El documento explica que el principio de no incluir el tipo de regla operativa para garantizar la sostenibilidad fiscal "reside en que la Constitución ordena los principios rectores de la sociedad, pero no define el tipo de instrumento puntual para lograr dicho objetivo”. Plantea, además, la idea de extender la discusión de la Ley de Presupuestos de dos a tres meses.
El CFA mencionó en su informe que para países con un nivel de deuda bruta en torno a 48% del PIB, un aumento de 1% de la razón deuda sobre PIB eleva la tasa de interés de largo plazo en torno a 5 puntos base. Eso impacta en términos del mayor costo de financiamiento para familias, empresas y el Estado.
El escenario descrito por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas tenía implícito una caída del gasto del orden de 20%, lo que no tuvo buena acogida entre los expertos ni tampoco la trayectoria de reducción de los déficits fiscales. Entre los principales argumentos se menciona la necesidad de mantener recursos para apuntalar el empleo y el ciclo político.
Los mayores ingresos por cobre permitieron al gobierno amortiguar la trayectoria de la deuda pública. Hoy se espera que se estabilice bajo 40% el PIB al 2025, en lugar del 44% previsto en octubre pasado. Expertos creen que es mejor reservar los fondos soberanos y aprovechar los bajos costos crediticios actuales para conseguir financiamiento extra.
La colocación se distribuirá en US$500 millones en la reapertura de su bono 2031 y US$1.500 millones en nueva deuda a 20 años.
El Consejo resaltó la importancia de que el fortalecimiento del marco metodológico e institucional de la política fiscal logre un consenso transversal.
De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, la deuda bruta alcanzó los $65.167.462 millones, equivalente a 32,5% del PIB. En 2019 alcanzó al 27,9% del PIB.
Organismo relevó la importancia del crecimiento de largo plazo y la consolidación fiscal cuando termine la crisis sanitaria.
Se anticipó que el gasto total será de US$ 73.234 millones, lo que significa un incremento de 9,5%. El déficit fiscal efectivo se reduce de 9,6% a 4,3% del PIB, mientras que el déficit estructural sube de 3,5% a 4,7% del PIB, siendo el mayor desde que se creó la regla fiscal. Los ministerios con las mayores alzas serán Obras Públicas y Trabajo.
Los economistas dijeron que si bien es complejo que el gasto se contraiga, es parte de lo que se debe hacer para mantener la sostenibilidad fiscal.
Mientras que para 2021 espera un rebote de 5,5%. El déficit fiscal efectivo proyectado de 9,6% del PIB será el mayor en 48 años. La deuda pública llegará a 39,6% en 2021.
El acuerdo político por el plan económico subraya que el compromiso es mantener el nivel del gasto público en lugar de reducirlo. Lo anterior, implica una trayectoria más expansiva para la política fiscal respecto de la meta vigente para la evolución del déficit estructural.
En cuanto a las proyecciones de mediano plazo, la Dipres reveló que el crecimiento del PIB para 2021 será de 4,3%; de 3,5% en 2022, y de 3,2% en 2023 y 2024. El precio del cobre de largo plazo quedó en US$2,73 la libra.
La recuperación de la tributación de la minería privada permitió que los ingresos del Fisco crecieran 6,9%, compensando la caída de los ingresos no mineros, golpeados particularmente por la baja de 7,2% en la recaudación del IVA. En Hacienda proyectan que la deuda pública se acercará al 40% hacia 2024.
El gasto fiscal tendrá alza de 9,8% el próximo año, el salto más grande desde 2009. Crisis redujo en dos puntos expansión del PIB 2020, a entre 1% y 1,5%.
