El Ejecutivo ingresó hasta la Cámara de Diputados una serie de indicaciones al proyecto inicial sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Lo anterior, luego de que la iniciativa del gobierno fuera cuestionada por los auditores de las Fuerzas Armadas debido a la amplitud de los términos legales que en muchos casos los involucraban en líos judiciales al hacer frente a labores de orden público. En los cambios introducidos se encuentran diferentes "gestos" como es eximirlos de una causa penal en caso de seguir el protocolo y responsabilizar a los civiles a cargo de uniformados.
