alianza con una fundación y es indagado respecto a convenios con tres entidades además de Democracia Viva.
Se indagan tres convenios por $430 millones de Vivienda con fundación Fibra.
En medio de la ampliación del caso por irregularidades de entregas de millonarios fondos públicos a fundaciones, la parlamentaria acudió este miércoles a la Fiscalía Nacional para entregar al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, su aparato móvil. Pese a que en abril renunció a su derecho a guardar silencio y declaró ante el Ministerio Público, nunca se le solicitó la entrega de sus conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, su defensa decidió -como estrategia- abrir sus conversaciones privadas.
Adicionalmente, la parlamentaria recalcó que ha colaborado con la investigación que lleva la Fiscalía al respecto: "El criterio ha sido de transparencia absoluta y espero que ese criterio prime no solamente para mí, sino que para todos los actores del proceso".
