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En un intento por asegurar los 2/3 en el pleno, tres convencionales indígenas presentaron una indicación sobre propiedad indígena en conjunto con algunos colectivos de izquierda. Sin embargo, esto no cayó bien en otros representantes de los escaños reservados, quienes acusaron que la nueva norma representaba una "traición" a los pueblos. Insultos, presiones y una funa con megáfonos y pancartas fueron las repercusiones que marcaron el trabajo de la comisión de Derechos Fundamentales. Incluso, una convencional de derecha sugirió que dentro de la instancia hubo una amenaza de muerte.

Luego de que la Convención aprobara el inciso segundo del artículo, que explicita que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos sexuales, así como las condiciones para un “embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”, la Conferencia Episcopal de Chile emitió un comunicado señalando que "una Constitución Política con una norma sobre aborto libre no podrá ser sentida y asumida como propia por muchos chilenos, entre ellos muchas personas que profesamos una fe religiosa".

El pleno de la Convención Constitucional votó en particular el informe realizado por la Comisión de Derechos Fundamentales. Como resultado, el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que establece que el Estado deberá garantizar las condiciones para el aborto quedó consagrado en el borrador de la nueva Constitución, así como también el derecho a la educación sexual.

Esto significa que todos los artículos ahora deberán volver a la Comisión de Derechos Fundamentales para que les hagan modificaciones. Los rechazos vinieron tanto desde sectores de izquierda como de derecha, en muchos casos porque argumentaron que se podía mejorar la redacción y, en otros, por temas más de fondo. Además también se rechazó en general la norma sobre libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.

Este jueves la instancia someterá a votación en el pleno de la Convención Constitucional su primer informe de propuestas que podrían ser incluidas en el borrador de la nueva Carta Magna. De los 50 artículos contenidos, desde distintos colectivos estiman que se aprobarían alrededor de la mitad. En gran parte, según argumentan, debido a problemas de redacción y precisión. Además, desde la coordinación de la comisión anuncian medidas para hacer frente a las 400 iniciativas que les quedan por revisar.

El jueves será la votación en general y el viernes se delibera en particular sobre dos bloques que despachó la comisión de Derechos Fundamentales en su primer informe que llega al pleno. Entre otras cosas, se incluye el articulado sobre la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.

Entre las normas aprobadas en particular ayer en Derechos Fundamentales y las que se revisarán mañana en el pleno de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, se marca una diferencia sustantiva con lo que existe en la Constitución vigente respecto de medios de comunicación. De ser aprobadas por 2/3, el Estado tendría un papel más importante en incidir en los contenidos de los medios, tanto públicos como privados. Los constituyentes que además son periodistas -Patricio Fernández, Beatriz Sánchez, Patricia Politzer y Bárbara Rebolledo- dieron su opinión sobre lo aprobado.

La comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó una indicación que añade al artículo sobre libertad de expresión la responsabilidad del Estado de velar y promover la inclusión de los pueblos originarios en los medios de comunicación públicos y privados. Además, en la comisión se acordaron las bases de la libertad de expresión, como el derecho a emitir opinión e información.

Tras las votaciones en general de iniciativas referidas a derechos civiles y políticos, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención destacó por ejemplificar el llamado que se hizo la semana pasada desde la mesa directiva: alcanzar amplios consensos a través de normas aprobadas por mayoría e incluso por unanimidad. Para lograrlo, ha resultado clave la acción de reunirse entre los diferentes colectivos y aprender a renunciar al "enamoramiento de nuestras propias normas", todo con el fin de contar con los mejores textos dentro del informe que será sometido al pleno.

Se aprobó en general por la Comisión de Derechos Fundamentales, que este viernes parte su sesión votando las iniciativas de norma relativas al derecho de propiedad.