La autoridad regional manifestó que Ancalao “había señalado todo un conjunto de cosas que parece que claramente no eran verdad”.
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Al excandidato presidencial se le responsabiliza de fraude al fisco, lavado de activos y estafa en perjuicio del Fisco.
El profesor y presidente de Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena descartó todo nexo con la corporación que está siendo investigada por la Fiscalía de Los Lagos debido a la transferencia de 1.200 millones de pesos para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona.
La organización es investigada tras recibir $ 1.200 millones para ejecutar un programa de saneamiento de la tenencia irregular de terrenos en la región. El Gore puso término anticipado al convenio y la Fiscalía ya allanó sus oficinas, entre otras diligencias. No obstante, desde Kimün señalan no tener plata para hacer la devolución de los recursos, pues parte de ellos habrían sido traspasados a dos establecimientos de educación superior. Esta es la trama.
A raíz de la investigación que enfrenta por la falsificación de firmas en su fallida postulación a La Moneda, la excarta presidencial de la Lista del Pueblo busca acudir al tribunal luego de que presentara el 24 de septiembre un recurso de protección en contra del presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle.
Wladimir Rojas, quien cuenta con un amplio prontuario delictual, señala que fue el exabanderado de la Lista del Pueblo y sus cercanos quienes entregaron las firmas a su contacto.
Entidad a cargo de resguardar las elecciones presentó una denuncia ante el propio fiscal nacional, Jorge Abbott. En su escrito, el director del Servicio Electoral, Raúl García, explicó que el excandidato de la Lista del Pueblo presentó más de 35 mil patrocinios y más de 23 mil firmas fueron validadas ante un notario que falleció. A su parecer, “los hechos indicados podrían importar la comisión de ilícitos previstos tanto en la legislación electoral como en el Código Penal”.
En al menos cinco ocasiones, el otrora abanderado presidencial de la Lista del Pueblo cambió su versión luego de conocerse el rechazo a su candidatura por parte del Servel. Distintos nombres a quien le atribuyó responsabilidad, cuántas notarías estuvieron involucradas y si hubo o no infiltrados fueron algunos de los argumentos que fueron mutando con el paso de las horas.
En su presentación, el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo señaló que tomó los servicios de una sujeto que fue recomendado por un cercano para la recolección de patrocinios. Dice que actuó de “buena fe, por tratarse de una persona emparentada con la pareja de un amigo quien goza de confianza y prestigio social”.
María Zaldívar Grass interpuso una querella por falsificación de instrumento público y usurpación de identidad de Patricio Zaldívar, su progenitor quien falleció este año. En el escrito, la también ministro de fe, apunta a que los hechos "revisten la mayor gravedad imaginable toda vez que mediante engaños se ha pretendido burlarlos filtros mínimos dispuestos por la ley electoral a efectos de postular al más alto cargo de la República".
El pasado jueves el Servel rechazó la inscripción de Ancalao como aspirante a La Moneda y lo llevó a la justicia, acusándolo de la entrega de firmas adulteradas. Los patrocinios figuraban con el visado del notario Patricio Zaldívar Mackenna, fallecido en febrero de este año y cuya notaría dejó de funcionar en 2018.
El primer caso ocurrió en 2012 con una mujer que recibió una herencia, siendo acusado de usar documentos falsos. Dos años después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por fraude al Fisco y el caso involucró a la Contraloría General de La República y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
“Si nosotros hubiésemos sabido que la notaría era de un notario que había fallecido, jamás hubiésemos aceptado ese trabajo y nunca hubiésemos presentado las firmas”, aseguró el ahora excandidato.
